Las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía sobre el pago de eventos de la campaña de Gustavo Petro por parte de Euclides Torres puso al presidente a dar explicaciones frente a esas posibles colaboraciones del megacontratista y a reaccionar por el anuncio de la Fiscalía de una compulsa de copias en su contra ante la Comisión de Acusaciones. En un largo trino el mandatario se manifestó frente a las revelaciones periodísticas y a la polémica por estas.
Específicamente, el mandatario habló del evento del 10 de septiembre de 2021. Ese día, en la Plaza de la Paz de Barranquilla, el primer mandatario dio un largo discurso en un evento cuyo elemento más llamativo fue una tarima con forma de ‘P’. Le madrugó a la discusión electoral y dicha intervención será recordada por el tono religioso de lucha entre el bien y el mal que luego le imprimió a toda su campaña.
A simple vista fue evidente el amplio gasto en el que incurrieron para esta movilización: las tarimas, las luces, la logística, el transporte de los presentes y demás. En su momento los cercanos al entonces candidato informaron que todo el dinero había salido de empresarios barranquilleros, cuya identidad se mantuvo en reserva. Sin embargo, las declaraciones del primogénito presidencial dan a entender que todos los recursos vinieron de Euclides Torres.
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Más allá de la posible colaboración del empresario, vinculado a distintos sectores, la situación pasa a que los recursos gastados en dicha movilización no están reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las cuentas de las consultas interpartidistas o la campaña de primera o segunda vuelta. Ninguna autoridad tiene reporte de los recursos usado en esa y otras movilizaciones previas a la campaña.
El presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro.
Ricardo Maldonado. EFE – Instagram: @nicolaspetrob
La respuesta del mandatario ante las posibles polémicas es que no había ninguna exigencia legal para reportar estos recursos. De acuerdo con el calendario electoral, solo hasta el 13 de noviembre comenzaba la campaña para las elecciones legislativas, lo que incluyen las consultas interpartidistas, y solo hasta el 29 de enero iniciaba formalmente la campaña presidencial.
Esto implica que solo hasta esas fechas había campaña política en firme, lo que implica que todas las actuaciones anteriores estaban por fuera del paraguas de las campañas políticas. Precisamente el presidente Gustavo Petro se cobijó bajo este argumento.
“Se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas. Ni al interrogador de la fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió si quiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestación de la ‘P’ en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”, fue la defensa del primer mandatario.
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Y es cierto que no hay ley alguna que le obligue al mandatario a hacer este tipo de reportes de eventos previos a las campañas formalmente consolidadas. Al menos hubo 8 eventos antes del 13 de noviembre con características de proselitismo electoral que no estuvieron amparados por las leyes de campañas, consagradas en la ley 1475 de 2011, y 13 eventos si se extiende hasta el 29 de enero como fecha formal de inicio de campañas presidenciales.
En el ordenamiento colombiano hay limitaciones para hacer publicidad política extemporánea, que significa “promoción de nombres, símbolos, mensajes o emblemas que no han sido registrados ante el Consejo Nacional Electoral y que identifiquen una persona dentro de la sociedad, lo cual afecta las garantías de los procesos electorales en virtud del posicionamiento anticipado del nombre de un eventual y fututo candidato dentro de unas elecciones”, como quedó establecido en la resolución 3717 de 2014.
La multitudinaria concentración en Barranquilla liderada en un acto de Gustavo Petro
Prensa Gustavo Petro
Aunque las movilizaciones anteriores a la campaña formal podrían enmarcarse en esta prohibición, existe una puerta que es la divulgación política, que establece que los partidos políticos y movimientos pueden hacer una divulgación política “con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de estos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional”, como consagró la Corte Constitucional en un fallo de 1994.
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Esta sería la excepción en la que se amparan las movilizaciones que realizó Gustavo Petro en la previa a la campaña presidencial de 2022. Como no existe ninguna reglamentación en estos temas, el ahora presidente se movió en ese vacío normativo para dar inicio a su campaña presidencial antes de que oficialmente iniciara y todos los recursos invertidos en estos actos no quedaron reportados por eso mismo.
No obstante, exmiembros del CNE, que pidieron reserva de su nombre, tienen otra opinión y enmarcan lo hecho en ese momento por el ahora presidente como un acto de campaña que debió haber sido asumido por el tribunal electoral para emitir las sanciones correspondientes por campaña política de forma extemporánea.
El caso Daniel Quintero
El ahora exalcalde Daniel Quintero presentó su carta de renuncia a las cinco de la mañana del domingo y ya en la tarde comenzó a hacer campaña por Juan Carlos Upegui en la tarde. El gesto no fue bien recibido, porque el que fue hasta hace unas horas el alcalde de los medellinenses se metió de lleno a la contienda para intentar poner un sucesor de su cuerda.
En este caso, Daniel Quintero también aprovechó un vació legal. En el ordenamiento colombiano, los presidentes, alcaldes y gobernadores tienen prohibida la participación en política electoral. Sin embargo, no hay ninguna inhabilidad para los que salen de sus cargos.
Exalcalde de Medellín, Daniel Quintero
Alcaldía de Medellín
Esto quiere decir que apenas se abandonen dichas dignidades, de inmediato pueden salir a las calles a hacer campaña política. El caso Quintero no fue el primero. Antes estuvo la movida de Rodolfo Hernández. Este abandonó su cargo antes de tiempo en 2019 para hacerle el quite a una sanción de la Procuraduría y también poder hacerle campaña a Juan Carlos Cárdenas, actual alcalde.
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La polémica viene que no hay ninguna restricción o inhabilidad extendida para su participación en política. Esto puede ser problemático debido a que pesar de que salen del cargo, dejan en el gobierno local a fichas suyas, por lo que igualmente pueden desequilibrar la balanza electoral. Sin embargo, también está en la contradicción de los derechos a elegir de un ciudadano, como pasa a ser cualquier mandatario que renuncia a su cargo.
Para el profesor y analista político Yann Basset califica lo hecho por Quintero como un intento por hacer un quite a la ley, pero termina siendo una decisión «
