En medio de la arremetida violenta del ‘Estado Mayor Central’ en departamentos como Nariño, Valle del Cauca y Cauca, delegados del Gobierno y voceros de esta organización acordaron que el próximo 8 de octubre arranque, en Tibú, Norte de Santander, la primera fase del proceso de negociación y un cese del fuego de 10 meses.
En entrevista con EL TIEMPO, Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, habló sobre los temas que serán prioridad en la agenda de las conversaciones y sobre los dos atentados de ese grupo de esta semana, los cuales -según información preliminar- dejaron dos personas muertas y 10 heridas.
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¿Cómo recibe la delegación esta nueva arremetida violenta?
Ese atentado fue condenado de manera abierta por nosotros, por el Gobierno, por el Alto Comisionado y por todos los sectores. Forma parte de esas acciones supuestamente de confrontación armada, pero que en la práctica dañan a civiles, generan terror entre la población y por supuesto, que son completamente contrarias a cualquier principio del DIH.
Si persisten estas acciones, ¿se puede pensar en desistir del cese del fuego?
No se ha contemplado, pero si se presentara una escalada donde haya afectaciones a la población civil, daños a la infraestructura de hospitales y de escuelas, por supuesto, que la presión social y la indignación sería muy grande y eso podría torpedear muchísimo el camino hacia la instalación de la mesa.
El presidente Petro ordenó mayor presencia de la Fuerza Pública y retomar el control en esa región, ¿eso tiene alguna implicación en el proceso?
El Estado y el Gobierno tienen la obligación en todo momento de brindar las garantías de derechos y seguridad de la población, de hacer acciones en contra de actividades ilícitas, economías ilegales y, en ese sentido, es su deber, no solamente porque no se está todavía en cese del fuego, sino porque hay aspectos en los cuales el Gobierno no puede declinar sus obligaciones.
El Gobierno no puede declinar su obligación de actuar frente al fenómeno del narcotráfico y de otras economías ilegales. Eso es una obligación y eso no ha entrado en ningún pacto que implique que el Estado tiene que silenciarse frente a actividades que signifiquen violaciones a la Constitución y a la ley.
Atentado con carro bomba en Potrerito el 22 de septiembre de 2023.
Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
El ‘Estado Mayor Central’ anunció un cese del fuego unilateral, ¿cree que lo cumplan?
Es un compromiso muy fuerte que han hecho, veremos la capacidad de disciplina con todas sus estructuras. Pienso que todo va en dirección de que se cumpla y que eso nos permita llegar a la reunión del 8 con un ambiente más propicio, porque lo que se viene dando en el departamento del Cauca es prácticamente un chantaje a la voluntad de la gente.
¿Se puede decir que hay división entre los frentes y los que negocian?
No. Creo que en el Cauca se ha presentado una situación derivada de la ofensiva del Ejército para cortar todo lo que es el corredor del Micay, que es un corredor de tráfico de cocaína y de armas, entonces ese posicionamiento de las Fuerzas Armadas ha generado muchas reacciones.
A principio de año ya hubo un cese del fuego que el Gobierno rompió ante los reiterados incumplimientos de esa disidencia, ¿se puede esperar voluntad real de paz por parte de ese grupo?
Ha habido un proceso de preparación en el que se tiene en cuenta la experiencia de un año de exploraciones e incluso también la propia experiencia de lo que se hizo con ese cese del fuego. Además, analiza las condiciones por las cuales se declaró suspendido en aquel momento en cuatro departamentos y que luego en la fase final entró en el limbo. Entonces, se trata de establecer reglas del juego también para la suspensión o la terminación de ese cese, pero también para la prórroga. En conclusión, se trata de aprovechar las experiencias anteriores para dar las reglas en el proceso.
Sobre la mesa, ¿a qué acuerdos llegaron en esta fase de acercamientos con el ‘Estado Mayor Central’?
Como se dice en la declaración conjunta, el 8 de octubre en la instalación de la mesa de manera formal, se va a anunciar el inicio del cese del fuego y de hostilidades a la población, lo mismo que los mecanismos de verificación y el procedimiento para la agenda. Ese cese va a tener una duración de 10 meses, con una presencia de garantes internacionales y una metodología de participación de las comunidades.
Estado Mayor Central de las Farc
¿Por qué Tibú como primera sede?
