El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga la aparición de una serie de documentos clasificados en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, que el presidente Joe Biden fundó tras su tiempo como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).
El caso, aunque con varias diferencias, recuerda al que llevó al FBI a registrar la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida) en agosto pasado.
En un comunicado, la Casa Blanca aseguró que está cooperando con la investigación, que desarrolla la oficina de Justicia junto a los Archivos Nacionales, encargados de salvaguardar todos los documentos clasificados de las presidencias estadounidenses.
"La Casa Blanca está cooperando con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia respecto al descubrimiento de lo que parecen ser registros de la administración de Obama y Biden, incluidos un pequeño número de documentos marcados como clasificados", dijo el consejero especial de Biden Richard Sauber.
Según The Washington Post, que cita fuentes anónimas, el FBI también se encuentra involucrado en la investigación, que se refiere a unos diez documentos encontrados en la oficina que Biden usó regularmente entre 2017 y el lanzamiento de su campaña presidencial en 2020.
De acuerdo con fuentes anónimas citadas por Fox News, el fiscal general Merrick Garland designó a un abogado nombrado por Trump para investigar el descubrimiento de estos documentos clasificados.
Se trata de John Lausch, un fiscal federal del Distrito Norte de Illinois que fue nombrado por el expresidente Donald Trump en noviembre de 2017.
"Doble estándar": así reaccionaron los republicanos
Desde el lunes, diversos políticos republicanos y analistas conservadores han denunciado un "doble estándar" del Departamento de Justicia para investigar los casos de documentos clasificados que involucraron a Biden y Trump.
"En una oración, ¿alguien puede explicar por qué la retención de documentos clasificados por parte de Trump constituye un delito grave, si no una traición absoluta, que debería impedirle para siempre ocupar un cargo público, mientras que la retención de documentos clasificados por parte de Biden es benigna y sin consecuencias?", escribió el autor conservador Dinesh D'Souza.
Representantes republicanos, como Marjorie Taylor Greene, dijeron que la desclasificación de documentos por parte de un vicepresidente constituye un delito grave.
"Joe Biden tomó documentos clasificados de la Casa Blanca cuando era vicepresidente. El VP NO tiene potestad para desclasificar, solo POTUS. Joe Biden robó documentos clasificados. Este es un delito muy grave", escribió la congresista aliada de Trump.
Andy Biggs, representante por Arizona, también comentó en Twitter que un vicepresidente no puede desclasificar documentos y además señaló al Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement de recibir importantes sumas de dinero del régimen comunista chino.
"Biden robó documentos clasificados y los almacenó en su grupo de expertos mientras era vicepresidente. El VP no tiene ninguna autoridad para desclasificar documentos clasificados. Y este “grupo de expertos” recibió $54 millones en fondos del PCCh", dijo el congresista.