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La justicia espera a Hacienda para reforzar su respuesta a la violencia contra la mujer

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En pleno repunte de asesinatos machistas, Juzgados como el de Villarreal (Castellón) o Pamplona denuncian colapso y jornadas que se extienden por falta de medios y la complejidad de los procedimientos

En pleno repunte de los asesinatos machistas -han sido 25 en todo el verano, un total de 49 en lo que llevamos de 2023- los juzgados de violencia sobre la mujer en toda España, especialmente los que simultanean este asunto con la investigación de otro tipo de delitos, acusan una situación de colapso de la que llevan años alertando. Es el caso de Pamplona o de los juzgados de Villareal en Castellón, cuyos responsables utilizan incluso redes sociales como Instagram para hacer llegar a los ciudadanos la situación.

Por su parte, el Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de que Hacienda libere los créditos necesarios para poner en marcha las nuevas 70 unidades judiciales previstas para este año, que incluirán varias plazas especializadas en esta materia. La idea es llevar el real decreto próximamente al Consejo de Ministros para que los nuevos juzgados entren en funcionamiento antes de que termine el año, pero la actual situación política y sus urgencias propias pesan también sobre este asunto.

La opinión general es que estos juzgados sufren un deterioro continuo desde 2015, ya que cada vez asumen más competencias, pero contando con los mismos medios, una situación que se agrava debido a que la mayor parte de los asuntos de violencia de género en nuestro país siguen llevándolos unidades judiciales no especializadas, apunta Jorge Fernández Vaquero, de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria. La solución podría pasar también por la redistribución de la carga de trabajo que pesa sobre los magistrados destinados en los Juzgados mixtos con competencias en la materia.

Las estadísticas oficiales siempre van algo detrás de la realidad, pero terminan registrando evidencias sobre la situación. Así, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vilareal, en Castellón, entraron 2.550 asuntos en 2022. Fue el que más casos tuvo que afrontar de la Comunidad, unos 1.500 más que el de Torrevieja, que fueron no obstante un total de 920. Su decana, María Isabel Llambés, lo confirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica: «Estamos auténticamente desesperados, como decana he hecho múltiples informes y peticiones a la Sala de Gobierno y a la Presidencia del Tribunal Superior».

La situación se repite en otros territorios. El pasado viernes, el presidente del Tribunal Superior de Navarra, Joaquín Galve, hizo público un «alarmante» incremento del 40 por ciento de asuntos en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. El único juzgado del partido judicial de Pamplona registró entre enero y junio de este año 1.062 procedimientos, un 46 por ciento, más que en el mismo periodo del pasado año.

Por ello se mira con especial interés la elección que adopte el departamento liderado por Pilar Llop respecto a las nuevas 70 unidades judiciales que ha anunciado para este año y que, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, están aún pendientes de aprobación por parte de Hacienda. Según informó EFE a principios de este mes de septiembre, más de la mitad de ellas se ubicarán en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, y entre ellas habrá varios nuevos juzgados especializados en violencia sobre la mujer 

El CGPJ cree que son necesarios 11

Respecto a la creación de nuevas plazas, el Consejo General del Poder Judicial trató este asunto en su pleno del pasado 19 de julio. El órgano de Gobierno de los jueces realiza sus peticiones teniendo en cuenta la información que les llega de las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales superiores de justicia en cada comunidad, a lo que suman el resultado de los informes de la Inspección del propio Consejo, que dan cuenta sobre los juzgados más saturados.

Según datos consultados en este organismo, frente a las plazas ofrecidas, la realidad exigiría, según el CGPJ, la creación de un total de 444 nuevas unidades judiciales de las que 11 deberían ser juzgados de violencia sobre la mujer. Se apunta incluso la ubicación: Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real, Badajoz (en su sede Mérida), Santiago, dos en Madrid, Cartagena, Murcia y Pamplona. Como solo se ofertan 70 plazas, este órgano opta por Pamplona, donde se encuentra la mayor saturación.

Sistema “endiablado”

Desde Jueces para la Democracia su portavoz Edmundo Rodríguez Achútegui reconoce a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el sistema de refuerzo es «endiablado»: la judicatura propone las nuevas plazas a través de las salas de Gobierno de sus tribunales superiores, y también participan las comunidades autónomas con competencias que acogen (o no) dichas peticiones y las plantean al Ministerio. «Así que los jueces no sabemos exactamente lo que va a pasar», añade.

Desde la judicatura también se advierte de que, además de la carga de trabajo, la dificultad pasa por lo especial de los procedimientos asociados a estos órganos judiciales, como son los necesarios para acordar órdenes de protección, que exigen respuestas inmediatas. «No es mucho trabajo para un juez, pero sí para los funcionarios que tienen que implementarlos», se señala desde estas fuentes, que advierten que además la labor se encuentra mal recompensada económicamente porque «en los juzgados de violencia no hay guardias», como las que se abonan en los juzgados de instrucción mediante sus respectivos complementos.

Para la portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, los problemas se circunscriben a los juzgados mixtos con competencia en violencia de género, mientras que Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, llama la atención sobre que «oficialmente se nos llene la boca con la necesidad de luchar contra la violencia de género, pero luego no se pongan medios para esa lucha».

Para este juez, la solución a la violencia contra las mujeres no debe ser únicamente la penal, pues el derecho llega únicamente cuando las situaciones ya se han producido. «Pero para las víctimas no es lo mismo esperar quince días para su juicio que seis meses, no es lo mismo que se puedan acceder a medidas como la pulsera telemática, que no puedan obtenerla del juzgado porque no tenemos, no es lo mismo que deba esperar para declarar en el juzgado de guardia junto con la familia del denunciado, que hacerlo en una estancia aparte, etc.», apunta a este diario.

Mientras tanto, los jueces y juezas a pie de obra siguen con sus problemas, tal y como advierte Llambés, que apunta que de los órganos de los que ella es decana dependen casi un millar de víctimas del sistema policial de seguimiento y protección Viogén.

Sobre la situación de estos órganos en particular y la petición que realizaron para que se cree un juzgado de violencia sobre lamujer número 2 en el municipio -o al menos se ofrezca un juez de refuerzo-, tomó conocimiento el pasado mes de marzo el Consejo del Poder Judicial, si bien se adjuntó un informe desfavorable de su Servicio de Inspección. Desde entonces, están a la espera de la decisión al respecto que adopte Justicia con el presupuesto que dote el Ministerio de María Jesús Montero.

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