Nos pareció a todas las delegaciones un lugar adecuado y con simbolismo por el compromiso de las comunidades y las exigencias que tienen muchos sectores de que avance este proceso de paz.
El alcalde de Tibú gobierna desde el exilio por la amenaza de los grupos armados, ¿antes de definir esa sede hablaron con él?
No, pero esperamos contar con la presencia del alcalde y que se resuelva esa situación anómala. De todas maneras, por supuesto que las autoridades tendrán que estar allí presentes, al igual que todas las delegaciones del Gobierno y la institucionalidad, así como la delegación del ‘Estado Mayor Central’.
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¿Creen en el compromiso del ‘Estado Mayor Central’ de respetar las elecciones?
Ellos han hecho manifestaciones unilaterales, que se encaminan a dar instrucciones a sus frentes de no intervenir en las campañas electorales y a no ejercer presión de ningún tipo. Eso incluye el día de las votaciones y de permitir el libre ejercicio del derecho al voto.
¿Cuáles van a ser los temas prioritarios para la agenda en este proceso?
La agenda se está construyendo y se va a enriquecer con el aporte de los sectores sociales, pero en principio lo que se ha considerado es tener una agenda de dos niveles que se pueden desarrollar simultáneamente. Primero, temas que puedan tener una aplicación inmediata; y en un segundo nivel, asuntos de transformaciones sustantivas que requieren procedimientos con el Congreso y trámites de largo plazo.
¿Qué temas se incluyen en esos niveles?
En la implementación inmediata, se ha indicado en el propio acuerdo de la declaración conjunta que vamos a dar la prioridad a acuerdos y normas del Derecho Internacional Humanitario, temas de protección a la población, de alivio en cada uno de los temas del DIH y a otras situaciones sociales que afectan a las comunidades y que son urgentes de solucionar en esos territorios.
Y los otros asuntos ya se han adelantado algunos aspectos, se ha hablado de aspectos ambientales, del ordenamiento territorial, de ampliación de las comisiones de participación y de los elementos de democracia. Pero por ahora son ideas que tendrán que ser todas procesadas para definir la agenda que va a ser presentada con más elementos el 11 de noviembre.
Se va a dar un plazo de consultas entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre, período en el cual también se van a montar los mecanismos nacional, regional y local de verificación y se van a ajustar todos los protocolos. No quiere decir que todos los asuntos van a ser clarificados, pero se trata de tener un cronograma que muestre avances en todo momento.
Estado Mayor Central de las Farc
¿Por qué incluir un acuerdo de respeto a la población civil? ¿No se da por hecho que será así?
Se trata de un acuerdo de protección de los derechos, las libertades y la vida de toda la población, también de lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza y medidas humanitarias urgentes. Esos son elementos centrales, que tienen que ver con el concepto de respeto a la población civil que en otro lenguaje se ha hablado de no hostilidades a la población civil.
En la declaración conjunta también se habla de la evaluación del cese y de otros acuerdos, ¿cómo será esa revisión y qué se tendrá en cuenta para mantener la tregua?
Eso depende de los pactos que se vayan construyendo. Tienen que definirse los tiempos, los recursos, las responsabilidades, los lugares, los participantes, los procesos de inclusión de la participación de la gente y así mismo los indicadores de cumplimiento. Son cuestiones que están en la agenda para precisar, pero que se puede señalar de manera general que no serán solamente declaraciones y cosas para dejar en el papel, sino de garantizar que lo que se pacte se cumpla.
También habrá otras evaluaciones relacionadas con el cese del fuego, con el no desarrollo de hostilidades y sobre eso el mecanismo de verificación monitoreo va a hacer un trabajo muy importante, por eso cuenta con un componente nacional y uno internacional y aparte de eso hay unos países garantes. Es probable que incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorice al representante del secretario general en el país para que también incluya dentro de sus tareas, la verificación de este proceso que se inicia el 8 de octubre.
Algunos sectores ven como algo positivo que las negociaciones se hagan en Colombia, pero también piden participación, ¿veremos eso en estos diálogos?
