La Administración Biden emitió una alerta de viaje a El Salvador este martes, horas después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicara en su cuenta de Twitter: "El Gobierno de los Estados Unidos encarcela a INOCENTES PROBADOS y, al mismo tiempo, se preocupa de que encarcelemos a CRIMINALES PROBADOS".
El diputado William Soriano, del partido oficialista salvadoreño Nuevas Ideas (NI), se mostró extrañado este martes por una advertencia de viaje que Estados Unidos emitió para sus ciudadanos, para que reconsideren visitar el país centroamericano.
"Lo de la alerta a mí me extraña bastante, porque sabemos que El Salvador se ha convertido en el país más seguro de todo América", dijo a periodistas.
Agregó que "esa alerta me suena un poco extraña, porque vemos los flujos de turistas, cómo siguen incrementando" y que "extranjeros deciden por su propia voluntad venir a conocer El Salvador".
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador alertó en un comunicado sobre la advertencia de viaje al país centroamericano de la captura de "numerosos" estadounidenses y "otros extranjeros" en el contexto del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022.
En la nota, en la que se pide a los ciudadanos norteamericanos reconsiderar viajar a El Salvador "debido al crimen", se indica que el "Estado de Excepción otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier persona de quien se sospeche actividad pandilleril y suspende varios derechos constitucionales, que incluyen las protecciones normales de los procedimientos penales tales como el derecho a un proceso sin demora".
Indica que las condiciones carcelarias "son duras" y que "bajo el Plan de Control Territorial el Gobierno puede también, sin previo aviso, restringir el acceso por medio de puntos de control a áreas en donde se sospeche hay actividad pandilleril".
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace casi un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 65.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.