Esta semana, el Pacto Histórico en conjunto radicó en Cámara un proyecto de ley estatutaria para garantizar el derecho a la protesta social. La propuesta ha generado rechazo en la oposición por cuenta de algunas de sus propuestas que considera van contra el accionar de las Fuerzas Armadas.
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Así, por ejemplo, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, definió la iniciativa como “peligrosa” por puntos como que la Policía Militar no podrá hacer parte de la Fuerza Pública que haga control de las manifestaciones.
“Se prohíbe el involucramiento de las Fuerzas Militares en actividades de atención e intervención de protestas sociales y manifestaciones públicas, así como cualquier tipo de cuerpo armado con funciones y equipamiento militar”, dice el texto presentado.
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Para Cadavid, “anulará por completo que el Ejército haga presencia”. Un tema básico, pues en los criterios internacionales se establece que debe ser una fuerza cívica y no militar la que asuma la vigilancia o control de una protesta.
Otro de los puntos en los que hubo críticas fue un apartado en el que se propone que la Policía anuncie de forma previa que hará uso de la fuerza en el marco de una movilización. De acuerdo con el articulado, el objetivo es que haya la mayor publicidad para que los que marchen pacíficamente sepan que va a haber una intervención de la Fuerza Pública.
En ese mismo sentido, la oposición presentó sus reparos al punto del articulado que establece que la cantidad de uniformados que custodian una marcha “no deberá superar la cantidad de personas que ejercen su derecho a la protesta social y la manifestación pública”. Sobre este punto, Cadavid expresó: “Una persona que tenga fines de marchar pacíficamente no debe estar preocupada por la cantidad de hombres que tiene la Policía en las calles de Colombia”.
El punto en el que más críticas hay es en el relacionado con el “derecho a réplica y rectificación”. El texto radicado este miércoles dice que las personas que hagan uso de su derecho a la protesta social podrán acceder a medios de comunicación públicos o privados para responder “a afirmaciones o comunicaciones que exprese cualquier funcionario o autoridad pública en relación con el ejercicio y desarrollo de protestas sociales y manifestaciones públicas”.
A consideración del representante Cadavid, se vulnera el derecho de libertad de información de los medios a los que se obligue a transmitir esa réplica y al mismo tiempo cuestionó que se otorgue este derecho, pues está equiparando a las organizaciones sociales que se movilizan con partidos políticos.
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La iniciativa incluye otros puntos como la prohibición para que las movilizaciones sirvan para “expresar y promover la discriminación, la violencia por razones políticas, religiosas, étnicas, raciales o de género, propaganda de la guerra, apología al odio y a la violencia”.
En esa línea también se deja establecido que será el diálogo y la mediación “como instrumentos prioritarios para atender la protesta social y las manifestaciones públicas. Asimismo, se establece que solo podrá haber desconcentración si hay “daños graves a la vida e integridad de las personas”.
En este proyecto también se tuvo en cuenta situaciones como los posibles cortes de internet en medio de la movilización de 2021, por lo que se dejó expreso que no puede usarse en el marco de la protesta ningún “mecanismo, estrategia, obstáculo para evitar la transmisión efectiva, veraz e inmediata de opiniones, hechos y motivaciones relacionados con las manifestaciones”.
En esa misma línea se establece en el proyecto una protección expresa a los periodistas que estén en el cubrimiento de las marchas. Asimismo, se debe garantizar la atención debida a los heridos y lesionados en el marco de las movilizaciones.
El proyecto también busca que se deje claro que el uso de la fuerza para el control de las movilizaciones de ser un “último recurso” y debe obedecer a principios consagrados a nivel internacional como “legalidad, proporcionalidad, precaución, diferenciación, no discriminación y neutralidad”.
