Eduardo Díaz, exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), respondió a las acusaciones y críticas del presidente Gustavo Petro sobre el plan del exmandatario para cumplir con el punto cuatro del acuerdo de paz de 2016.
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Desde Tumaco, el actual presidente colombiano se fue en contra de la gestión de uno de sus antecesores, Juan Manuel Santos, específicamente en el manejo del plan de sustitución de cultivos ilícitos.
En primer lugar, el presidente Petro cuestionó el enfoque individual de este programa: “El modelo que creó Santos para la sustitución de cultivos es individual, este pagó una plata cada mes, era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusto”.
Luego, cuestionó la ejecución y dijo que “la plata no llegó”. El mandatario aseveró que hubo varias irregularidades en el manejo de los recursos por parte de operadores a los que se les entregó el dinero para que manejaran el plan de sustitución.
Hay que recordar que en 2016, tras la firma de los acuerdos, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual debía ejecutarse al mismo tiempo que la reforma rural integral.
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Bajo este panorama, el presidente fue categórico: “La política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción”. Para este, la política no funciona y se corre el riesgo de que la corrupción “nos va a ahogar a nosotros mismos”.
Luego de esto, Díaz, quien estuvo en el cargo desde el 29 de mayo del 2017 hasta el 7 de agosto de 2018, señaló que la entrega de recursos a las familias para los programas de sustitución se hacía directamente y a través del Banco Agrario, y que en ningún caso había intermediarios.
En 2016, tras la firma de los acuerdos, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual debía ejecutarse al mismo tiempo que la reforma rural integral.
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
«Eran entregas mensuales de un millón de pesos y sobre eso existen los registros de que se hacía sin ningún tipo de intermediación u operador. El apoyo y el acompañamiento lo recibimos, por mandato del acuerdo de paz, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entidad que venía trabajando en temas de sustitución en el país de muchos años atrás», dijo.
Contó que fue esta oficina la única que tuvo incidencia en el proceso y que lo hacía era verificar y hacer seguimiento a los proyectos productivos que aprobaba el programa.
«Para la toma de decisiones en el programa por Ley de la República que he creado unas instancias de participación ciudadana con los campesinos y ahí era donde hacía la planificación, seguimiento y ahí se discutían los problemas que pudiera tener el programa para corregirlos», agregó.
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En ese sentido, señaló que ese acompañamiento de la ONU dejó de existir con la llegada del Gobierno Duque. «Tengo entendido que fue sustituida por múltiples operadores y las instancias de participación que se habían creado con los campesinos fueron suspendidas», puntualizó.
«De manera tal que el presidente está mal informado, fue mal informado y debe proceder públicamente a corregir la afirmación», concluyó.
REDACCIÓN POLÍTICA
