Un acto democrático como es la movilización de los ciudadanos para expresar sus preferencias políticas se convirtió en combustible para incendiar aún más de la polarización existente en el país. ¿Por qué? La respuesta pasa por la cita electoral en apenas un mes para decidir quiénes serán las nuevas autoridades locales. Los opositores al presidente Gustavo Petro consideran que quieren posicionar a los candidatos del Pacto Histórico.
En la Casa de Nariño tienen una tesis distinta. Las movilizaciones de este 27 de septiembre, en las principales ciudades, son para respaldar su gestión y las reformas que se están tramitando en el Congreso de la República.
De hecho, el lema de las marchas, “Nos movemos por la vida”, va en línea con el ideario del presidente Petro quien insiste en que sus propuestas atascadas en el Legislativo son necesarias “por la paz, por la vida, por la justicia social”.
La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, una del medio centenar de organizaciones convocantes, va más allá y sentencia: “Dados los grandes avances en materia social y lo que desde las calles y con el pueblo reclamamos para la materialización de las reformas, los enemigos del cambio no han cesado en su empeño de derrocar al presidente, acudiendo a un posible golpe blando, pero si descartar por los sectores militares un golpe duro”.
Las movilizaciones de este miércoles están además atadas a dos hechos relevantes y que marcarán la agenda informativa esta semana. Se prevé el arribo de unos 15 mil nativos, miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) que, además de participar en esta jornada, realizarán su Congreso Nacional Indígena este jueves y viernes.
En ambos días, se realizará, además, lo que en lenguaje coloquial llaman ‘la toma de Bogotá’. Formalmente estas jornadas fueron bautizadas como ‘Gobierno con el pueblo’ y se justifican, dicen en Palacio, para que “la gente le exprese en directo sus necesidades” al jefe del Estado.
El analista político Gabriel Cifuentes considera que, si bien el llamado a las movilizaciones sociales ha sido una constante durante la administración Petro, las marchas convocadas en la capital esta semana y la idea de “tomarse” tres localidades tiene una connotación particular:
“Como antesala hay que señalar que, si bien en estricto sentido legal son legítimas, fácilmente pueden cambiar su naturaleza y materializar una actividad ilegal bajo el marco de la ley electoral. En otras palabras, dichas manifestaciones están en el límite entre lo legal y una participación en política sancionable legalmente”, dice este experto.
Para quien, además, las particularidades de las marchas convocadas tienen que ver, “con la proximidad de las elecciones”.
En la Casa de Nariño niegan esta coyuntura y consideran que, por ejemplo, en la capital los ciudadanos necesitan información de primera mano del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del Gobierno para su cuatrienio.
“Este es un asunto que fue ampliamente abordado hace ya varios meses y sobre el cual no hay ninguna urgencia”, dice el analista Cifuentes.
Pedro Viveros, también analista político, dice que “toda democracia debe respetar la protesta” pero anota que “lo paradigmático de las convocatorias de este miércoles 27 de septiembre y los eventos en localidades de Bogotá del jueves 28 y viernes 29 para socializar el Plan Nacional de Desarrollo, es lo inoportuno de las fechas y de los convocados”.
Para Viveros, “un gobierno que llegó con la minga tomándose el país, ahora la misma minga llega para apoyar al gobierno o que eligió, entonces ese “cambio” de rol de un mismo actor social se vuelve, cuando menos, contradictorio”.
Y este experto también pone el énfasis en el hecho de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. “A veces pareciera que el gobierno tiene únicamente como salvación electoral de las regionales, pelear la capital del país con el candidato autodefinido como oficialista”, dice.
Por su parte, Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado y analista político, dice que “las jornadas de protesta y los movimientos sociales son controversiales por naturaleza. La acción colectiva busca precisamente ser inoportuna. Polémica. Y siempre son legales y legítimas, sin excepciones”.
Para Libreros, las marchas sociales son una forma efectiva de llamar la atención de los ciudadanos y de las instituciones públicas para que las autoridades comprendan sus reclamos y respondan con soluciones de política pública.
“Si las marchas tienen objetivos electorales no les resta legitimidad, y si benefician al candidato Gustavo Bolívar, es porque logró entenderlos y les prometió una respuesta viable a sus reclamos. En un escenario electoral los reclamos sociales organizados son necesarios para fortalecer la democracia constitucional”, dice él.
Sobre la mesa, también está la financiación de estas jornadas. “Una cosa son las movilizaciones espontáneas, otra muy distinta son las que puedan ser patrocinadas por el gobierno nacional”, dice Cifuentes.
No es un asunto marginal. De acuerdo con los contratos del SECOP, se dispuso de un monto de 263’109.000 de pesos para las movilizaciones. Este hace parte de un convenio más grande, el 230 de 2023 entre el Dapre y Plaza Mayor Medellín, que se ha encargado de la organización de la mayoría de eventos de la Presidencia.
Pero, ¿era necesario que el presidente Petro pusiera en su agenda estas movilizaciones?
El Pacto, es decir el movimiento político del presidente, no es un secreto enfrenta un escenario político regional muy complicado. Una derrota casi que cantada en las principales ciudades y departamentos.
Esta situación podría poner en una fuerte crisis de gobernabilidad a Petro, revertir los apoyos que tiene en el congreso y enterrar cualquier posibilidad para las elecciones de 2026.
«Perder en Bogotá podría hacer aún más evidente esa derrota política. La ciudad donde fue alcalde, donde sacó la mayor votación en las presidenciales y donde se concentra la mayor parte del progresismo. En ese sentido, así Bolívar no participe de las marchas, el acto de esta semana busca, tácitamente por lo menos, avivar las bases en la capital, evitar que Bolívar caiga antes de primera vuelta y mantener a Bogotá”, dice Cifuentes.
Para los analistas el resultado de lo que se viva en estas horas en las calles solo podrá ser medido el 29 de octubre cuando se conozcan los resultados electorales.
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