Los inmigrantes que lleguen a la frontera y soliciten asilo pero no tengan una base legal para permanecer en el país, tengan antecedentes criminales o nexos con el terrorismo, serán regresados a sus países de origen. La norma propuesta hoy permitiría a los funcionarios de asilo considerar estas prohibiciones de asilo y decisión de la deportación durante una entrevista inicial, que ocurre pocos días después de que llega la persona al país. Esto permitirá a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos mucho antes de lo que se hace actualmente.
Héctor Quiroga, abogado de inmigración
“Lo que está proponiendo la Casa Blanca es que ese adjudicador decida si hay algún tipo de problema criminal o algún tipo de récord criminal y descalificar a la persona ahí”.
La nueva regla afectaría a quienes tengan antecedentes criminales y a quienes se encuentren en la lista de interés de las autoridades estadounidenses y representen un peligro para la seguridad pública. Activistas aseguran que todo esto se trata de conveniencias políticas en un año electoral.
Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate
“El termómetro político de esta nación en estas elecciones de noviembre donde está en juego todo, la Casa Blanca, está en juego el control de ambas cámaras del Congreso, el tema migratorio es el tema de la gran disputa”.
La medida formaría parte de una estrategia de la Casa Blanca en la que vienen trabajando desde hace varias semanas para detener el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México y descongestionar las cortes de inmigración, que tienen acumulados más de 3,4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno.
Funcionarios del Departamento de Seguridad, activistas y abogados de inmigración coinciden en que la única solución al problema migratorio está en manos del Congreso, porque las medidas que tome la Casa Blanca pueden ser derrumbadas con demanda en tribunales federales.
