El pasado 23 de septiembre, una delegación de la Comisión de Paz del Congreso, encabezada por los senadores Iván Cepeda y Omar Restrepo, llegó al municipio de Cáceres, nordeste antioqueño, para realizar una audiencia pública tras las denuncias de los habitantes sobre asesinatos y amenazas por parte de grupos armados en los últimos meses.
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La historia de Cáceres ha estado ligada a la explotación minera.
Cortesía Nelson Cárdenas
El episodio que puso los ojos del país -al menos por unas horas- sobre esta región, ocurrió entre el 23 y el 24 de agosto en la vereda San Pablo. Allí, según la denuncia de la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, hombres armados, encapuchados e identificados con insignias de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -o ‘clan del Golfo’-, asesinaron a seis personas, entre ellas al líder social Miguel Echavarría, presidente de la Asociación de Barequeros del municipio.
Hay que decir que en esta zona la Fuerza Pública solo hace presencia con una estación de Policía, ubicada en el casco urbano. Luego de este hecho, que obligó a la población del municipio a cerrar sus comercios y a confinarse, el Ejército Nacional llegó al municipio -dos días después, según la Secretaría de Gobierno del municipio- para verificar la situación y patrullar la zona.
Pese a esto, los cacereños denuncian que la situación en el municipio no ha mejorado. De hecho, la ONG denunció que, días antes de que la Comisión de Paz arribará al municipio, varias personas de las veredas San José del Pescado y Cañaveral fueron amenazadas y obligadas a salir de sus hogares tras una incursión armada del ‘clan del Golfo’.
“En esa incursión fueron retenidas algunas personas, luego fueron amarradas y liberadas, pero primero fueron agredidas físicamente. Eso generó zozobra en la comunidad y las personas cerraron sus negocios”, señaló Geraldine Isaza, integrante de la corporación.
Este y otros testimonios fueron relatados por los habitantes del municipio, quienes denunciaron que detrás de estas acciones armadas hay intereses de estos grupos por imponerse en el territorio y controlar las ganancias derivadas de la minería.
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Y es que la historia de Cáceres ha estado ligada a la explotación minera desde hace décadas. En el municipio, ubicado a orillas del río Cauca, casi que la única forma de subsistencia está ligada a la extracción a pequeña escala de oro.
“Lo hacemos porque no tenemos más nada que hacer. También sembramos, pero necesitamos apoyo. Hace unos días estuvimos en Medellín, en una entrega de tierras y sí, muy bonito, pero de qué nos sirve que nos entreguen tierra si no tenemos la libertad para estar en los territorios”, señaló Luz Elena Ruiz, coordinadora de la Asociación Agrominera del Bajo Cauca, quien, además, pidió más presencia del Estado en la zona y claridad en los procesos de paz que se adelantan con los grupos armados.
Justamente, el llamado de la población estuvo enfocado en pedir mayores oportunidades para los jóvenes, protección para los firmantes, el respeto por la minería ancestral y el apoyo para que se puedan desarrollar proyectos productivos en la región a través de los PDET.
El senador Iván Cepeda señaló que pedirá a las autoridades que investiguen la masacre que ocurrió el 23 de agosto.
Cortesía Nelson Cárdenas
“No basta con que solo hagan presencia con el Ejército Nacional, eso no es garantía si el Eln o el ‘clan del Golfo’ siguen matando gente en el territorio”, dijo uno de los asistentes a la audiencia durante su intervención.
El llamado también lo hicieron ganaderos de la zona, quienes denuncian extorsiones por parte de grupos armados.
“Acá nos ha tocado una guerra permanente y en el peor de los casos hasta tres agrupaciones disputándose el territorio. Hay intereses por las rutas del narcotráfico, por la minería, y no me refiero solo a la ilegal, sino a la legal, influenciada por la obligación que ponen para que la gente pueda trabajar”, agregó Hugo Ibarra.
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Una vez finalizado el encuentro, el senador Iván Cepeda señaló que pedirá a las autoridades que investiguen la masacre que ocurrió el 23 de agosto y anunció otras acciones.
“Como se sabe, este es uno de los territorios en los cuales se proyecta acción humanitaria desde la mesa de diálogo que hay con el Ejército de Liberación Nacional, pero también está inscrita en otros proyectos del Gobierno, porque aquí una situación grave por enfrentamientos entre las disidencias, el ‘clan del Golfo’ y el Eln”, dijo el también negociador de paz.
En el municipio, ubicado a orillas del río Cauca, casi que la única forma de subsistencia está ligada a la extracción a pequeña escala de oro.
Cortesía Nelson Cárdenas
Asimismo, dijo que el llamado es que haya un cese del fuego también entre estos grupos que permita aliviar la situación humanitaria no solo en el Bajo Cauca, sino en todo el país.
“Este ya no es solamente un problema de la acción de la Fuerza Pública, aquí necesitamos construir unas reformas sociales que hagan el territorio viable, porque hoy lo que impera aquí son los aparatos que viven de las economías ilegales”, concluyó.
En la audiencia también hubo representantes del Ministerio de Defensa, en cabeza de Vladimir Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana del viceministerio para las Políticas de Defensa; la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior, el gobierno municipal, la Mapp-OEA, enviados especiales del senador Robert Daza y la Defensoría del Pueblo, quien desde el 2020 ha lanzado varias alertas tempranas por la situación de violencia en la región.
CAMILO A. CASTILLO
@camiloandres894
ENVIADO ESPECIAL A CÁCERES, ANTIOQUIA
REDACCIÓN POLÍTICA
