Centenares de manifestantes, en su mayoría seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, irrumpieron este domingo en la sede del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, en una manifestación que pide el derrocamiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El grupo superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa.
Medios locales y agencias internacionales reportaron que los manifestantes, que en su mayoría llevaban camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso.
Los ventanales de la sede del Poder Judicial y del Congreso Nacional fueron rotos por los manifestantes, que ya ocupan los edificios de los tres poderes en el país. También destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes.
Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo.
Desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, centenares de seguidores de Bolsonaro se mantienen acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia.
Los campamentos de los seguidores del expresidente conservador, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios.
El sábado, el ministro de Justicia, Flávio Dino, autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales.
Antes de la toma del Congreso, Dino se pronunció en las redes sociales y dijo que los opositores deberán esperar hasta 2026, cuando se realicen las próximas elecciones presidenciales, así como el actual Gobierno esperó entre 2018 y 2022.
En un comunicado, Dino manifestó que el Ministerio de Justicia convocó a una reunión de emergencia con los organismos de seguridad para enfrentar las manifestaciones.