El nicaragüense Héctor Rosales emigró a Costa Rica en 2018 para, según dice, resguardarse del gobierno de Daniel Ortega, que lo acosaba por su labor como periodista. Ahora, casi seis años después, Rosales emigró a Estados Unidos gracias a un programa del gobierno en Washington llamado Movilidad Segura.
Movilidad Segura, implementado el 12 de junio del año 2023, busca establecer rutas legales hacia EEUU para refugiados y migrantes en Sudamérica y Centroamérica. El programa cuenta con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El programa es una vía relativamente eficiente para que los nicaragüenses exiliados en Costa Rica legalicen su estatus, en comparación con solicitar refugio en ese vecino país.
En Costa Rica las solicitudes de asilo se encuentran estancadas. Según datos proporcionados por la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería a la Voz de América, apenas el 4 % de las peticiones de refugio han sido aprobadas. La mayoría de los solicitantes son nicaragüenses.
Costa Rica alega que existe un exceso de solicitudes de refugio en su país y poco personal para atender las demandas.
Según dijo Rosales a la VOA, el programa de Movilidad Segura ofrece la oportunidad de «legalizar de todos tus documentos y estatus migratorios».
«Tenés un año de refugio y al siguiente año, tenés el derecho a tener una residencia en Estados Unidos. Después de cinco años, tenés derecho a solicitar la nacionalidad. En términos legales, es una gran oportunidad para nosotros los nicaragüenses que, lamentablemente, no podemos regresar ahora a nuestra Nicaragua por razones políticas, porque hay una dictadura que encarcela y reprime», dijo Rosales.
El programa otorga un estatus de refugio a quienes sean considerados elegibles, y -en caso de ser aprobadas- un año después las personas pueden obtener una residencia permanente en EEUU.
Hasta el 25 de marzo de este año, más de 166.000 personas han aplicado a la iniciativa de Movilidad Segura desde Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, según datos oficiales.
El tiempo aproximado para la aprobación del programa ronda los seis meses y en menos de un año las personas declaradas elegibles pueden viajar a Estados Unidos, según estimaciones proporcionadas por migrantes. El programa Movilidad Segura apoya con el viaje de avión al lugar de destino, pero luego es reembolsado en un período de tres años.
Rosales dice que su refugio en Costa Rica fue aprobado en 2021, tres años después de haber llegado a ese país, mientras que en Estados Unidos fue de forma expedita.
Otros programas pilotos para migrantes
Además del reasentamiento de refugiados en EEUU, el gobierno norteamericano brinda asistencia humanitaria a países de la región para promover la creación de programas de integración y regularización de migrantes.
En los años fiscales 2021, 2022 y 2023, EEUU proveyó más de 6.100 millones de dólares en asistencia para el desarrollo, economía, seguridad y salud en el Hemisferio Occidental, dijo un portavoz del Departamento de Estado a la VOA.
Los esfuerzos incluyen el fortalecimiento del acceso al asilo y la regularización en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y México.
“Estos programas, junto con los esfuerzos de los países socios, han brindado acceso a protección y estabilidad a millones de personas y han ayudado a reducir la migración irregular en la región y hacia EEUU”, dijo el funcionario.
En Ecuador, por ejemplo, OIM y ACNUR, con el apoyo de la Oficina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de EEUU (PRM), proporcionan personal y apoyo técnico al programa de registro y regularización. Desde que comenzó en agosto de 2022, más de 201.000 personas completaron el registro, 83.600 recibieron una visa de residencia temporal y más de 64.000 recibieron una cédula de identidad.
En México, con apoyo de ACNUR y en coordinación con el Gobierno de México, buscan ayudar a los refugiados a conseguir empleo, incluso en ciudades mexicanas con escasez de mano de obra a lo largo del cinturón industrial del país, y el programa ha beneficiado a más de 30.000 refugiados.
Y en Panamá, con fondos de PRM y ACNUR, el gobierno abrió una nueva oficina para su agencia de refugiados en la provincia de Darién el 25 de enero.
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