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Legisladores de Luisiana aprueban castración quirúrgica a culpables de delitos sexuales contra niños

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Los jueces de Luisiana podrían ordenar la castración quirúrgica de personas declaradas culpables de delitos sexuales contra menores de edad, según una iniciativa de ley aprobada el lunes por la legislatura estatal. Si el gobernador republicano Jeff Landry la promulga, el estado sería aparentemente el primero con tal castigo.

Los legisladores de Luisiana aprobaron el proyecto de ley que daría a los jueces la opción de ordenar una castración quirúrgica después que la persona haya sido declarada culpable de ciertos delitos sexuales con agravantes — como la violación, el incesto y abuso— contra un niño menor de 13 años.

Un puñado de estados —incluidos California, Florida y Texas— cuentan actualmente con leyes que permiten la castración química. En algunos de esos estados, los infractores pueden optar por el procedimiento quirúrgico si así lo prefieren. Pero la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales señaló no tiene conocimiento de que algún estado permita que un juez imponga una castración quirúrgica.

Durante más de 16 años, los jueces de Luisiana han tenido la facultad de ordenar que las personas que son declaradas culpables por este tipo de delitos reciban una castración química, aunque rara vez se emplea. La castración química utiliza medicamentos para bloquear la producción de testosterona con el objetivo de reducir el deseo sexual. La castración quirúrgica es un procedimiento mucho más invasivo.

“Esta es una consecuencia”, dijo la senadora estatal republicana Valarie Hodges durante una audiencia de comisión en abril pasado. “Es un paso que va mucho más allá de simplemente ir a prisión y salir”.

El proyecto de ley recibió un amplio apoyo en las dos cámaras del Congreso del estado, ambas bajo control republicano. Los votos en contra de la iniciativa vinieron en su mayoría de los demócratas, a pesar de que la disposición fue redactada por una legisladora demócrata, la senadora Regina Barrow. La medida ahora pasa al escritorio del gobernador, quien decidirá si la promulga o la veta.

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