La fiscalía colombiana informó el jueves la captura de 31 personas que presuntamente integraban una red de tráfico de migrantes encargada de tramitar y suministrar documentos falsos a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela, quienes con supuestas identidades colombianas emprendían su viaje a México o Guatemala para luego cruzar por tierra hacia Estados Unidos.
Entre los detenidos hay presuntos cabecillas, captadores de posibles clientes y servidores públicos de la Registraduría, la entidad estatal encargada de la identificación de los colombianos, y la cancillería, donde se expiden los pasaportes.
La red habría tramitado al menos 344 cédulas falsas a migrantes y 304 pasaportes que fueron cancelados tras la investigación. Obtener los documentos falsos habría costado a cada migrante entre 2.000 y 4.500 dólares, indicó el coronel Edwin Masleider Urrego, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, en un comunicado.
De acuerdo con la fiscalía, tres empleados y seis exempleados de la Registraduría habrían ubicado registros civiles de personas que no habían expedido sus cédulas para suplantarlas, mientras que tres funcionarios y cinco extrabajadores de la cancillería habrían formalizado los pasaportes falsos.
La investigación inició en 2021 y culminó con la captura de los presuntos miembros en Bogotá y los departamentos de Atlántico, Córdoba, Cesar, Sucre y La Guajira, al norte del país, y de Amazonas y Caquetá, al sur.
La fiscalía identificó al menos dos rutas irregulares que utilizaban los migrantes que obtenían los documentos falsos. Algunos viajaban a México o Guatemala para luego llegar por vía terrestre a Estados Unidos y otros iban a países de Europa para quedarse definitivamente o buscar una nueva manera de ingresar a Estados Unidos.
Un dominicano y una colombiana serían los cabecillas de la red. El hombre es buscado con notificación azul de Interpol en 196 países y la mujer fue capturada en la operación y señalada de dirigir a sus colaboradores, entre ellos a seis de sus familiares.
La fiscalía imputará a los capturados, de acuerdo con su rol, los delitos de tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, por lo que se exponen a penas de entre 9 y 15 años de cárcel.
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