Estados Unidos anunció este lunes que impondrá restricciones de visados a directivos de varias empresas colombianas que operan rutas marítimas de migración irregular hacia la nación norteña.
Las sanciones están dirigidas a directivos de «empresas que brindan transporte marítimo y están facilitando conscientemente el movimiento irregular de migrantes y exponiéndolos a la explotación y la violencia», insistió el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
«Las restricciones de visas estadounidenses promueven la rendición de cuentas de estos actores y envían una señal de que nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables: ni los contrabandistas, ni las empresas privadas ni los funcionarios públicos», agrega el texto, que no menciona los nombres de los sancionados, ni ofrece detalles de las empresas.
La administración del presidente Joe Biden ya había anunciado que aplicaría este nuevo tipo de sanción en febrero pasado, dirigida «a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos chárter y de transporte terrestre y marítimo» que faciliten la migración irregular a EEUU.
El Departamento de Estado destacó en su comunicado que continuará imponiendo este tipo de restricciones de visas como parte de una «campaña más amplia para eliminar tales prácticas de explotación dentro y fuera del hemisferio occidental, en colaboración con socios en el gobierno y el sector privado».
«Estamos viendo niveles históricos de desplazamiento y migración en todo el mundo, incluido nuestro hemisferio, y hemos estado trabajando con aliados extranjeros en nuestro hemisferio y, francamente, en todo el mundo para abordar estos flujos», dijeron este lunes altos funcionarios de la administración en una conferencia telefónica con periodistas.
En una conversación previa a la conferencia regional sobre migración en Guatemala – adonde viajará el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken-, los funcionarios insistieron en que Washington sigue comprometido con un enfoque que combina la expansión «histórica» vías legales para migrar, combinado con «consecuencias serias» para quienes eluden estos caminos y tratan de entrar al país de manera irregular.
Desde el fin del Título 42, en mayo de 2023, hasta el 17 de abril pasado, las autoridades migratorias «han expulsado o devuelto a más de 690.000 personas» hacia más de 170 países, como parte del reforzamiento en la política de la administración contra la migración irregular.
Al mismo tiempo, «hemos permitido que más de 435.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela lleguen de manera segura y ordenada utilizando nuestros procesos de permiso humanitario», dijeron los funcionarios.
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