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La CIDH condena inhabilitaciones de opositores en Venezuela y dice que es «crucial» levantarlas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles las inhabilitaciones administrativas en contra de políticos opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de «gobiernos autoritarios».

En un comunicado, este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que “estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana”, al tiempo que exhortó al gobierno de Venezuela “a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política de todos los sectores.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial, María Corina Machado y del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, quienes, en diciembre, ante esa instancia y en el contexto de un acuerdo político en Barbados, introdujeron recursos para hacer frente a la medida.

María Corina Machado ganó en octubre de 2023 las primarias de la principal alianza de la oposición con una abrumadora mayoría y aspira ser la candidata en las elecciones presidenciales de Venezuela, que están previstas para algún domingo del segundo semestre de 2024, pero la fecha exacta, que determina el poder electoral de línea oficialista, aún se desconoce.

La CIDH dijo que “al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno”.

El organismo reitera que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución.

En el comunicado, la CIDH dice que es “crucial” en Venezuela el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Por último, le solicita al gobierno “adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, normalmente, desoye las recomendaciones de la OEA, organización de la que solicitó formalmente salirse en 2017.

Venezuela estuvo representada en la OEA por un enviado del opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino por varios países, hasta enero de 2023, cuando la propia oposición puso fin al gobierno provisional.

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