El Ejecutivo asegura que no ha participado ni conocía la elaboración de la normativa presentada por la formación ultraderechista
El portavoz del Govern, Toni Costa, defiende que no apoyarán ninguna ley «que no cumpla con el Estatut de Autonomia»
En apenas dos meses de legislatura, hoy se ha abierto la primera crisis entre el Partido Popular y Vox después de que el Govern haya asegurado que la proposición de ley presentada por la formación ultraderechista para la creación de la Oficina de Libertad Lingüística no ha sido pactada entre ambos. El portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, ha defendido que «el Govern no conocía el texto de la proposición de ley. Lo que estaba pactado con Vox es el punto del acuerdo para la creación de dicha oficina y que la propuesta la llevarían a cabo ellos, pero en ningún caso conocíamos el contenido».
En este sentido, Costa ha defendido que el Govern no apoyará «ningún texto legal en el Parlament que no cumpla con el Estatut de Autonomia de Balears.». Asimismo, ha admitido que «el catalán es la lengua propia de las islas porque así lo lo dice el propio Estatut». En cuanto al contenido de la proposición, el Ejecutivo admite que todavía no han podido analizar en profundidad los distintos puntos de la ley, pero que en el caso de que se incumpla con el Estatut «se presentarán las enmiendas correspondientes, al igual que puedan hacer el resto de grupos parlamentarios».
Bajo el pretexto de crear la anunciada Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, acordada en el pacto PP-Vox que ha dado el gobierno de las islas a la popular Marga Prohens, la ultraderecha ha presentado una ley en el Parlament para obligar de facto a todas las administraciones baleares a escribir en castellano su documentación, y no solo en catalán.
Sanciones de hasta 100.000 euros
La creación de la prometida Oficina se quiere ejecutar mediante una ley que permita al nuevo organismo imponer multas de hasta 100.000 euros por incumplmiento del uso del español. El PP balear deberá apoyar la nueva normativa para que sea aprobada.
La proposición de ley fue registrada ayer por Vox en la Cámara autonómica, y en ella se recalca que además del español, se pretende «fomentar la protección y el uso de las lenguas oficiales en las Islas Baleares, atendiendo a las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el formenterense«
El texto redactado por Vox señala que «el abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto que en prácticamente todas las instituciones de las islas todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán y, por ende, la imposibilidad o, al menos, amplias limitaciones para emplear el castellano».
