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¿De qué hablan cuando hablan de amnistía? La huella que queda por borrar del 1-O

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Barcelona / Madrid


30/09/2023 a las 22:58

CEST


Hasta dónde puede llegar la amnistía o quién puede beneficiarse de ella son solo dos de las incógnitas que podrían despejarse este mes de octubre

Superada la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, llega el momento de la verdad para las negociaciones de Pedro Sánchez con ERC y Junts, y en concreto, para la amnistía a los encausados por el ‘procés’ de la que tan poco se sabe hasta el momento. Seis años después del otoño caliente de 2017, los hechos del 1-O y la DUI podrían borrar en los próximos meses las huellas judiciales que todavía colean en diferentes tribunales. Del desenlace de esta intrincada negociación depende el futuro judicial, pero también político, de los protagonistas de aquellos meses, tanto los ex-presos y los huidos de la justicia española como los todavía procesados en la actualidad.

Hasta dónde puede llegar la amnistía o quién puede beneficiarse de ella son solo dos de las incógnitas que podrían despejarse este mes de octubre, y de ello depende también, en buena medida, la gobernabilidad de España en la legislatura que acaba de empezar. A continuación repasamos algunas claves para entender mejor de qué hablan cuando hablan de amnistía.

¿De qué fueron condenados?

En octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los 12 líderes independentistas juzgados durante cuatro meses por su participación en el ‘procés’. De un procesamiento inicial por los delitos de rebelión y sedición, el Supremo se inclinó por el segundo delito y le añadió el de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. A todas las condenas de cárcel se les sumó idéntico periodo de inhabilitación.

¿De qué fueron indultados?

Todos los presos del ‘procés’ salieron definitivamente de prisión en junio de 2021, después de que el Gobierno aprobase su indulto parcial. Se les conmutaron las penas íntegras de cárcel, pero se les mantuvo la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que duraba la condena a prisión. 

¿Se les rebajó la inhabilitación?

Para aliviar la inhabilitación, el Gobierno pactó con ERC una reforma penal que supuso la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación cuando este no incluya ánimo de lucro. En el caso de los indultados, la sedición fue sustituida por la desobediencia (que no comporta cárcel), pero, salvo Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los que se declaró extinguida la pena de inhabilitación, porque se les conmutó ese delito por uno de deórdenes públicos agravados, el resto seguirá suspendido hasta 2028, 2029 o incluso 2030, como es el caso de Oriol Junqueras. El Supremo consideró que la malversación cometida seguía teniendo ánimo de lucro y, por tanto, fue la más grave prevista en el Código Penal. De ahí que sus penas de inhabilitación no se vieran reducidas.

¿De qué podrían ser amnistiados?

A diferencia del indulto, que perdona toda o una parte de la condena, la amnistía supone perdonar la comisión del delito y, por tanto, borrarlo de los antecedentes penales. Ahora mismo, para los que estuvieron presos, supondría levantar la inhabilitación que aún cumplen, por lo que, por ejemplo, podrían presentarse de nuevo a unas elecciones. El efecto inmediato de una ley de amnistía sería el archivo de todas las causas abiertas en España que se encuentren incluidas en los supuestos amnistiados. Una previsible cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE no paralizaría el archivo mientras se resuelven.

¿Puede haber una amnistía parcial?

Acotar el alcance y los límites de la amnistía es la piedra de bóveda de la negociación. Por ejemplo, la propuesta que ERC y Junts llevaron al Congreso en 2021 pedía amnistiar todo lo sucedido «desde el 1 de enero de 2013«, lo que incluía todas las actuaciones relacionadas con el 9-N, el 1-O y la DUI, así como los disturbios en la calle. Se da por hecho que el periodo será el mismo y que se beneficiarán todos los políticos procesados o condenados (sin Laura Borràs, cuya causa fue por corrupción), pero en torno a los policías, los manifestantes y los investigados por la ‘operación Cataluña’ hay importantes diferencias.

¿Qué otros políticos pueden beneficiarse?

En caso de ser amnistiados, Carles Puigdemont, los ‘exconsellers’ Toni Comín y Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, podrían regresar a España sin riesgo de ser detenidos. Las que han regularizado su situación, como la ‘consellera’ Meritxell Serret, condenada a un año de cárcel, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, pendiente de juicio por desobediencia, y Clara Ponsatí, también verían anulados sus procedimientos. Lo mismo ocurriría con varias causas por la organización del 1-O que aún podrían comportar penas de prisión, como los juicios pendientes a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y el proceso contra 28 exaltos cargos de la Generalitat y empresarios.

La ‘consellera’ Natàlia Garriga también está procesada, pero solo por desobediencia al TC. Además, Puigdemont y otros 34 encausados tienen un juicio en el Tribunal de Cuentas el 17 de noviembre en el que se enfrentan al pago de 3,4 millones de euros por el 1-O y la acción exterior del Govern. Una amnistía podría condonar esta deuda y los condenados por el 9-N en su día podrían recuperar los bienes que aportaron para cubrir esta cantidad.

¿Qué puede pasar con los policías y los manifestantes?

Donde se acumula el mayor número de imputados es en las causas por los altercados tras la sentencia del 1-O, entre las que destaca la que se dirige contra una presunta célula de los CDR a la que se imputa terrorismo y la posibilidad de preparar sustancias explosivas, y la del Tsunami Democràtic, en cuya cúpula la Guardia Civil sitúa a Marta Rovira, aunque al menos de momento no está imputada formalmente. Además de los independentistas, hay casi medio centenar de agentes imputados por su actuación el 1-O para intentar impedir la votación. La ley de amnistía podría suponer también el fin de estos procedimientos en función de los términos en que sea redactada finalmente.

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