Una decisión del Ministerio del Trabajo y una nueva investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) volvió a poner en jaque a los dirigentes del fútbol colombiano, que vivieron una semana con muchas reuniones para tratar de enfrentar un panorama complicado.
Los cuestionamientos crecen. Y sobre todo con la SIC, con la que ya tuvieron una sanción y luego sufrieron un nuevo revés. Ya la Federación Colombiana de Fútbol debió pagar una multa de 16 mil millones de pesos por culpa de la reventa de entradas en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.
Ahora, en menos de una semana, la Dimayor tuvo que citar a dos asambleas extraordinarias: una para analizar el panorama de la negociación del pliego de cargos que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó desde septiembre de 2019 y no había tenido ningún avance, y ahora, la apertura de una nueva investigación de la SIC, que analiza si se está impidiendo la libre competencia en el caso de la Liga femenina.
El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, es el único que ha salido a hablar de lo sucedido. Aunque anunció que van a colaborar en todos los casos, de cierta manera, se desahogó en una rueda de prensa que dio el viernes.
“Hay entidades en el Gobierno, no todas, que no son conscientes de lo que están haciendo y el impacto que tendrían en el fútbol colombiano”, se sinceró Jaramillo. “Ahí tengo que decirlo, hay una incoherencia dentro del Gobierno nacional, sin embargo, seguiremos trabajando con los jugadores, hinchas y todos los involucrados dentro del ecosistema del fútbol”, agregó.
¿A qué se enfrentan la Federación y la Dimayor?
Alexis Faruth Perea, abogado especializado en Derecho de Competencia, explicó a EL TIEMPO las consecuencias que podría traer para la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y los 29 clubes que son investigados por la SIC, si el tema no es favorable a ellos: se enfrentan a una multa de hasta 116 mil millones de pesos.
Sin embargo, Perea asegura que este caso de la Liga Femenina podría tener algunas atenuantes. Cabe recordar que la SIC investiga varios puntos específicos: la posible existencia de una tabla de contratos en cuanto a duración y salarios, la inclusión de los derechos de imagen de las jugadoras sin una remuneración adicional y por un periodo superior al vínculo laboral, la retransmisión de los partidos del torneo en el contrato con Win Sports y el hecho de que, pese a que la FCF y la Dimayor alegan falta de recursos, no habrían recibido dineros del Gobierno para no tener que rendir cuentas ante los organismos de control por manejo de dineros públicos.
Perea considera que las circunstancias de la Liga femenina son particulares y pone un símil sobre ese tema: “En Lima se fabrican zapatos de cartón. Allá no suele llover. Una persona compró unos zapatos y el día que se los puso, como cosa rara en Lima, lloviznó. Los zapatos se desintegraron. Esta persona presentó una queja con la intención de que prohibieran en el Perú el uso de los zapatos de cartón. La investigación se cerró, basada en el hecho de que para los pobres, la única alternativa era andar descalzos. No se podía implementar la ley de la misma forma: por proteger a un consumidor se desprotege a la mayoría”.
En el caso de la Liga Femenina, es un mercado que apenas está en construcción. “Está bien que se abran estas investigaciones. Pero si luego la terminan archivando, no es una derrota ni una pérdida de tiempo, sino poner unas bases y ver que el mercado tiene que evolucionar. El fútbol femenino aún no es autosostenible. Si usted me dice que esas cosas están pasando en el fútbol masculino, lo diría clarito, son culpables”, señaló Perea.
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La SIC tiene abierta otra investigación por una “cartelización” de los clubes para no contratar jugadores que hayan reclamado por sus derechos laborales. La FCF y la Dimayor ofrecieron unas garantías para dar por terminada la investigación anticipadamente. Aunque se aceptaron inicialmente, luego fueron desestimadas, por lo que el proceso sigue adelante y podría haber una nueva multa, que en el caso de la Federación sería alta por ser reincidente.
Camino a la negociación
Ya la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor tenían otra daga encima. En septiembre de 2019, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó un pliego de peticiones para negociar condicionales laborales. La FCF y la Dimayor lo han evadido desde entonces.
El pasado 4 de septiembre, el Ministerio del Trabajo decidió comenzar un procedimiento administrativo sancionatorio a las dos entidades por su negativa a negociar con la agremiación, lo que hizo que el lunes pasado se citara otra asamblea extraordinaria.
“El empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol ni la División Mayor del Fútbol Colombiano. Además, que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social. Pero sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”, dice la resolución de Mintrabajo. La multa podría ir de 5 a 10 millones de pesos diarios desde el día en que se presentó el pliego, si no comienza la negociación.
Reunión de Acolfutpro, Dimayor y Mintrabajo en febrero de 2023.
El ente rector del fútbol colombiano decidió en su asamblea autorizar “al presidente de la Dimayor para designar a sus representantes, en la instancia de la OIT. Tal habilitación fue estrictamente reglamentada por parte de los clubes afiliados”.
Todas estas investigaciones hicieron que en algunos medios y en redes sociales se hablara de una posible intervención de la Fifa, y que incluso la propia FCF llevaría el caso. Eso llevaría a una suspensión internacional del fútbol colombiano por intervención estatal.
Jaramillo, en su condición de vicepresidente de la entidad, lo negó. “Que nosotros mismos vayamos a hacer un llamado a la Fifa para su intervención, eso no tiene mucho sentido, la verdad. No es un momento fácil para el fútbol profesional colombiano por las investigaciones abiertas, pero confiamos plenamente en nuestra capacidad”, dijo Jaramillo, quien anunció que Ramón Jesurún, cabeza de la FCF, se reunirá en los próximos días con Gianni Infantino, presidente de la Fifa.
Las actuaciones de los directivos están haciendo que el Gobierno estreche el cerco al fútbol colombiano. Habrá que ver qué consecuencias dejan las investigaciones para el desarrollo de este deporte.
José Orlando Ascencio
Subeditor de Deportes
@josasc
