Luego de tres horas y media de retraso, ayer finalmente se instaló la mesa de negociación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (Emc) –las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’–.
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El evento estaba programado para que iniciara a las 9 de la mañana en el Club Barquito de Tibú, Norte de Santander, pero comenzó hacia las 12:45 de la tarde.
La espera generó molestia entre los asistentes, pero la incertidumbre terminó cuando se conoció –hacia las 12:30 p. m.– que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el cual se estableció el cese del fuego bilateral, temporal y nacional.
Esta medida, de acuerdo con el documento que fue leído en medio del acto en Tibú, inició a partir de la medianoche de hoy y se prolongará hasta el 15 de enero de 2024. El decreto advierte que el Gobierno podrá prorrogarlo y ese es el objetivo, según dijeron desde la delegación del Ejecutivo.
Delegaciones del Gobierno y el EMC.
“Se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional en contra de los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP”, dice el texto haciendo énfasis en que esa directriz empieza a regir desde hoy hasta el día que finaliza este cese del fuego temporal.
En este sentido, el decreto es claro en señalar que a pesar de la orden de cesar las operaciones ofensivas, “no se suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales”.
Ahora bien, entre los compromisos de las delegaciones está no poner en riesgo la seguridad de las partes firmantes del acuerdo de cese del fuego y no utilizar esta medida “para obtener ventajas militares”.
Un aspecto importante que quedó contemplado en el artículo 3 es que el cese contará con la elaboración de un protocolo que “determine las áreas en las que hace presencia el Estado Mayor Central de las Farc-EP, las cuales serán objeto de validación por parte del Gobierno Nacional”.
Y es que las disidencias se habían negado a entregar las coordenadas de sus campamentos y ese fue uno de los motivos por los cuales se retrasó la instalación de la mesa el 8 de octubre pasado.
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El monitoreo
Respecto al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, en el artículo 10 quedó consignado que esta instancia técnica estará integrada por delegados del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Emc.
Sobre la participación de la Misión de Verificación de en Colombia, se indicó que está sujeta a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aún no está lista.
Igualmente, señalaron que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MappP/OEA) puede hacer parte, “si así lo decide”.
Por otro lado, se contempla que este comité de verificación tenga el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y elConsejo Mundial de Iglesias. Además, el Gobierno se comprometió a autorizar a las personas designadas por el ‘Estado Mayor Central’ para que hagan parte de dicho mecanismo.“En el marco de la ley contarán con las garantías necesarias para el cumplimiento de su misión”, se lee en el decreto. Esta instancia se instalará la próxima semana.
Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, en su intervención durante el evento de instalación manifestó que el reto que inicia ahora es grande.
“No hay un solo libreto para las soluciones negociadas, ni recetas infalibles, ni fórmulas lineales, ni certidumbres. Pero sí hay un precepto ético que obliga a escoger el camino que signifique optimizar la ganancia en vida, en disminución de daño y victimización”, aseguró.
Igualmente agregó: “Vale la pena intentar conversar en medio de un cese al fuego con rigurosos compromisos de respeto a la población civil”. Por otro lado, enfatizó en que no es necesario esperar hasta un acuerdo final para avanzar en acuerdos parciales que puedan ayudar a disminuir la violencia contra la población civil.
El jefe de la delegación, Camilo González Posso.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz / Camilo Castillo. EL TIEMPO
Lo pactado entre Gobierno y EMC
Entre los compromisos que pactaron, por ahora, están acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; no generar desplazamiento forzado ni confinamiento de la población civil; respetar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del DIH.
Igualmente se comprometieron a no realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad física, cultural y territorial de la población civil y “evitar acciones que afecten la seguridad alimentaria” y los bienes necesarios para la salud y la vida digna de la población civil.
Un punto clave en esta lista de acuerdos tiene que ver con los comicios electorales del 29 de octubre. Señalaron que no se podrá “interferir en los procesos electorales ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas”.
Por último, indicaron que se comprometen a suministrar información “clara, precisa y oportuna” por los canales establecidos para evitar “incidentes y garantizar la eficiencia técnica del mecanismo”.
También enfatizaron en que se empleará un lenguaje respetuoso y sin estímulo a la estigmatización o a señalamientos.
El presidente Gustavo Petro indicó que Colombia, con este segundo proceso, espera dar un mensaje de paz. “No podemos lanzar un mensaje coherente de paz al mundo si nos matamos entre nosotros mismos”, concluyó.
Operaciones contra la ilegalidad se mantienen
Las Fuerzas Militares mantendrán operaciones contra la ilegalidad.
El decreto deja en claro que aunque haya un cese del fuego bilateral, “no se suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales”.
Y así lo había hecho saber el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, a los altos mandos (generales y almirantes) al reiterar que se debe actuar contra el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros, extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el código penal colombiano.
Y en esa línea, el decreto plantea que los uniformados deben asegurar, además, “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional”, lo que se debe ver reflejado en las elecciones del 29 de octubre, que serán custodiadas por cerca de 200.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por lo que el cese del fuego bilateral no implica “que los militares o policías salgan de alguna zona del país; al contrario, se va a reforzar su presencia, inicialmente en los puntos de votación”, dijo uno de los oficiales encargado del Plan Democracia.
De hecho, es el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, el encargado de emitir los lineamientos para que los integrantes de la Fuerza Pública cumplan con lo estipulado con el decreto y así, el comandante de las Fuerzas Militares realizará un programa con las unidades en todo el país para dar a conocer las instrucciones por el cese de operaciones ofensivas, y lo acordado para la verificación –de parte y parte– del cese a través de instancias nacionales e internacionales.
En esa misma línea actuará el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca.
Aura Saavedra y Alicia Liliana Mendez
REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA
