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¿Dará tiempo de invitar a los observadores de ONU y Europa para la presidencial en Venezuela?

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La convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela para menos de cinco meses dificulta la invitación a misiones de observación de organismos internacionales probas, advierten especialistas en asuntos electorales y políticos del país sudamericano.

El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de partidos opositores acordaron en octubre pasado en Barbados una “solicitud de invitación” a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas las de Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, el Centro Carter más otros veedores de África e Iberoamérica.

Esa observación debe avanzar “con estricto apego a la Constitución, la ley y los acuerdos” del Consejo Nacional Electoral venezolano, sin perjuicio de invitaciones que cada actor político haga por iniciativa propia, precisa el documento firmado por las partes.

El tiempo que toma alistar esas misiones de observadores extranjeros pudiera jugar en contra de esas invitaciones de cara a la presidencial del 28 de julio, fecha anunciada esta semana por el Consejo Nacional Electoral, opinan expertos consultados.

La observación internacional “no es cosa de un día” y operan “a largo plazo”, explica sobre ese tipo de misiones la Unión Europea en su página web. Requieren inicialmente de una invitación del país anfitrión y de la aprobación del bloque de naciones.

Su metodología debe ser “sólida y completa” para poder tener credibilidad, propone. Las misiones de observación electoral de Europa suelen desplegarse entre 8 y 6 semanas antes de la elección.

“Sólo los hechos que sean presenciados o verificados por los observadores se utilizarán como base” para su informe, detalla.

Apenas a horas de convocada la elección por parte del CNE, aún no se ha comunicado cuándo se formalizarán esas invitaciones a observaciones extranjeras, ni si incluirán finalmente a todos los organismos mencionados en Barbados.

Cronograma en marcha

El cronograma inició inmediatamente luego del anuncio del CNE y avanzará en las próximas dos semanas en temas clave, como la inscripción de candidatos y la actualización de datos e inscripción de nuevos votantes en el registro electoral del país.

Una de las polémicas fundamentales de la votación es que María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora, está inhabilitada por el oficialismo para ser candidata.

“Es muy poco probable la asistencia de observación electoral internacional calificada, por no decir que prácticamente imposible”, opina el politólogo experto en elecciones Jesús Castellanos, en conversación con la VOA.

Los tiempos previos y protocolares de decisión sobre la activación de misiones de observación electoral en organismos como la Unión Europea y Naciones Unidas “prácticamente imposibilitan” sus asistencias a la presidencial, advierte.

Las expulsiones de delegados de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones en Caracas, en febrero, y de los observadores de la Unión Europea por sus apuntes sobre las votaciones regionales, en diciembre de 2021, “hacen difícil” pensar en que se invitará a delegados de ambos organismos, anticipa Castellanos.

En noviembre de 2021, luego de las elecciones para gobernaciones y alcaldías en Venezuela, los delegados de la Unión Europea concluyeron que «mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores, aunque advirtieron en su informe que «persisten deficiencias estructurales».

Apuntaron que continuaban decisiones judiciales que afectaron la igualdad de condiciones, «la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición», «el extendido uso de recursos del Estado en la campaña» y «un acceso desigual a los medios de comunicación».

El presidente Nicolás Maduro los llamó «espías». Su cancillería se negó a renovar las visas de los miembros de la misión europea, que debieron marcharse antes de lo previsto de Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y vocero del chavismo en las negociaciones, afirmó en noviembre pasado, luego de firmar el acuerdo de Barbados, que no vendría una misión observador de la UE “mientras haya alguna sanción” del bloque contra algún venezolano.

Ese mes, la Unión Europea mantuvo las sanciones contra Venezuela, pero las redujo de 12 a 6 meses por la firma del acuerdo de Barbados.

Las medidas incluyen un embargo de armas y equipos para reprimir, además de la prohibición de viaje y la congelación de activos a 54 funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a derechos humanos, “socavar la democracia y el Estado de derecho” en el país.

Un difícil desafío

Integrantes del Centro Carter se reunieron en Caracas con directivos del CNE en noviembre del año pasado, pero aún no se sabe detalles sobre su eventual envío de una misión observadora para la inminente elección en Venezuela, resalta.

En un cronograma de fases expeditas para la votación de julio, con tan sólo tres semanas de campaña oficial, la observación es “una de las grandes incógnitas”, reconoce el especialista en relaciones internacionales, Luis Peche Arteaga, en entrevista con la VOA.

“Es uno de los asuntos elementales para que la presidencial sea medianamente competitiva. Las misiones de observación internacional tienen que poder documentar todo. Es un gran desafío. Parece difícil”, comenta.

Algunos dirigentes del antichavismo, como Juan Pablo Guanipa, directivo del Parlamento electo en 2015, de mayoría opositora, consideraron que el cronograma electoral afecta varias tareas acordadas en Barbados.

En cinco meses no podemos depurar el registro electoral (RE) completamente, inscribir a los tres millones de personas en edad de votar que no están en el RE, asegurar el voto de los venezolanos afuera o conformar una misión de observación internacional”, advirtió.

Según el politólogo Jesús Castillo Molleda, el gobierno venezolano decidió “acelerar” la elección presidencial “aprovechando que su adversario se encuentra en conflicto” por la inhabilitación de Machado como candidata.

“Las garantías electorales son pocas y son dominadas por la decisión de los representantes del gobierno con el poder electoral”, diagnostica, considerando que la observación internacional sí “es posible”, faltando aún 140 días para el día de la votación.

“No está pasando nada distinto a lo que ya se sabía” entre los actores políticos y miembros de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea o la ONU, acota a la VOA.

La elección presidencial de 2018, desconocida como legítima por la oposición y parte de la comunidad internacional, contó con observadores ideológicamente cercanos al gobierno de Maduro, como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Rafael Correa. La ONU descartó enviar una misión.

Castellanos, por su parte, apunta que el llamado Acuerdo de Caracas, entregado por el oficialismo al CNE tras consultas con partidos distintos a la Plataforma Unitaria, habla de “acompañamiento electoral”, ya no de observación, es decir, una figura más laxa en cuanto a desempeño en el campo y alcance de sus conclusiones.

“Además de un retroceso y desconocimiento de la propia normativa electoral, es una señal de cómo podría plantearse la observación electoral para esta elección”, advierte.

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