La Superintendencia de Industria y Comercio dio este viernes nuevos detalles acerca de la investigación que comenzó contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y 29 clubes profesionales.
A través de este proceso, la SIC intenta determinar si estas entidades “están desarrollando comportamientos de manera coordinada para obstaculizar el desarrollo del fútbol femenino en Colombia”.
El vocero de la SIC en este tema fue Francisco Melo, superintendente delegado para la protección de la competencia. Melo fue enfático en que esta actuación no se puede interpretar como una intervención del Gobierno al fútbol profesional, lo que podría acarrear una sanción de parte de la Fifa.
“La decisión consiste en iniciar una actuación administrativa orientada a determinar si unos hechos existieron o no y si tienen un carácter delictivo para generar una restricción a la libre competencia en el desarrollo de la Liga femenina en Colombia. De ninguna manera se puede interpretar como una intervención del Gobierno en el mercado del fútbol, simplemente es la apertura de una investigación”, insistió Melo.
Francisco Melo, superintendente delegado para la protección de la competencia.
El funcionario indicó que ya hubo procesos similares en otros países y que eso no generó ninguna consecuencia en cuanto a la actuación de clubes y selecciones en torneos internacionales. “Este debate ya se ha dado en otros países como Chile y México. En algunos casos han dejado acciones sancionatorias y esas federaciones siguen vinculadas a la Fifa”, aseguró.
Melo se refirió a “cuatro comportamientos” que habrían tenido la Federación, la Dimayor y los clubes para afectar la libre competencia. El primero, que “habrían acordado estandarizar unas cláusulas de los contratos laborales”.
La SIC investiga si los clubes se habrían puesto de acuerdo para limitar los contratos al periodo que dura la Liga profesional de cada año. “Históricamente se ha jugado una liga de uno a cuatro meses y eso duraría el contrato”, dijo Melo.
Además, también se investiga si los equipos incluyeron en el contrato que las jugadoras cedieran los derechos de explotación de imagen individual, sin remuneración adicional y por un periodo más largo que la duración del vínculo laboral.
También es objeto de investigación el hecho de que los 29 clubes habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras mediante el establecimiento de tablas salariales. “Esto habría estado orientado para que ese salario estuviera lo más cercano al mínimo legal. Analizamos 1.274 contratos y en la mayoría correspondería a las tablas salariales”, relató Melo.
Santa Fe y América fueron los finalistas de la Liga femenina este año.
Juan Rueda. EL TIEMPO
La SIC también ratificó que se investiga la razón por la cual la FCF y la Dimayor, a pesar de quejarse constantemente de la falta de recursos para hacer la Liga femenina, rechaza el ofrecimiento de los dineros ofrecidos por el Gobierno para promocionarla.
“La razón que los habría motivado, presuntamente, es que no es conveniente tener esos recursos para no quedar expuestos a la fiscalización y a la auditoría de los entes de control de Colombia. El fútbol femenino no habría podido beneficiarse porque las entidades no querrían rendir cuentas sobre uso de dineros públicos”, señaló el superintendente delegado.
También se investiga el contrato que la Dimayor tiene firmado con el canal Win Sports, en el que se establece que se debe transmitir un partido por jornada de la Liga femenina, contra 10 de la masculina.
«El fútbol femenino no habría podido beneficiarse porque las entidades no querrían rendir cuentas sobre uso de dineros públicos”.
“En las cláusulas dice que ese partido se puede reemplazar por cualquiera de las otras competiciones. Eso puede ser problemático para el desarrollo del deporte porque la transmisión hace parte de la promoción y se consigan anunciantes para la financiación para el desarrollo”, dijo Melo.
El funcionario insistió en que esto apenas es el comienzo de una investigación. “Es posible que las instituciones investigadas soliciten la terminación anticipada mediante el ofrecimiento de garantías y asuman compromisos serios que generen beneficios serios que mejoren la competencia”, señaló.
Sobre el tiempo en que esta investigación debe dar resultados, Melo expresó: “La ley no establece tiempos específicos. Nuestro compromiso es tramitar esto con toda la diligencia del caso y tener un avance lo más pronto posible. No todos los tiempos dependen de la autoridad. Si los investigados ofrecen esos compromisos la actuación administrativa se detiene un momento mientras se estudian esos compromisos y si se aceptan, pues el proceso termina”.
Esta investigación es independiente de otra que la entidad lleva a cabo desde hace algún tiempo contra las mismas entidades por un supuesto veto para la contratación de jugadores. “Ese tema está concentrado en masculino, la investigación está en curso”, dijo Melo, y agregó que inicialmente se presentaron unas garantías, pero que estas fueron rechazadas a través de la interposición de algunos recursos.
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