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El juicio político a Mayorkas comenzará el 26 de febrero

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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, enfrentará un juicio en el Senado dentro de dos semanas después de que los republicanos de la Cámara de Representantes lo reprobaron por un voto solo, culpándolo de las decenas de miles de inmigrantes ilegales que cruzaron a Estados Unidos desde México el año pasado.

El juicio se desarrollará el 26 de febrero, cuando los encargados de proceso en la Cámara de Representantes, un contingente de legisladores republicanos que actúan como fiscales contra Mayorkas, presenten formalmente los cargos por el Capitolio de Estados Unidos para presentar su caso a los 100 senadores, que actuarán como jurados.

Cuánto durará el esfuerzo o si se presentará alguna evidencia es una cuestión abierta.

La votación de la Cámara del martes por la noche fue de 214 a 213 a favor del impeachment (o juicio político, en inglés), pero los demócratas tienen una ventaja de 51 a 49 en el Senado y han desdeñado abiertamente el intento de enjuiciamiento contra un funcionario clave del gabinete del presidente demócrata Joe Biden.

Los demócratas podrían votar rápidamente para desestimar el caso de juicio político contra Mayorkas sin escuchar las pruebas o trasladar el caso a un comité donde no pasaría nada. Pero también se podrían escuchar pruebas a favor y en contra de Mayorkas.

En el Senado, se necesitaría un voto de dos tercios para condenar a Mayorkas, de 64 años, y destituirlo de su cargo, lo que significa que al menos 18 demócratas tendrían que unirse a los 49 republicanos a favor de una condena.

Biden rechaza el preceso

Mayorkas es el primer jefe de gabinete en ser acusado desde que el secretario de Guerra, William Belknap, fue juzgado por cargos de corrupción en 1876, poco después de su renuncia. Luego fue absuelto en un juicio en el Senado.

Mayorkas ha calificado el caso de juicio político en su contra de infundado y dice que continúa haciendo su trabajo. Por su parte, Biden le defendió tras la votación de la Cámara.

«La historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara de Representantes por su descarado acto de partidismo inconstitucional que ha apuntado a un servidor público honorable para jugar pequeñas tretas políticas», dijo el mandatario.

El representante Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, encabezó el proceso de juicio político contra Mayorkas y dijo en un artículo de opinión del Wall Street Journal que era «lo correcto».

Green afirmó que Mayorkas «ordenó la liberación de millones de extranjeros inadmisibles en el país» y «violó la confianza pública, tanto al violar su deber legal de controlar la frontera como al hacer falsas declaraciones al Congreso de manera deliberada».

Las quejas republicanas contra Mayorkas son en realidad una guerra por poderes contra el manejo de Biden de las cuestiones fronterizas y seguramente serán un tema principal en las elecciones presidenciales de noviembre, donde es probable que Biden se enfrente nuevamente al expresidente republicano Donald Trump después de derrotarlo en 2020. Trump dice que se necesita una postura de inmigración más dura para asegurar la frontera.

Una cuestión constitucional

Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley que incluía los controles migratorios más estrictos en años, y Biden apoyó la iniciativa, pero los republicanos del Senado rechazaron la medida la semana pasada después de que Trump dijera que no llegaba lo suficientemente lejos.

Aparte de los detalles del control de la frontera suroeste de Estados Unidos, los demócratas y algunos expertos legales externos han cuestionado si el juicio político a Mayorkas cumple con el estándar de la Constitución de Estados Unidos, que dice que está reservado para aquellos que han cometido «crímenes y faltas graves», no simplemente porque los republicanos se oponen a la forma en que se aplican o no los controles fronterizos.

Frank Bowman, profesor de derecho de la Universidad de Missouri, dijo a un comité que investiga a Mayorkas que el juicio político «no se supone que sea una herramienta rutinaria para resolver debates ordinarios sobre políticas públicas, ni siquiera los más apasionados». Explicó que Mayorkas no había cometido los tipos de delitos graves para los que se pretende utilizar el juicio político.

«La Cámara tiene una responsabilidad constitucional, como he dicho muchas veces. Probablemente sea la más pesada después de una declaración de guerra. Y tenemos que hacer nuestro trabajo independientemente de lo que (el Senado) haga», dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien apoyó el esfuerzo de impeachment.

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