La Defensoría del Pueblo radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una ampliación de las medidas cautelares solicitadas el pasado 30 de agosto en beneficio de 77 personas, entre las que se encuentran alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y personeros, así como candidatos y candidatas a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
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Según el órgano, esta nueva solicitud se realiza teniendo en cuenta el incremento de la violencia en todo el país durante el mes de septiembre.
“En dicho escrito expusimos brevemente algunos hechos que han sucedido de manera posterior a la presentación de la referida medida, los cuales han sido reportados desde nuestras Defensorías Regionales, en virtud de denuncias realizadas por las personas afectadas; hechos que reflejan el incremento de casos de amenazas”, agrega la Defensoría en la solicitud.
La primera solicitud que realizó el órgano ante la CIDH -y que, según fuentes contactadas por EL TIEMPO, está en estudio-, se sustenta en la alerta temprana 030, publicada el pasado 23 de agosto, y que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
La alerta temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (nueve), Antioquia y Caquetá (siete cada uno), Arauca y Huila (seis cada uno), Meta (cinco), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (tres cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que, según la Defensoría, existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (principalmente cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
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En la nueva solicitud también relacionan otros hechos que sustentan el pedido de ampliación de las medidas cautelares. Indican que el 26 de julio de este año sostuvieron una reunión con el entonces comisionado Joel Hernández, de la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos, en donde expusieron las alertas tempranas emitidas desde la Defensoría del Pueblo y “la falta de respuesta institucional por parte del Gobierno Nacional”.
Y es que según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), este es el periodo preelectoral más violento registrado desde que la organización inició el seguimiento a los comicios locales en 2018 –más de 320 hechos violentos en los primeros siete meses del calendario electoral–.
Mapa de riesgo electoral presentado por la MOE.
Jaiver Nieto. EL TIEMPO / MOE
Allí -en la solicitud de la Defensoría-, también mencionaron los escenarios de riesgo para las elecciones municipales y departamentales en el 2023 y el aumento de los ataques a la libertad de prensa y expresión en contra de mujeres periodistas.
“En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia que revisten estos asuntos de cara a la protección de derechos humanos, mediante comunicación remitida el día 10 de agosto de manera respetuosa solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de DDHH, la realización de una audiencia para abordar en detalle las temáticas esbozadas en la reunión con el comisionado Joel Hernández”, agregan.
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Luego, señalan que en una visita a Washington realizada en agosto por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se expuso ante la CIDH su preocupación por el incremento de la violencia y la “exacerbación del conflicto armado”, además, del incremento de la influencia de los grupos armados ilegales en algunas regiones del país.
En esa misma visita, indica la Defensoría que el funcionario le entregó a la Comisión un escrito de coadyuvancia a la solicitud de medidas cautelares presentada por el fiscal Francisco Barbosa por las denuncias de un plan para atentar contra su vida que vendría por parte del Eln.
REDACCIÓN POLÍTICA
