José Félix Lafaurie, negociador en la mesa con el Eln, y Fabio Valencia Cossio, miembro de la delegación que se sentará el próximo 8 de octubre a negociar con el ‘Estado Mayor Central’, enviaron una carta a Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, y a los voceros de ambos grupos armados en el que les piden un acuerdo para proteger a la población civil.
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«Aunque un acuerdo de cese al fuego con el Gobierno es necesario y urgente, no lo es menos un Acuerdo entre grupos armados que se encuentran adelantando negociaciones de paz, pues lo contrario no se compadece con la ‘voluntad de paz’ que es inherente a un proceso de negociación para alcanzar, precisamente, la paz», se lee en la misiva.
En el documento, dirigido también a Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, y Andrey Avendaño, vocero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, los negociadores esgrimen tres razones por las que es fundamental lograr un acuerdo en ese sentido.
«Primero: lo más importante, la gente en los territorios; las víctimas de desplazamiento, de confinamiento y de la zozobra de la violencia, que se suma a la del abandono, la peor de las violencias; las personas que hoy no pueden ‘vivir tranquilamente en los territorios’ «, agregaron.
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También mencionan la situación de violencia que atraviesan hoy departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y la región del Catatumbo, por los enfrentamientos entre grupos que adelantan conversaciones con el Gobierno, y cómo esta situación «le resta credibilidad a los procesos».
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«La confrontación entre grupos armados en proceso de negociación y, por tanto, con ‘voluntad de paz’, al afectar gravemente a las comunidades, convoca la intervención de la Fuerza Pública, obligada a cumplir su deber constitucional de proteger a la población, lo cual, a su vez, deriva en eventuales ‘incidentes’ que caen en la órbita de los respectivos mecanismos de monitoreo, convirtiéndose en obstáculos a los dos procesos», dijeron sobre esa tercera razón para pedir la tregua.
Ambas delegaciones se reunieron el martes en el parque de la vereda Playa Rica, en Suárez, (Cauca) para comunicar los acuerdos alcanzados hasta la fecha.
Oswaldo Paez. Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Hay que recordar que el pasado martes, la delegación de paz del Gobierno y los voceros del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, disidencia de ‘Iván Mordisco’, acordaron que el próximo 8 de octubre arranque, en Tibú, Norte de Santander, la primera fase del proceso de negociación.
Ese mismo día, se promulgará el decreto del denominado ‘Acuerdo de respeto a la población civil’ -del que no revelaron detalles- y del cese del fuego bilateral.
Ese día, en la sesión de instalación de la mesa de diálogo, también se discutirán los protocolos que regirán el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación de la tregua -que tendrá una duración de 10 meses, es decir, hasta el 8 de agosto del 2024-, la agenda temática y las próximas sedes de la negociación.
Este anunció llega en medio de la arremetida violenta por parte de este grupo en departamentos como Cauca y Nariño y del llamado al Gobierno por parte de las comunidades de municipios como Jambaló, en donde la semana pasada en medio de hostigamientos hacia la Policía fueron testigos de la destrucción de la sede del Banco Agrario por parte del frente Dagoberto Ramos y el ataque a un helicóptero del Ejército con armas de largo alcance.
REDACCIÓN POLÍTICA
