El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que monitorea la situación de los cerca de 1.500 detenidos, luego de que se reportara que sus derechos han sido violados.
Las personas están confinadas provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, luego de que la gran mayoría fuese capturada por estar en un campamento en apoyo al exmandatario Jair Bolsonaro. Unas 300 personas habrían sido capturadas en los destrozos e invasión a los edificios gubernamentales del domingo, sin embargo, al menos 1.200 personas habrían sido capturadas al día siguiente, sin que pueda establecerse una conexión con los destrozos.
Numerosos detenidos comenzaron a ser transferidos este martes a la prisión de Papuda, a las afueras de Brasilia.
El senador Lasier Martins denunció que entre los confinados en el gimnasio hay menores de edad y ancianos y que las condiciones de los arrestados son inhumanas.
"Están siendo sometidos a una situación extrema por falta de agua, falta de baño y pasando hambre, que nos hace pensar que fue creado un campo de concentración", afirmó el senador.
La cartera de Derechos Humanos informó en la nota que está en contacto con el Ministerio de Justicia "para monitorear la situación de las personas detenidas tras los desórdenes ocurridos en Brasilia".
Según el comunicado, las dos carteras actuarán en conjunto "para que la legalidad siempre sea observada".
El anuncio se produjo luego de que los propios detenidos aprovecharan su acceso a las redes sociales para denunciar violaciones a sus derechos, incluyendo maltratos y condiciones inhumanas de detención.