La vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión por administración fraudulenta, una pena bastante menor a la solicitada por la Fiscalía, pero que la exmandataria rechaza y atribuye a una "mafia paraestatal", que asegura que la quiere "presa o muerta".
Al cabo de un juicio que desde mayo de 2019 ha tenido en vilo a Argentina, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidenta a la pena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en relación a la concesión de obras viales.
Los jueces, sin embargo, la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita por los que también la acusaba la Fiscalía, que en este juicio había solicitado una pena de 12 años de cárcel para Fernández.
En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso diversas penas de prisión a Báez y a siete exfuncionarios públicos, pero absolvió a otros cuatro acusados, entre ellos a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015.
Vínculos corruptos
El tribunal, que difundirá los fundamentos de su fallo el 9 de marzo próximo, dijo en un comunicado que tiene la "certeza" de que entre 2003 y 2015 "tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional" mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz que "fueron sistemáticamente adjudicadas" a empresas vinculadas a Báez.
Los jueces afirmaron que existieron "vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la Administración pública, nacional y provincial, y las empresas" de Báez.
Esos "lazos", indicaron, "fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)".
Respecto a la absolución por asociación ilícita, alegaron que "no se encuentra configurado el requisito típico objetivo vinculado a la pluralidad de planes delictivos".
El tribunal ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).