Exfiscales, expertos y hasta analistas demócratas están destrozando la acusación de Bragg contra Trump

Estados Unidos se ha convertido en un país tremendamente polarizado. Es muy difícil encontrar un tópico donde los americanos, los medios y la sociedad civil, independientemente de su posición política, se pongan de acuerdo en torno a un tema. Sin embargo, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, parece que está logrando, al menos, alinear pensamientos de conservadores y progresistas por primera vez en mucho tiempo gracias a su acusación contra el expresidente Donald Trump.

Sí, a pesar de que Trump es quizás la figura que más polariza en los Estados Unidos, Bragg logró que exfiscales, expertos y analistas progresistas/demócratas estén esencialmente de acuerdo con los conservadores sobre que la acusación contra el expresidente republicano es muy endeble y carece de un fundamento legal creíble de cara al juicio.

Basta con leer y escuchar diferentes análisis en los principales medios de corte liberal del país para darse cuenta de ello, como el publicado en Vox por Ian Millhiser, doctor en Derecho y experto en temas de justicia y el sistema legal. 

En su extenso análisis, Millhiser, desglosa la "dudosa" teoría legal de Bragg para acusar a Trump, la cual no es otra que hacer que un "delito menor" —lo que estipula la ley neoyorquina sobre la falsificación de documentos— se convierta en un "delito grave" por intentar tapar otro crimen ocultando en los libros fiscales el supuesto soborno pagado a Stormy Daniels como consultorías legales de rutina. Suena extraño, pero esto es lo que plantea Bragg en su acusación. 

El analista de Vox señala que hay diferentes problemas en la base legal de Bragg, especialmente porque en la propia acusación divulgada públicamente no menciona cuál es el supuesto delito federal que Trump intentó ocultar con el pago de soborno. 

"Los cargos reales de delito grave surgen de las entradas supuestamente falsas que Trump hizo en varios registros de negocios con el fin de hacer que el pago a Daniels apareciera como gastos legales ordinarios pagados a Cohen", escribió Millhiser. "Pero Bragg construyó su caso sobre una teoría legal extremadamente incierta. Incluso si Trump hizo las cosas de las que se le acusa, no está claro que Bragg pueda acusar legalmente a Trump por ellas, al menos bajo la versión de delito grave de la ley de registros falsos de Nueva York". 

En conclusión, el autor explica que es incierto cómo Bragg planea acusar a Trump por un delito federal en virtud de la ley del estado de Nueva York, "por lo tanto, existe un grave riesgo de que un juez de Nueva York desestime los cargos contra Trump por motivos jurídicos técnicos no relacionados con la conducta real del expresidente". Y en caso de que el fiscal de Manhattan y su equipo tengan éxito y logren esta hazaña judicial, logrando después una condena de Trump en un juicio cuesta arriba, es muy posible que la Corte Suprema tenga la última palabra sobre si Trump debe ser protegido de esta enrevesada imputación que plantea la Fiscalía neoyorquina en virtud de una doctrina conocida como la "regla de la indulgencia".

Bragg, en otras palabras, ha construido uno de los casos penales más controvertidos y de más alto perfil en la historia de Estados Unidos sobre los cimientos más inciertos. Y esos cimientos podrían desmoronarse si los tribunales rechazan sus argumentos jurídicos sobre una cuestión de derecho realmente ambigua. 

- Ian Millhiser, analista de Vox

Pero las dudas legales sobre la acusación contra Trump no terminan allí. Apenas, de hecho, inician. 

A pesar de que Bragg no señala en la acusación cuál es el crimen que cometió Trump que justifican los cargos por "delito grave", en la rueda de prensa tras la lectura de cargos el fiscal dijo que el expresidente "violaba la ley electoral de Nueva York, que tipifica como delito conspirar para promover una candidatura por medios ilícitos". 

Es decir, Bragg plantea que Trump, a través de los supuestos sobornos, impulsó una candidatura ilegal o engañó a los electores. Pero este enfoque no es mucho mejor para el fiscal de Manhattan, pues ya el Departamento de Justicia y la comisión electoral investigaron previamente el caso y no se encontró violación a la ley electoral. 

De hecho, el planteamiento de Bragg en rueda de prensa hizo que dos presentadores de noticias completamente opuestos, Fareed Zakaria, de la CNN; y Tucker Carlson, de Fox News; se pusieran de acuerdo en televisión nacional para cuestionar la acusación contra el expresidente republicano. 

