La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar una licencia que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela podría forzar a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a volver a vender crudo con descuento en el mercado mundial de hidrocarburos y ocasionará que el proceso de cobro y pago de facturas se vuelva más “engorroso”, aseguran especialistas.
En respuesta a la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición, en octubre del año pasado EEUU emitió la licencia general 44 por seis meses, pero advirtió que sería renovada “únicamente” si Venezuela cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas.
El gobierno venezolano ha insistido en que está preparado para vivir sin las licencias, que han sido calificadas como una política de “extorsión y chantaje”.
Esta semana el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Tellechea, dijo que la producción de crudo ronda el millón de barriles diarios y aseguró que seguirá creciendo “con sanciones o sin sanciones”.
Rafael Quiroz, economista y experto en la industria del petróleo, sostiene que además de verse en la necesidad de otorgar precios preferenciales, para Venezuela se presentarán “complicaciones” desde el punto de vista administrativo debido a que la banca internacional tendrá mayores exigencias ante los “engorrosos” trámites para los efectos del pago y el cobro de facturas petroleras por parte de PDVSA.
“No es que la flexibilización había eliminado todos los obstáculos alrededor del comercio petrolero venezolano, pero sí habían flexibilizado algo (…) tendremos que volver a dar descuentos a nuestros clientes afuera para compensarles el riesgo que ellos toman al comercializar con PDVSA en medio de sanciones”, dijo a la VOA.
Quiroz, jefe de la cátedra de economía y políticas petroleras de la Universidad Central de Venezuela (UCV) estima, además, que habrá una reducción de los ingresos petroleros venezolanos.
“Para los efectos del presupuesto de ingresos al tesoro nacional, eso sin duda alguna va a estar resentido”, opinó. “Sobre la cuestión de las sanciones se ha establecido una especie de mito, porque la caída de la producción petrolera venezolana viene desde el 2005 hacia acá, cuando no existía esa palabra en el vocabulario de la política petrolera venezolana. Las sanciones lo que han hecho es estorbar en el cobro de la factura petrolera, porque hay que hacer una especie de triangulación».
Precisó también que, desde octubre a la fecha, Venezuela dejó de sacrificar unos 3.000 millones de dólares al no verse obligado a dar descuentos.
La anulación de la licencia llevará a Venezuela a dejar de vender su petróleo a mercados naturales como Estados Unidos y Europa, lo que, según el economista y consultor financiero, Alejandro Castro, conlleva a una venta “al 25 % menos del valor del mercado” e implica un costo de flete “mucho mayor”.
Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Instituto Baker en la Universidad de Ryerson, en Houston, Texas considera que la licencia 44 logró mejorar el flujo de caja de PDVSA, pero menos de lo esperado.
Además, resalta que a pesar de la cancelación de la licencia 44, sigue vigente la licencia 41 que, asegura, “es la que tiene efectos en la producción” petrolera.
A finales del 2022, el Departamento del Tesoro emitió la licencia 41 que autorizó a la estadounidense Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela, pero impide que PDVSA se lucre de esas ventas petroleras.
“Si no se renueva la GL 44, existe todavía la 41 y quizás se aprueba la de los europeos la producción seguiría subiendo y probablemente pasaría el millón de barriles diarios, pero después de nuevo declinaría. Si se llega a cancelar la licencia de Chevron ahí sí la producción este año no llegaría a 900 y empezaría a caer, pero no lo veo”, comentó la semana pasada.
La economía venezolana podría crecer un 4,5 % al finalizar el año, de acuerdo al más reciente informe de coyuntura en Venezuela publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que advierte que el comportamiento dependerá de la “estabilidad política interna, la intensidad con la que se apliquen las sanciones internacionales y el riguroso control del financiamiento monetario del déficit del sector público”.
El gobierno de Maduro estima un crecimiento de 8 %.
La administración de Joe Biden reconoció que Maduro ha cumplido con “ciertos aspectos” de los acuerdos firmados en Barbados, entre ellos el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación electoral, pero cuestionó que se haya bloqueado a candidatos de oposición.
La Plataforma Unitaria y la ganadora con el 90 % de los votos de la primaria presidencial opositora, María Corina Machado, han denunciado que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos firmados en Barbados, entre ellos el respeto de cada actor político de escoger a su candidato.
La coalición de partidos opositores y Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, denunciaron que el gobierno les impidió inscribir a Corina Yoris, una filósofa de 80 años designada como candidata sucesora.
Pero, lograron registrar provisionalmente al diplomático Edmundo González y tienen hasta el 20 de abril para realizar sustituciones de candidaturas con efecto en la boleta electoral. Actualmente mantienen conversaciones para definir su estrategia.
[Con información de Álvaro Algarra y Adriana Núñez Rabascall, corresponsales de la VOA en Caracas]
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