Ante los recientes debates sobre el estado de salud del jefe de Estado y las iniciativas legislativas propuestas por congresistas de oposición al respecto, conviene recordar que las preocupaciones por la salud de los presidentes –y, en ocasiones, de los vicepresidentes– no son nuevas en el país. Algunos casos emblemáticos o recientes que vienen a la mente son los de los presidentes Gómez, Barco y Santos, y los vicepresidentes Garzón y Vargas. Sin embargo, no cabe duda de que el más dramático en la historia nacional es el del presidente Manuel Antonio Sanclemente: un hombre enfermo que, a sus 84 años, gobernó –o quizá no tanto– el país y sufrió un golpe de Estado el 31 de julio de 1900.
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Sanclemente, nacido en Buga y abogado por la Universidad del Cauca, ya había ocupado cargos destacados en las tres ramas del poder público cuando Miguel Antonio Caro, uno de los principales artífices de la Regeneración y de la Constitución de 1886, le propuso postularse a la Presidencia de la República para el periodo 1898-1904. El jurista vallecaucano había servido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones, ministro, congresista y gobernador del estado del Cauca, y seguramente no tenía en mente aspirar al cargo más importante del país cuando había llegado a la octava década de su vida. Y, desde luego, no esperaba concluir de manera tan trágica una extensa y destacada carrera en el servicio público. Sanclemente no solo fue depuesto del cargo de presidente, sino que sufrió malos tratos y fue confinado en Villeta, Cundinamarca.
El drama de Sanclemente se desencadenó a finales de 1897, cuando Caro le presentó la candidatura presidencial. En ese entonces, las tensiones originadas por el centralismo y el presidencialismo, practicados por los regeneradores autoritarios amparados en la Constitución de 1886, habían dividido a los conservadores en dos corrientes: los nacionalistas o defensores de la Regeneración, y los históricos. Estos últimos, unidos a los liberales, quienes se encontraban marginados del gobierno, demandaban reformas políticas y fiscales. Con la muerte en 1894 de Rafael Núñez, presidente en cuatro ocasiones y conocido por delegar el poder a vicepresidentes y designados, el control del país pasó de manera definitiva a manos del vicepresidente Miguel Antonio Caro por el resto del sexenio (1892-1898). Caro, el regenerador más radical, gobernó con mano dura, censuró a la prensa y llevó las facultades presidenciales a sus niveles más extremos, agudizando así la crisis entre los conservadores y dejando a los liberales totalmente al margen del poder.
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Caro aspiraba a mantenerse en el poder por otro período, pero enfrentaba un obstáculo jurídico: la Constitución le impedía postularse nuevamente debido a que ya había asumido la presidencia en calidad de vicepresidente. Así, la estrategia para seguir participando en el gobierno consistió en que Sanclemente asumiera la presidencia y el literato José Manuel Marroquín se postulara a la vicepresidencia. Esta combinación fue promovida por los nacionalistas como un cúmulo de virtudes, talento e ilustración, y al mismo tiempo destacaban la “renuncia patriótica” de Caro a la candidatura presidencial.
Sanclemente finalmente ganó la presidencia, marcando así el comienzo del fin del proyecto regeneracionista, pues la brecha entre los conservadores nacionalistas, que él y Caro representaban, y los históricos se hizo irreconciliable. Pero esa no era la única dificultad que el presidente enfrentaba, pues a su avanzada edad se sumaban sus quebrantos de salud que lo obligaban a deambular por distintas poblaciones de Cundinamarca en busca de clima templado, a tal punto que no se pudo posesionar el 7 de agosto de 1898 por encontrarse en su lecho de enfermo. En su lugar se posesionó el vicepresidente Marroquín, quien iniciaría un camino de acercamientos políticos con históricos y liberales.
A las penurias de salud de Sanclemente se agregaron más problemas. La furia de Caro ante la conducta conciliadora del gobierno de Marroquín no se hizo esperar y prácticamente obligó a Sanclemente a levantarse del lecho de enfermo para viajar a Bogotá a posesionarse del cargo, de modo que el vicepresidente regresara a cumplir su papel ordinario lo más pronto posible. Cumpliendo la “orden” de Caro, un hombre de edad avanzada y enfermo tuvo que desfilar penosamente hasta la capital en busca de que el Congreso le diera posesión a finales de 1898.
El preocupante estado de salud del presidente, sumado a la férrea resistencia de los conservadores históricos liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, el constitucionalista José Vicente Concha, resultó en la negativa de dicho órgano legislativo a darle posesión. Esta situación derivó en un fuerte conflicto con la facción “carista” que dominaba el Senado, cámara que no sesionó. Dado que la Constitución señalaba que, en ausencia del Congreso, el presidente podía tomar posesión del cargo ante la Corte Suprema de Justicia o en presencia de dos testigos, la única opción que quedaba para Sanclemente –y, por extensión, para Caro– era recurrir a ese alto tribunal. Por supuesto, la facción de los históricos en el Congreso rápidamente tildó esta maniobra de inconstitucional y amenazaron con no reconocer la legitimidad de tal posesión.
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Finalmente, ante la grave crisis institucional que enfrentaba a dos ramas del poder público y las influyentes facciones políticas, la Corte Suprema de Justicia intervino y decidió llevar a cabo la posesión. Para cumplir esta tarea, los magistrados se trasladaron hasta donde Sanclemente se encontraba hospedado, por cuenta de que su delicado estado de salud le impedía desplazarse. Aunque su permanencia en Bogotá fue breve debido a recomendaciones médicas que lo instaban a trasladarse a un clima más benigno, tan pronto asumió el poder, el presidente retomó la senda marcada por Caro y revocó las reformas impulsadas por Marroquín.