Así que la oficina de Bragg argumentará que el delito menor está en realidad vinculado a un delito grave porque viola las leyes electorales federales. Pero esa violación es una que el Departamento de Justicia, tanto bajo Trump como bajo el presidente Joe Biden, examinó y decidió no procesar. Se trata, como han señalado muchos expertos, de una teoría jurídica novedosa. Debo señalar que Trump niega haber cometido delito alguno.

- Fareed Zakaria en CNN

¿Qué hay de la acusación de fraude que acabas de oír a Bragg en televisión? Bueno, Bragg afirma que Trump envió dinero a Stormy Daniels para influir en el resultado de las elecciones de 2016. Y al hacerlo, intentó 'defraudar a los votantes'. Pues bien, eso resulta ser un delito real que está tipificado. Bragg afirma que Donald Trump cometió una violación de la financiación de la campaña, que es un delito federal, por cierto. El problema es que no cometió una violación de financiación de campaña. Nadie está afirmando que lo hizo, incluida la Comisión Federal Electoral, que ha investigado esta cuestión. Así que como una cuestión jurídica, el caso presentado hoy, los 34 delitos no tienen ningún sentido. Es ridículo.  

Tucker Carlson en Fox News

¿En qué mundo Tucker Carlson y Fareed Zakaria coincidirían en un análisis? En uno donde un expresidente de los Estados Unidos es acusado por un caso completamente endeble. 

Hay muchos otros aspectos que ponen en duda la acusación de Bragg contra Trump. Uno es, por ejemplo, la duda sobre si el estatuto de limitaciones, es decir el período de tiempo para presentar reclamos, ya expiró para este caso. 

En Nueva York, la versión de delito grave por el crimen de registros falsos es de cinco años, mientras que para la versión de delito menor es de solo dos años. Según la acusación de Bragg, el pago final de Trump a Cohen ocurrió en diciembre de 2017, hace más de cinco años. Ese es otro obstáculo importante para la Fiscalía que, además, tiene una línea de tiempo confusa, pues si el pago final a Cohen se realizó en 2017, la defensa podría argumentar que entonces el pago ni siquiera formó parte de la campaña presidencial porque Trump ya estaba en la Casa Blanca y, por ende, no existe la posibilidad de un delito electoral. Esto último lo explicó en Fox News, Andrew McCarthy exfiscal asistente de los Estados Unidos en Nueva York. 

También está el debate sobre el pésimo precedente que se está generando con la acusación de Bragg a Trump. Algo que, sorprendentemente, está siendo denunciado a la par tanto por analistas demócratas como republicano. 

En The New York Times, Ankush Khardori, quien fue fiscal federal especializado en fraude financiero y delitos de cuello blanco hasta 2020, escribió que la imputación contra Trump podría abrir las puertas para que más fiscales de distritos, en cualquier parte del país, empiecen a perseguir presidentes o adversarios políticos a través de malabares judiciales utilizando la fuerza del Estado. 

Khardori explica que cualquier fiscal puede conseguir las maniobras legales necesarias para impulsar un caso, pero yendo en contra de un precepto legal básico: tener un delito primero para luego enjuiciar o acusar a un hombre.

"Todos los fiscales locales del país sentirán ahora que tienen vía libre para investigar y procesar penalmente a los presidentes después de que abandonen el cargo. Los demócratas que actualmente aplauden las acusaciones contra Trump pueden sentirse de otra manera si —o cuando— un demócrata, tal vez incluso el presidente Biden, acaba siendo el destinatario de un esfuerzo similar por parte de cualquiera de los miles de fiscales elegidos para cargos locales, deseosos de hacerse un nombre procesando a un expresidente de Estados Unidos", escribió Khardori en las páginas del Times.

El abogado y exfiscal básicamente señala que, en el caso contra Trump, la táctica de Bragg parece basarse más en el nombre de la persona y no en el crimen en sí. De hecho, con esta opinión coincide nuevamente el demócrata Zakaria, de la CNN. 

Dadas las circunstancias, este caso da la sensación de que unos fiscales celosos examinan minuciosamente todas las posibilidades para encontrar alguna violación de la ley. Esto contradice la noción del derecho anglosajón de que primero hay un delito y luego se busca al delincuente, en lugar de mirar primero a la persona y buscar si ha cometido un delito. 

La conclusión es clarísima: hasta los analistas y expertos de los principales medios progresistas están destruyendo la acusación del fiscal Bragg. 

Su caso, además de lucir endeble, pone de manifiesto como el sistema de justicia americano se está utilizando como arma política (weaponization) para perseguir a lo adversarios políticos. Una situación donde nadie sale ganando.