La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, anunció este jueves que celebrará audiencias públicas los próximos 30 de abril y 1 de mayo para revisar la denuncia interpuesta por México contra Ecuador tras el allanamiento de su embajada en Quito a principios de este mes.
El gobierno mexicano denunció al país andino por la violenta irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en su sede diplomática el 5 de abril y los ataques físicos a sus funcionarios durante el arresto del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien tiene dos condenas y una investigación abierta por corrupción y había recibido asilo de México un día antes de su detención.
México consideró ese acto una “flagrante transgresión a la inviolabilidad” de su embajada y al derecho internacional y presentó también una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para denunciar el incidente. La comunidad internacional se unió a la condena de lo sucedido.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que se expulse temporalmente a Ecuador de la ONU en tanto no haya una disculpa y un reconocimiento a la vulneración de la soberanía mexicana y que se defina un procedimiento a futuro en el sistema de Naciones Unidas por si una situación similar vuelve a repetirse.
La tensión entre ambos países comenzó dos días antes la irrupción en la sede diplomática con unas declaraciones de López Obrador sobre las últimas elecciones de Ecuador, celebradas en octubre y en las que ganó Daniel Noboa.
Al día siguiente México otorgó asilo a Glas. Tras los sucesos de la embajada, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador.
México recibió esta semana el apoyo casi unánime de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Venezuela y Honduras anunciaron, además, el cierre de sus embajadas en Ecuador.
El gobierno ecuatoriano ha defendido su actuación argumentando que no iba a permitir que hubiera “impunidad” y que Glas estaba refugiado en la embajada mexicana pese a tener en su contra procesos penales por delitos comunes.
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