No es una exageración decir que los cárteles de drogas mexicanos son el enemigo público número uno de todos los estadounidenses, o al menos deberían serlo. Los cárteles son el denominador común que alimenta las crisis humanitarias, de seguridad y de fentanilo a lo largo de la frontera sur. En los últimos años, los cárteles se han fortalecido significativamente a raíz de las desastrosas políticas fronterizas de la Administración de Joe Biden y la cómoda relación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con ellos. Como resultado, hoy en día, los cárteles están literalmente matando a cientos de mexicanos y estadounidenses a diario. Ahora es el momento de dejar de admirar el problema y atacarlo de frente.
Los cárteles mexicanos son una amenaza para la seguridad nacional, y se debe implementar un enfoque de “todo lo anterior” para atacar esta amenaza de manera agresiva. Aquí hay varias soluciones de sentido común que ponen a los estadounidenses en primer lugar y a los cárteles en último lugar.
Primero, el gobierno estadounidense debe adoptar una estrategia que refleje la realidad de las amenazas que representan los cárteles a nuestra seguridad nacional. Hoy en día, la postura de los Estados Unidos de combatir los cárteles enfocada únicamente en la aplicación de la ley es inadecuada. Por mucho tiempo, hemos tratado de involucrar a las autoridades mexicanas a través de la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración del Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, y otros socios encargados en hacer cumplir la ley, pero hemos tenido un éxito limitado al hacerlo. Al mismo tiempo, no hemos hecho prioridad nuestra capacidad de recopilar inteligencia dentro de México, y nuestros líderes militares se han mostrado reacios a enfrentar esta amenaza. Necesitamos una mentalidad y estrategia diferente si esperamos tener éxito.
Segundo, la Administración Biden debe ponerse más dura con nuestros homólogos mexicanos. Históricamente, los Estados Unidos y México han tenido una relación especial debido a las 2,000 millas de frontera compartida que ha facilitado el comercio, turismo y otros intereses de beneficio mutuo. El presidente López Obrador ha violado el espíritu de esta relación transaccional a través de su política de “abrazos, no balas”, que ayudó a empoderar a los cárteles para alcanzar nuevas alturas, tanto en términos financieros como en las armas que han acumulado. Un creciente coro de críticos ahora cree que el presidente López Obrador es más aliado que adversario de los cárteles.
Para poner en práctica este nuevo y duro enfoque, la Administración Biden debe implementar una campaña diplomática y de relaciones públicas que haga demandas específicas. Deberían exigir que el presidente López Obrador realmente ejerza la soberanía del estado mexicano sobre su país y comience a proteger su propia ciudadanía de la violencia de los cárteles. Desafortunadamente, López Obrador ha cedido entre 35% y 45% del territorio mexicano a la soberanía de los cárteles. En lugar de enfocarse en los EE.UU. —como lo hizo recientemente al comentar sobre interferir en las elecciones estadounidenses o al afirmar que el fentanilo no se produce en México y que su país es más seguro que el nuestro—, López Obrador debe hacer más para proteger a sus ciudadanos. La Administración Biden debe presionarlo para asegurar nuestras comunidades.
Nuestro gobierno debe demostrarle a López Obrador que todas las opciones están sobre la mesa y que nosotros estamos dispuestos a tomar medidas contra los cárteles inmediatamente. Una opción que merece seria consideración es designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). A pesar de contradicciones por parte de la portavoz de la Casa Blanca, esta designación permitiría nuevas autoridades para interrumpir las operaciones de los cárteles mediante el uso de sentencias penales mayores y la capacidad de combatir la red de financiamiento de los cárteles. Otra opción que debemos considerar es el uso de fuerza militar contra los cárteles. Los dichos expertos se burlaron del presidente Donald Trump cuando consideró esta opción, pero su voluntad de explorar todas opción a nuestra disposición, algunas que no hemos usado desde que derribamos a Pablo Escobar en Colombia, fue la señal de un líder dispuesto a poner los intereses y seguridad de nuestra gente primero.
Si estas acciones por sí solas no persuadieran al López Obrador de implementar una estrategia más agresiva contra los cárteles, la Administración Biden debería considerar otras opciones, incluyendo programas de viajeros de confianza del Departamento de Seguridad Nacional. La administración podría suspender los programas de Comercio Libre y Seguro (FAST, por sus siglas en inglés) y la Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI, por sus siglas en inglés), que facilitan la entrada y salida en los puertos de entrada de nuestro país. Todas estas acciones proveen apalancamiento para que la Administración Biden obligue a López Obrador a tomar medidas decisivas contra los cárteles de drogas.
Nuestra experiencia nos dice que el gobierno mexicano es de naturaleza transaccional y responde a este tipo de presiones. La seria amenaza del presidente Trump de implementar tarifas comerciales presionó al presidente mexicano a que aceptara desplegar la guardia nacional mexicana en sus fronteras e implementar la política de “Permanecer en México”. Esta política pública de seguridad fronteriza ha sido la más efectiva e interrumpió en gran medida la trata de personas y el tráfico de drogas. Más recientemente, el estado de Texas tomó una acción similar cuando el gobernador Greg Abbott ordenó la inspección manual de todo camión con remolque que cruzara la frontera, lo que atrasó notablemente el procesamiento en los puertos de entrada. El comercio legítimo de México se retrasó porque Texas ya no podía correr el riesgo de que estos remolques contuvieran migrantes o drogas de contrabando, lo que presionó al gobierno mexicano de abordar la situación.
Tercero, las redes sociales y las empresas de tecnología financiera cuyas plataformas han sido utilizadas por los cárteles para llevar a cabo su tráfico ilícito de migrantes y fentanilo pueden desempeñar un papel importante en este esfuerzo. Estas empresas deben intensificar y desarrollar protocolos más sólidos para determinar cómo los cárteles se están aprovechando de sus plataformas y qué pueden hacer para evitar más actividades ilícitas. Las medidas de seguridad actuales no son suficientes para evitar que estas plataformas se utilicen con fines nefastos. En el pasado, estas empresas actuaron rápidamente para eliminar la propaganda terrorista de sus plataformas y congelar cuentas vinculadas a terroristas. Si estas empresas no realizan mejoras voluntariamente, el Congreso de los Estados Unidos debería estar dispuesto a usar su autoridad para obligar tal acción.
La seguridad fronteriza es parte de nuestra seguridad nacional, y es hora de tomar en serio la amenaza creciente que representan los cárteles mexicanos. El enfoque anterior no es suficiente. Necesitamos una estrategia más amplia y efectiva para derrotar a los cárteles, mantener el fentanilo fuera de las comunidades estadounidenses y asegurar la frontera.
Chad Wolf y Jorge Martinez
Chad Wolf es director ejecutivo y presidente del Centro de Seguridad Nacional é Inmigración del America First Policy Institute. Anteriormente, fue ex-secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración del presidente Donald J. Trump y Jorge Martínez es estratega de asuntos hispanos y portavoz del America First Policy Institute. Anteriormente se desempeñó como secretario de prensa en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y
Chad Wolf y Jorge Martinez
Chad Wolf es director ejecutivo y presidente del Centro de Seguridad Nacional é Inmigración del America First Policy Institute. Anteriormente, fue ex-secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración del presidente Donald J. Trump y Jorge Martínez es estratega de asuntos hispanos y portavoz del America First Policy Institute. Anteriormente se desempeñó como secretario de prensa en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y