Durante su visita a Tumaco, Nariño, el presidente Gustavo Petro cuestionó el enfoque individual del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), criticó la ejecución del gobierno de Juan Manuel Santos y denunció que “la plata no llegó” a las familias beneficiarias.
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Sobre esto último, el mandatario aseveró que hubo “irregularidades” en el manejo de los recursos por parte de operadores a los que se les entregó el dinero y calificó la política de sustitución generada en ese gobierno como “un antro de corrupción”.
Este programa se creó en 2016 con el objetivo de generar oportunidades productivas para que aquellas familias que viven de los cultivos de uso ilícito abandonen estas economías.
El primero en responder a las declaraciones del primer mandatario fue Eduardo Díaz, exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien en conversación con EL TIEMPO afirmó que fue durante el gobierno de Iván Duque que el Pnis cambió su forma de entregar recursos.
Señaló que mientras estuvo en el cargo, entre 2017 y 2018, la entrega de recursos a las familias para los programas de sustitución se hacía directamente y a través del Banco Agrario, y que en ningún caso había intermediarios.
Los 75 homicidios ocurrieron en 12 departamentos, de los cuales cinco concentraron el 82 por ciento de los casos. En la foto, un cultivador de coca en Caquetá.
Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
“Eran entregas mensuales de un millón de pesos y sobre eso existen los registros de que se hacía sin ningún tipo de intermediación. El acompañamiento lo recibimos de ONU contra la Droga y el Delito”, dijo, y agregó en una carta firmada junto con el exconsejero para el Posconflicto Rafael Pardo que la llegada del modelo de operadores y fiducias ocurrió en el siguiente mandato y que las afirmaciones del Presidente “son falsas”.
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Un mensaje similar envió desde su cuenta de X el expresidente Juan Manuel Santos. “Los jefes de Estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen”, escribió citando la carta de los exfuncionarios.
Por su parte, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y la Consolidación en el gobierno Duque, manifestó que durante esa administración el Pnis pasó a depender de la Agencia de Renovación del Territorio y que, por tal motivo, el programa –que contaba con dos fuentes de financiación: presupuesto general y Fondo Colombia en Paz– comenzó a entregar la operación por licitación.
Además, agregó que en el gobierno anterior el 75 por ciento de las familias recibió asistencia técnica, uno de los cinco componentes del programa, y le pidió al presidente evidencia de que esos recursos no se entregaron a sus beneficiarios.
Felipe Tascón Recion, director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Néstor Gómez. EL TIEMPO
Según Felipe Tascón, director del Programa de Sustitución de Cultivos, el problema con este modelo es que a las empresas que se les entregaron los contratos eran incapaces de cumplirlos. “Alegan problemas de orden público, pero la realidad es que fue la comunidad quien los bloqueó porque se les entregó a empresas sin nexo con el territorio”, explicó.
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Además, dijo que muchos de esos operadores están ejecutando con recursos del programa y no con aportes propios.
“No hay tal músculo financiero, que fue el elemento por el cual se les asignó contratos, y eso es un acto irregular en el que se le da el triunfo a una empresa por ese elemento, que, en términos reales, no cumple”, dijo, y agregó que este gobierno recibió solo 386 familias –de 99.000 que se unieron al programa– con el 100 % de ejecución.
REDACCIÓN POLÍTICA
