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Manifestantes pro-Palestina enfrentan restricciones de expresión y consecuencias legales

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En las semanas transcurridas desde que comenzaron las protestas contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza en los campus universitarios de Estados Unidos, el número de personas arrestadas se ha disparado a miles.

La policía desde la ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles ha estado disolviendo campamentos de protesta, a veces violentamente, y acorralando a los manifestantes.

En Estados Unidos, donde el derecho a criticar públicamente al gobierno y el derecho a reunirse para protestar contra sus políticas están consagrados en la Constitución, la dispersión de las protestas es un tema delicado.

Pero si bien la ley federal garantiza la libertad de expresión, esa libertad no es ilimitada.

Elegir la desobediencia civil

A lo largo de los siglos, los tribunales federales han establecido que algunas restricciones a la libertad de expresión, en particular las relacionadas con el «tiempo, el lugar y la manera» en que se pronuncia, son legalmente permisibles.

Desde al menos el Movimiento por los Derechos Civiles, los miembros de los movimientos de protesta en EEUU a menudo han violado esas restricciones a sabiendas y a propósito, participando en lo que comúnmente se conoce como «desobediencia civil».

En estados de todo el país los manifestantes que se manifiestan contra la guerra en Gaza se han enfrentado a diversos cargos, entre ellos allanamiento de morada y reunión ilegal. Muchos de los arrestados pueden enfrentar penas de cárcel, la comparecencia ante un juez y posibles sanciones legales. Los estudiantes que protestan también pueden enfrentarse a medidas disciplinarias internas por parte de las universidades.

La Primera Enmienda y las obligaciones de los gobiernos

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión y reunión.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Primera Enmienda solo obliga a los gobiernos federal y estatal, no a los individuos e instituciones privadas.

«En una universidad pública, la Primera Enmienda regulará lo que esa institución puede hacer con respecto a los manifestantes», dijo a la VOA Vera Eidelman, abogada del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Por el contrario, las universidades privadas son libres de establecer sus propias reglas sobre la expresión permitida.

«El gobierno puede imponer reglas neutrales de contenido, lo que significa que no pueden basarse en el mensaje que están expresando los manifestantes que razonablemente llegan en el momento, lugar o forma de la protesta», apuntó Eidelman.

En la práctica, eso a menudo significa límites en cosas como el uso del habla amplificada a altas horas de la noche y acampar en espacios públicos.

«Reglas como esa, que son neutrales en cuanto al contenido y son razonables y no tienen como objetivo suprimir un mensaje, generalmente están disponibles para que el gobierno las aplique», reiteró.

No todos son neutrales

Los defensores de las libertades civiles han señalado que algunas de las medidas coercitivas que se están tomando contra las protestas parecen ser ejemplos de cómo el gobierno actúa para cerrar determinados tipos de expresión, lo que no está permitido por la Primera Enmienda.

En Texas, que tiene una ley estatal que protege el derecho de los estudiantes a protestar en el campus, el gobernador Greg Abbott anunció preventivamente que no se permitiría que se llevaran a cabo protestas pro-Palestina en la Universidad de Texas en Austin y envió agentes de la ley para evitar que los manifestantes se reunieran.

Abbott dijo que estaba bloqueando la protesta porque sería «antisemita», una afirmación que, según los defensores de los derechos civiles, no justifica la supresión de la expresión.

«Estábamos muy preocupados por lo que vimos en UT Austin», dijo a la VOA Alex Morey, vicepresidente de defensa del campus de la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación.

«Tuvimos una gran objeción a eso, porque dijimos: ‘No se trata de romper la desobediencia civil o mantener el campus a salvo de la violencia. Te estás adelantando a la protesta pacífica y estás diciendo que se basa en puntos de vista'», dijo.

Impacto de las detenciones

Para los miles de manifestantes que han sido arrestados en las últimas semanas, las consecuencias pueden ser muy variadas.

En Austin, por ejemplo, a la mayoría de las docenas de manifestantes detenidos durante la redada preventiva de Abbott se les retiraron los cargos casi de inmediato. Fueron liberados rápidamente después de que los fiscales encontraran poca base para presentar cargos.

Sin embargo, según Trisha Trigilio, abogada sénior del Proyecto de Reforma de la Ley Penal de la ACLU, el impacto en otros manifestantes podría ser más grave.

En Estados Unidos, la policía puede mantener legalmente a una persona bajo custodia durante 48 horas antes de que sea llevada ante un juez y acusada formalmente de actividad ilegal.

«El arresto puede ser bastante violento, y los días siguientes después del arresto, cuando las personas están detenidas en la cárcel, también pueden ser realmente dañinos», dijo Trigilio a la VOA. «Los manifestantes podrían faltar al trabajo y perder sus empleos. Hay muchos estudiantes arrestados y no cumplen con los plazos importantes que conducen a los exámenes finales y la graduación. La gente fue arrestada hacia fin de mes, y el alquiler se debía pagar en el momento en que muchas personas fueron encarceladas».

«Escucharás a la gente de las fuerzas del orden hablar de estar encarcelado por ‘solo unos días’, pero en realidad es muy grave», dijo Trigilio. «Estos arrestos pueden tener efectos realmente duraderos».

Cargos varios

Los tipos de cargos a los que se enfrentan los manifestantes varían significativamente. Algunos son relativamente menores, y la pena máxima consiste en una multa. Otros, sin embargo, enfrentan consecuencias mucho más graves, como el caso de algunos de los estudiantes arrestados en la Universidad de Columbia, que irrumpieron y ocuparon un edificio del campus antes de ser desalojados por la policía.

«Hemos visto a personas acusadas de delitos graves», dijo Trigilio. «Aquí en Nueva York, la gente fue acusada de robo. Es muy común, cuando hay este tipo de idas y venidas emocionales entre la policía y los manifestantes, que la policía acuse a las personas de resistirse al arresto o agredir a un oficial. Sus cargos, como asalto y robo, pueden elevarse a delitos graves dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre».

En EEUU la condena por un delito grave puede ser una carga grave. En algunos estados, a los delincuentes se les priva del derecho al voto y, en muchos casos, un delito grave complicará las perspectivas de empleo de una persona.

Pero incluso el simple hecho de ser acusado de un delito grave puede ser perjudicial, ya que muchas jurisdicciones exigen que el acusado pague una fianza en efectivo antes de ser liberado de la custodia.

«Un estudio reciente mostró que la mayoría de los estadounidenses no pueden permitirse un gasto de emergencia de 400 dólares», dijo Trigilio. «Y es muy común que la fianza en efectivo requiera pagos mayores que eso para que las personas salgan de la cárcel».

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