Eso es un elemento central y no solamente en la fase uno que se denomina ‘Fase de preparación y de construcción de instrumentos’, sino en todo el proceso. Desde el 8 de octubre al 11 de noviembre se le va a dar un lugar central al diálogo con diferentes sectores sociales y comunidades para ir construyendo la agenda específica y, por supuesto, lo que sigue durante todos esos meses estará marcado por la participación de la ciudadanía y también por la construcción de acuerdos políticos que simultáneamente tienen que darse para que este proceso realmente sea uno de unidad nacional, de grandes consensos y que comprometa el conjunto del Estado.
Buscamos que no solo sea una mesa de diálogo con organizaciones armadas, sino que sean procesos de paz integral que incluya a muchos sectores. También que incluya los aprendizajes de todo este periodo de acercamiento y lecciones importantes de lo que fue la construcción del Acuerdo de La Habana, que forma parte de los activos para la fase que tenemos, una que busca cerrar de manera definitiva lo que han sido siete décadas de conflicto armado en Colombia.
Estado Mayor Central de las Farc.
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Firmantes de paz criticaron lo acordado hasta la fecha por no incluir la protección de sus vidas, ¿es un tema que se tocará durante las siguientes fases?
Es un tema supremamente importante que ha estado en la agenda incluso desde las conversaciones exploratorias y que tendrá que ser incorporado en los compromisos expresos a partir del inicio del cese del fuego y en los compromisos que buscan defender la población civil y a todas las expresiones organizadas.
En el documento también se habla de un acuerdo sobre personas privadas de la libertad que hacen parte del ‘Estado Mayor Central’, ¿eso qué implica?
Sobre ese tema no se ha llegado a un acuerdo, pero es otro de los elementos importantes para la agenda que se va a definir el 8 de octubre. Ojalá se establecieran los protocolos iniciales, pero de todas formas está dentro de las prioridades de los temas abordados en el primer período.
José Félix Lafaurie y Fabio Valencia le enviaron una carta a Danilo Rueda, a Pablo Beltrán y a Andrey Avendaño solicitándoles un acuerdo entre Emc y Eln para proteger a la población, ¿lo ve viable?
Es una muy buena iniciativa la que han tomado el doctor Lafaurie y el doctor Valencia Cossio porque veo posible que se dé una tregua entre esas organizaciones. De hecho, se han dado pactos transitorios entre el Eln y algunos frentes del ‘Estado Mayor Central’, algunos están vigentes en zonas del Magdalena Medio y del Catatumbo.
Eso quiere decir que por ese camino se puede lograr que se generalicen esos pactos regionales y ojalá se llegue a una situación de tregua nacional. Realmente es una situación muy grave que se estén dando estas confrontaciones que afectan las condiciones de vida de la población, produciendo desplazamientos y afectando en general a la vida de las personas, al mismo tiempo que se adelantan conversaciones para la búsqueda de un acuerdo de paz. De modo que yo creo que se van a ir creando las condiciones, ojalá en poco tiempo, para que lleguemos a ese tipo de treguas como las que han insinuado en esta carta los doctores mencionados.
Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno.
Claudia Rubio / El TIEMPO
Hay muchas críticas y desesperanzas por este proceso, ¿cree que puedan llegar a buen puerto?
Lo primero que hay que hacer es señalar la importancia que ha tenido para Colombia el acuerdo de paz del 2016. Ese acuerdo generó un giro histórico y trascendental en la historia de Colombia que ha permitido dinámicas sociales y políticas de cambio tremendamente innovadoras. Ha implicado disminución de situaciones de violencia, de niveles de confrontación, de afectaciones a las comunidades, por supuesto que ha tenido tropiezos por la no aplicación de los acuerdos y por la no existencia de una unidad suficiente nacional para la implementación de los acuerdos.
Eso nos deja lecciones muy importantes, pero sobre la base de todas esas lecciones, es que se está construyendo el camino de la ‘paz total’. Una paz más completa, es decir, no ha habido la pretensión de cerrar definitivamente el conflicto y en las negociaciones pasadas ha habido faltantes.
En ese sentido, ahora se trata de incorporar a todos aquellos que puedan contribuir a un paso definitivo a una nueva etapa histórica en Colombia, una etapa donde los problemas de la política y de las disputas económicas no se hagan con guerra , sino que se haga con las reglas de juego de una democracia verdadera y yo creo que es el sentido fundamental de la búsqueda de una solución política.
CAMILO A. CASTILLO
@camiloandres894
REDACCIÓN POLÍTICA
