El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, se convirtió este viernes en el segundo mandatario regional que, apenas a días de las elecciones regionales, renuncia a su cargo para dedicarse a hacer campaña política.
(Puede ver: Elecciones 2023: los huecos por tapar en las normas contra intervención en política)
Tal y como lo había hecho Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, dejó definitivamente su despacho público en manos de uno de sus subalternos para saltarse la inhabilidad que tienen los alcaldes y gobernadores (y en general, todos los funcionarios públicos) para salir a la calle y hacer abierto proselitismo en favor de sus candidatos.
Los escenarios de Daniel Quintero y Carlos Caicedo son muy similares. Primero, ambos tomaron un camino que aunque legal resulta polémico y pone en evidencia un vacío en las normas que buscan evitar la indebida participación de los funcionarios públicos en política.
La maniobra les permite presentarse abiertamente en todos los escenarios como escuderos de campañas de sus allegados o antiguas fichas. Además, ambos acaban de recibir la personería jurídica de sus movimientos: Independientes (Quintero) y Fuerza Ciudadana (Caicedo). Los dos tienen procesos activos en la Procuraduría y la Fiscalía. Y en ambas situaciones, el capital político estaba endosado a su figura y no tanto en el movimiento del que son líderes.
(Además: CNE deja en firme revocatoria de candidatura de Patricia Caicedo a alcadía Santa Marta)
Además, desde ya pretenden meterse en la fila para ser los posibles sucesores de Gustavo Petro en 2026, si bien la continuidad de sus proyectos políticos está en duda.
En el caso de Caicedo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acababa de tumbar la candidatura a la alcaldía de Santa Marta de Patricia Caicedo, su hermana, porque precisamente ese vínculo familiar entre el gobernador en ejercicio y la aspirante a alcaldesa de la capital configuraba una inhabilidad que fue advertida desde la inscripción de la candidatura.
Con 12 años de hegemonía en la ciudad, Fuerza Ciudadana tuvo que acudir a una tutela para registrar entonces como candidato a Carlos Alberto Villalba del Villar, una figura sin el reconocimiento de los Caicedo. Así la mano, el gobernador decidió andar la senda marcada por Quintero en Medellín y salir a reforzar la aspiración de Villalba. Y de paso, darle una mano a la candidatura de Rafael Martínez, que aspira a la gobernación.
Esa aspiración también está demandada ante el CNE por una posible doble militancia. De prosperar el argumento, el hasta ayer gobernador estaría ante un escenario complejo, no solo en la política local, sino para sus aspiraciones de saltar a los escenarios nacionales de la política.
Ese es el escenario en el que Caicedo anuncia su decisión. Y como ocurrió con Daniel Quintero, la determinación dejó un mal sabor en varios sectores, que asumen lo hecho como un abandono del cargo para el que fue elegido por el simple afán electoral.
“Esto deja un mal precedente. Creo que la renuncia a un cargo de elección popular, y eso vale para otros políticos que hoy aspiran a un nuevo cargo público, no está bien. Deberíamos defender la idea de que la renuncia, a menos de que sea por algo extraordinario, no se debía aceptar, por lo menos políticamente”, afirma el analista y profesor Jorge Iván Cuervo.
Aunque hoy hay prohibiciones para que los gobernantes hagan campaña política por alguien, el escenario de la renuncia cuando el periodo está casi extinguido y al mismo tiempo no ha habido elecciones no está previsto en la ley. Así ocurrió con Rodolfo Hernández en 2019, después con Daniel Quintero en estas elecciones y ahora con Caicedo.
Por eso, empieza el debate sobre si se deben establecer nuevas restricciones de participación política a una persona que recién abandona su cargo o si, por el contrario, se debe abrir la puerta a la participación en política de funcionarios electos, sin que esto implique el uso de recursos públicos para favorecer campañas. “Yo creo que hacia futuro la norma debería evolucionar para que puedan participar en campaña (los funcionarios), pero vigilando muy bien los recursos”, dijo recientemente el profesor Juan Federico Pino, de Flacso Ecuador, a raíz del caso de Daniel Quintero.
Decisiones tardías
Otro punto sobre el que hay alerta es el alto número de decisiones del Consejo Nacional Electoral cuando faltan pocos días para las votaciones. Esta semana, el tribunal dejó en firme la revocatoria de Patricia Caicedo e hizo pública la decisión en primera instancia sobre la revocatoria de la candidatura de Mauricio Jaramillo, hermano del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a la gobernación del Tolima.
Este caso y el de otras revocatorias que ordene el CNE tienen la particularidad de que se dan después de la fecha límite de modificación de candidaturas, 29 de septiembre, lo que limita legalmente la posibilidad de que las campañas postulen un reemplazo. En el CNE advierten que se trata de demandas entabladas casi al final del periodo posible para hacerlo, con el fin de crear escenarios en los que simplemente los movimientos afectados se quedan sin margen de maniobra.