Estalla una guerra tenebrosa
No pasó mucho tiempo antes de que el país saltara de la crisis política a una de las más tenebrosas confrontaciones armadas: el ala guerrerista de los liberales se alzó en armas contra el gobierno, desencadenando la devastadora guerra de los Mil Días (1899-1902).
Con el avance de la guerra, las acusaciones de que no era el presidente quien gobernaba, sino sus ministros –especialmente el de la cartera de Gobierno–, se intensificaban. Circulaban rumores en la capital de que Sanclemente no estaba en condiciones para ejercer el poder, e incluso se llegó a decir que había fallecido en Villeta. Hacia mediados de 1899, algunos instaban al presidente a regresar a Bogotá para retomar directamente el gobierno, otros, en cambio, lo respaldaban, sosteniendo que tenía pleno derecho de ejercer sus funciones desde otras ciudades.
Los conservadores históricos, por su parte, buscaban alternativas para removerlo definitivamente del cargo, como proponer un “juicio de interdicción”, pues consideraban que el estado mental del jefe del Estado no le permitía desempeñar su cargo. El propio Sanclemente luego diría que se había enterado de la intención de sus opositores de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que enviase una comisión a determinar su estado de salud, cuestión que él consideraba humillante, aparte de estimar que ese tribunal carecía de competencia para ordenar tal medida.
Ni la visita y mucho menos el mencionado juicio se realizaron, pero los sectores de oposición activaron otra estrategia: convencer al vicepresidente Marroquín de asumir la presidencia. A partir de ahí se narraría una serie de vejámenes de los que fue víctima el presidente en busca de que este presentara su renuncia, pero pese a su enfermedad y avanzada edad, los enfrentó con valentía y dignidad. Sanclemente no dio su brazo a torcer ni siquiera cuando Marroquín se tomó el poder con ayuda de los militares, los históricos y facciones liberales.
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Marroquín declaró que, pese a su reticencia, se veía obligado a asumir el poder, ante la incapacidad en que se encontraba el presidente Sanclemente para residir en la capital y dirigir los negocios públicos por sí mismo y con la atención y consagración que demanda la acción ejecutiva, y acogiendo el llamado de la opinión pública de asumir el mando en plena guerra. Vale la pena anotar que una de las más fuertes reacciones contra el golpe provino de Marco Fidel Suárez, ministro de Instrucción Pública, quien al conocer los hechos presentó de inmediato su renuncia. Tras el golpe de Estado, el presidente fue confinado en la iglesia de Villeta.
Tanto Sanclemente como sus allegados denunciaron la ruptura constitucional, tal como se puede leer en los documentos sobre el golpe que compiló Eduardo Espinosa, cónsul en Nueva York. Este hecho, por cierto, contó con el respaldo jurídico de la propia Corte Suprema de Justicia. En efecto, el tribunal convalidó la vacancia presidencial en su sentencia del 21 de septiembre de 1900, bajo el argumento de que Sanclemente se hallaba fuera de Bogotá y por tanto había abandonado su cargo, pues la Constitución solo lo autorizaba a desempeñarlo en la capital del país. La consecuencia de la interpretación de la Corte era sencilla: Marroquín sí había asumido legítimamente el Poder Ejecutivo.
Tres de los siete magistrados de la Corte se apartaron del fallo. Entre sus argumentos manifestaron que el tribunal no era competente para tomar tal decisión, que el legítimo presidente de Colombia había sido depuesto por un gobierno de hecho, e incluso uno de ellos denunció el arresto al que habían sido sometidos el presidente y su familia en Villeta.
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De este modo, con esta intervención de la Corte Suprema de Justicia, y como si estuviera señalado por el destino, el tribunal terminó de marcar la vida del abogado Manuel A. Sanclemente: primero fue su magistrado, luego el tribunal se interpuso entre los políticos para posesionarlo, pero al final selló el golpe de Estado y de paso los últimos días del octogenario presidente.
Como paradojas de la política –o de la ley– o al fin y al cabo de lo mismo, al golpista Marroquín, quien por cierto nunca asumió el título de presidente, sino que mantuvo hasta el fin del sexenio el de vicepresidente encargado de las funciones del Ejecutivo, no le tembló la mano para firmar el Decreto 493 del 19 de marzo de 1902, que “honra la memoria del Excmo. Sr. Dr. Manuel Antonio Sanclemente”, por el cual no solo se ordenaban lutos nacionales, sino que la “familia del ilustre finado” disfrutaría del sueldo “a que este correspondía como Presidente titular de la República hasta la terminación del período presidencial”.
Marroquín tampoco titubeó para sancionar la Ley 11 del 11 de septiembre de 1903, que honró la memoria de Sanclemente como hijo ilustre, dechado de virtudes públicas y privadas, y “recomienda su nombre a la gratitud nacional por los servicios que prestó a la patria tan eximio varón y por el ejemplo de integridad”. La ley, por cierto, fue aprobada por el Congreso bajo la presidencia del Senado del tenaz opositor de Marroquín: Miguel Antonio Caro. Casi un siglo después, en 1994, de nuevo el Congreso le tributaría un homenaje a Sanclemente –quizá como acto de resarcimiento moral– en la Ley 127, que destaca “su profundo amor y dedicación a la justicia y pone como ejemplo a las generaciones presentes y futuras su insigne patriotismo y su proba rectitud de ciudadano”.
De esta manera, la actual preocupación por la salud del mandatario, cuestión que divide a gobiernistas y a opositores, sirve para hacer memoria del presidente Sanclemente, único jefe de Estado de avanzada edad que llegó enfermo al cargo, sufrió un golpe de Estado y fue confinado. El jurista a la vez fue protagonista y víctima de la política, y todo esto sucedió mientras el país era consumido por la devastadora guerra de los Mil Días.
(*) Profesor de la Universidad Icesi.
