Su debate ha provocado el enfado de varios asistentes al pleno pertenecientes a asociaciones memorialistas, a quienes la presidenta del Parlamento ha llamado la atención varias veces por aplaudir o hacer comentarios durante las intervenciones, llegando, incluso, a pedirles que abandonaran la Cámara
El Gobierno de Cantabria (PP) derogará la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma después de que Vox lo haya pedido en el Parlamento autonómico.
PRC y PSOE, que impulsaron esta norma hace casi dos años desde el Ejecutivo regional, han votado en contra de esta iniciativa de Vox, que insta al Ejecutivo a presentar a la mayor brevedad un proyecto de ley de derogación de esta norma.
Su debate ha provocado el enfado de varios asistentes al pleno pertenecientes a asociaciones memorialistas, a quienes la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), ha llamado la atención varias veces por aplaudir o hacer comentarios durante las intervenciones, llegando, incluso, a pedirles que abandonaran la Cámara.
«Es una vergüenza», han clamado mientras salían del hemiciclo tras producirse la votación.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha criticado que la actual ley «omite por completo a una parte de las víctimas». «El dolor no tiene bandos», ha subrayado.
Con esta idea ha coincidido Íñigo Fernández (PP), quien asegura que la norma del anterior Gobierno PRC-PSOE es «parcial, sectaria, caprichosa» y nació «sin diálogo» para «enfrentar a los cántabros».
Fernández ha criticado que, con esa ley, el secretario regional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, pretendía «decir a toda Cantabria de qué se podía hablar y de qué no«, «subvencionar solo a las asociaciones memorialistas de un lado» y «adoctrinar en las aulas».
Y ha apostado, eso sí, por preservar dos aspectos de la legislación actual: el derecho de las familias «sea cual sea el bando» a recuperar si es posible los restos de las víctimas y los mecanismos para conservar la documentación existente.
El PSOE ha defendido que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria «no es solo para un bando» y, según ha dicho su parlamentario Mario Iglesias, este asunto «no se estaría debatiendo» en otros países europeos porque las políticas de memoria «son un deber del Estado democrático desplegado por gobiernos de distinto color».
«Es un tema de justicia, los derechos humanos no se pueden someter a la voluntad política, se cumplen o no se cumplen», ha dicho.
El portavoz regionalista, Pedro Hernando, había ofrecido la colaboración del PRC para modificar la ley y no derogarla porque «es necesaria».
En su opinión, en esta sesión se han escuchado «cosas falsas y muy dolorosas para muchas de las víctimas». «Hoy se ha dudado si es necesario una ley y claro que hace falta», ha dicho.
