Elecciones 2023: campaña de octubre, sacudida por candidaturas descabezadas por CNE – Partidos Políticos – Política

Hasta este viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó de forma intensiva para estudiar las demandas de revocatoria de inscripción de candidaturas para que los partidos y movimientos ciudadanos pudieran modificar a los aspirantes con inhabilidades ante la Registraduría, pues, según el calendario electoral, había plazo hasta ese día.

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En medio de las maratónicas jornadas, el tribunal electoral tomó decisiones que han estado cargadas de polémica. El martes se revocó la inscripción de Tulio Gómez a la gobernación del Valle del Cauca y el jueves fue el turno para las aspiraciones de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander y de Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta.

Precisamente, se estima que por estas tres candidaturas fue que el presidente Gustavo Petro se fue en contra del tribunal electoral. “Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle del Cauca, en Santander y en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo”, dijo.

Luego pidió convocar “de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”. A esto le añadió la gráfica de una encuesta que, según dijo, demostraría que Tulio Gómez venía recortando en las últimas semanas y estaba tan solo a cinco puntos porcentuales de Dilian Francisca Toro. Por su lado, Patricia Caicedo es la hermana del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, reconocido por su cercanía política con el primer mandatario.

El mensaje de Petro recibió cuestionamientos puesto que fue interpretado como una forma de participación electoral, puesto que entró a pronunciarse sobre tres aspirantes puntuales cuyas candidaturas eran afines al espectro alternativo, pero no sobre todo el conjunto de determinaciones que tomó el CNE y que incluyeron la marginación de los tarjetones de figuras polémicas como Oneida Pinto, quien se lanzaba para la alcaldía de Albania (La Guajira), y Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el ‘Hombre Marlboro’, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y que buscaba la alcaldía de Maicao, también en ese departamento.

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Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación de Valle del Cauca y expresidenta del Partido de ‘la U’, fue una de las que cuestionaron los mensajes presidenciales, sobre todo ante su mención directa por el tema de Tulio.

“Gustavo, el país desmoronándose, los violentos acabando con la seguridad, la economía en caída y vos descuadernando la institucionalidad desde la comodidad de las redes sociales”, expresó.

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Luego le hizo un pedido a Gustavo Petro de que no intervenga en el proceso electoral: “Te invito a gobernar y a no desequilibrar más la democracia, que gracias a ella hoy te permite estar en el poder; el país no merece este trato de parte tuya”, cerró

Como el mensaje de la puntera en las encuestas para la gobernación del Valle del Cauca, otros también cuestionaron lo dicho por el mandatario. Entre los comentarios hechos se señaló que Petro juntó tres situaciones completamente distintas y las puso bajo el mismo paraguas de un reclamo por la legitimidad de los fallos sin hacer diferenciación de las situaciones.

Por un lado esta Tulio Gómez, cuya revocatoria se debe a la firma de convenios con la alcaldía de Cali como máximo accionista del América de Cali. Luego está el caso Rodolfo Hernández, cuya inhabilidad parte de las tres sanciones interpuestas por la Procuraduría en su contra en menos de tres años, incluyendo la inhabilidad por 14 años debido al caso Vitalogic.

Y la tercera es la de Patricia Caicedo, revocada porque su hermano es el gobernador del Magdalena y otros familiares también trabajan en la administración de Santa Marta. Con razones distintas, el primer mandatario habría igualado las situaciones y las encuadró en un único motivo político de afectar a los sectores progresistas. Lo que tendría un claro impacto político.

Un problema histórico

Sin embargo, expertos señalaron a EL TIEMPO que el mensaje del presidente Gustavo Petro también evidencia un problema de fondo y es la falta de confianza y legitimidad de las determinaciones del Consejo Nacional Electoral.

Tanto el exmagistrado del CNE Armando Novoa como el académico Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, coincidieron en que el origen político del tribunal electoral termina afectando la confianza en sus determinaciones y siembra un manto de dudas sobre ellas, aunque puedan estar ajustadas a derecho.

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“Las preguntas que siempre surgen son: ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿El Consejo Nacional Electoral es autónomo? ¿Cuál es el origen de la elección de sus miembros? ¿Cuál es la autonomía de sus magistrados para tomar decisiones más allá de los intereses de los partidos que los han llevado a ese cargo? Cualquiera que sea la decisión, siempre va a estar el manto de la sospecha y desconfianza”, dijo el exmagistrado Novoa.

Libreros tuvo una posición similar e incluso ahondó en el asunto al mencionar que a las dudas se les sumas, sin conocer la argumentación de los fallos definitivos, decisiones contrarias en escenarios parecidos. Sería el caso de Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá, y el de Tulio Gómez, que aspiraba a la gobernación vallecaucana.

Las situaciones de la firma de convenios con entidades del orden gubernamental estarían presentes en ambos caos, pero en una dejaron en firme la candidatura (Oviedo) y en otra procedieron a revocarla (Gómez).

Sin embargo, más allá de las dudas causadas por el origen partidista de los nueve magistrados del CNE, en este caso ocho por la suspensión de Altus Baquero, los expertos también apuntaron a que hay problemas más complejos que apuntan a la misma arquitectura institucional colombiana.

En este apartado tomó la vocería el exmagistrado Novoa, quien no solo estuvo dentro del CNE, sino que también ha sido representante en procesos ante el tribunal electoral y esto –dijo– le ha permitido evidenciar las fallas que habría en la organización electoral.

En primer lugar, en su tesis reiteró que debe “reequilibrarse” la balanza entre la Registraduría y el CNE. Esto por cuanto el tribunal quedó en la arquitectura constitucional como un apéndice dependiente del ente que actualmente lidera Alexánder Vega, cuando las funciones del Consejo Electoral son de más relevancia que la organización de los certámenes.

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En segundo lugar, expresó que en el último tiempo ha evidenciado que el calendario electoral está mal formulado, debido a que los tiempos son muy cortos para que los magistrados hagan la investigación debida que permita determinar con total claridad que un candidato está inhabilitado para aspirar y se revoque su candidatura.

Novoa llegó a hablar de “un estado insconstitucional de cosas” frente a este aspecto y que incluso hace que se niegue el derecho a la debida defensa de los aspirantes cuyas candidaturas son revocadas.

El profesor Libreros apuntó que otro de los asuntos pasa por las tensiones que causó el caso Petro frente a las competencias de la Procuraduría para sancionar e inhabilitar a funcionarios y afectar de esta manera sus derechos políticos.

Ante este debate, en el cual el primer mandatario incluso ha participado, existe la duda de cómo debe actuar el Consejo Nacional Electoral. En esta ocasión, de acuerdo con Libreros, el CNE aceptó las competencias del órgano de control, a pesar de que el Consejo de Estado se ha pronunciado de forma distinta.

Bajo todos estos reparos, ambos manifestaron que es necesaria una gran reforma, que no solo modifique el origen de los magistrados del CNE, sino que modifique otras falencias más profundas en la organización electoral y en las tensiones entre la Constitución y la Carta Interamerticana de Derechos Humanos, que establece que solo una instancia judicial penal puede suspender derechos políticos.

Juan Sebastián Lombo
REDACCIÓN POLÍTICA