La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, quien encabeza la investigación de los principales casos de corrupción vinculados al narcotráfico en el país andino, reafirmó que está en la mira de los criminales que asesinaron a un candidato presidencial.
“Creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos dos, a él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo”, aseveró la titular del Ministerio Público en un video publicado el domingo en su canal de Youtube.
Villavicencio fue acribillado en agosto de 2023 al salir de un acto político en el norte de Quito. Siete de los 13 detenidos como presuntos autores materiales fueron asesinados en la cárcel.
En el video que difundió aseguró que “he perdido la libertad”, porque “vivo prácticamente bajo arresto”, declaró sobre la permanente custodia militar y policial que le acompaña.
Salazar acude a las audiencias y actos públicos con chaleco antibalas y acompañada de hombres fuertemente armados, además de que la fiscalía está rodeada de barricadas, vehículos policiales y tanques militares.
“Yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles y creo que ese es un derecho que todos tenemos, sin embargo, es el precio que estamos pagando por hacer lo correcto”, aseveró.
La fiscal negó que aspire a la presidencia y develó que una vez que concluya su período de seis años en 2025, se dedicará a su familia.
Ecuador está inmerso en una ola de violencia que ha escalado a niveles nunca antes vistos, y que las autoridades adjudican a la presencia de organizaciones del crimen organizado vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que se disputan territorios y rutas para el trasiego de drogas.
La fiscal anunció en diciembre la investigación denominada “Metástasis”, la cual es “una radiografía sobre cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en algunos casos”, dijo entonces.
De esta investigación, que sacudió las estructuras estatales, derivaron otros como “Purga” y “Plaga” en las que fueron acusados políticos, policías, altos funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, un jefe antinarcóticos y custodios penitenciarios, entre otros.
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