El senador Iván Cépeda se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el cual negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el cual inició en la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.
El senador del Pacto Histórico, que es parte del proceso, fue crítico frente a la labor que ha desarrollado el ente acusador en el proceso contra el expresidente Uribe.»Durante los once años en que se han investigado estos hechos, tres años han estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la que ha propiciado un escenario de impunidad a favor del imputado», dijo Cepeda.
En ese sentido, el congresista expresó que, a su consideración, los argumentos frente a una posible responsabilidad de la cabeza del Centro Democrático son tan contundentes que en tres ocasiones se ha negado el pedido de preclusión pretendido por la Fiscalía y se le ha invitado a esta a continuar con las investigaciones.
Bajo esta argumentación, Iván Cepeda le pidió a la Fiscalía que nombre lo más pronto posible un nuevo fiscal que se haga cargo del caso y que en esta ocasión sí se presente el correspondiente escrito de acusación.
Asimismo, le pidió a la Procuraduría que nombre un nuevo delegado «para que en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales intervenga en la actuación procesal en defensa del orden jurídico y vigile que se respeten las garantías fundamentales, entre ellas, el debido proceso y los derechos de las víctimas».
Este es el comunicado íntegro de Cépeda:
«Como es de conocimiento público, el día de hoy la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 41 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en el auto de 23 de mayo de la anualidad, mediante el cual negó la solicitud de preclusión presentada por el ente investigador. En nuestra condición de víctima y representante de víctima nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente:
1.- Durante los once años en que se han investigado estos hechos, tres años han estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la que ha propiciado un escenario de impunidad a favor del imputado y, al igual que el Ministerio Público, ha actuado, apartándose de su deber de independencia e imparcialidad, a favor de las pretensiones de la defensa del procesado, a tal punto que, contraevidencia, las Fiscalías Sexta y Tercera Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia presentaron en dos ocasiones solicitud de preclusión de la investigación.
2.- No obstante, las víctimas y representantes de víctimas en el desarrollo de las audiencias de solicitud de preclusión han demostrado ante la justicia y la opinión pública, apoyadas en el acervo probatorio recaudado y en sólidos argumentos jurídicos, la culpabilidad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez frente a los delitos que se le imputan. Hoy, el Tribunal Superior de Bogotá confirma, lo que de manera reiterada hemos dicho, que es posible inferir su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le investiga.
3.- Le solicitamos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa designe, de manera inmediata, un nuevo fiscal para que adelante esta actuación procesal y, sin más dilaciones, presente escrito de acusación contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, con fundamento en: (i) la totalidad de hechos jurídicamente relevantes delimitados por la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia; (ii) los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obra en el expediente, de manera íntegra; y, (iii) las consistentes y robustas decisiones adoptadas en este proceso por los Jueces de la República.
4.- De igual manera, le solicitamos a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, designe un nuevo representante del Ministerio Público para que en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales intervenga en la actuación procesal en defensa del orden jurídico y vigile que se respeten las garantías fundamentales, entre ellas, el debido proceso y los derechos de las víctimas.
5.- Finalmente, reiteramos nuestro respeto irrestricto por la justicia y sus decisiones, y seguiremos ejerciendo nuestros derechos en la búsqueda de verdad y justicia, en desarrollo del proceso penal».
