El Departamento de Justicia en su informe “Human Rights Report 2022″, señaló graves casos de corrupción en el gobierno del socialista argentino Alberto Fernández y alertó contra los ataques al Poder Judicial.
El informe señala que se reportaron “serios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupción gubernamental”, según el mismo “la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva”.
Específicamente el informe hizo énfasis en la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente del país, señalando que: “en septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio, incluida la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner”.
“Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”, se lee en el informe.
Según este “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, lo que indica que, pese a las regulaciones y procesos diseñados para atacar estas prácticas, las autoridades los han ignorado para beneficiar a las élites del poder.
En el mismo también se establece la forma en que la criminalidad se ha ido asentando en la nación sureña: “La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”.