Con un total de 330 denuncias, la participación de funcionarios públicos en política es la irregularidad electoral que más está registrando la Misión de Observación Electoral (MOE) en su plataforma Pilas con el voto.
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¿Qué tipo de conductas se están presentando? De acuerdo con Camilo Mancera, abogado de la Universidad de los Andes y Coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE, las acciones denunciadas hacen referencia a la utilización de recursos de las administraciones para favorecer campañas, la presión indebida a subalternos o personal de entidad públicas para que votar de una determinada manera y el aprovechamiento de las redes sociales para favorecer candidaturas.
“Estos reportes nos están haciendo referencia a funcionarios de administración municipales, es decir, alcaldías y secretarias de los distintos despachos”, asegura.
Camilo Mancera, de la Misión de Observación Electoral.
Para las elecciones locales que se celebrarán próximamente este tipo de delitos representan el 31,3 por ciento de los 1,053 reportes de irregularidades que han llegado hasta la fecha a esta herramienta.
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Le siguen las anomalías en publicidad y medios de comunicación (268 denuncias), irregularidades en el voto libre (153), inscripción de cédulas (90), calidades de los candidatos (66), irregularidades por parte de las autoridades electorales (58), seguridad y orden público (52), financiación (28) e irregularidades de género (8).
El departamento del cual están proviniendo la mayor cantidad de denuncias relacionadas con participación de funcionarios públicos en política es Antioquia. De acuerdo con la plataforma, hasta la fecha se han consignado 50 reportes de esta región, seguida por Cundinamarca (28), Nariño (27), Valle del Cauca (25) y Santander (24).
Ahora bien, Mancera explica que un mayor número de reportes no necesariamente quiere decir que se estén presentando más hechos, “sino que posiblemente son territorios donde hay un mayor conocimiento sobre lo que es el funcionamiento de Pilas con el voto o hay un mayor número de personas interesadas en hacer la denuncia. Antioquia es uno de los departamentos con mayor densidad poblacional y conectividad”, comenta.
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Para las elecciones del 2019, la MOE recibió un total de 983 reportes ciudadanos sobre intervención en política de funcionarios públicos, por lo que para los comicios del 29 de octubre se presenta una disminución, aunque aún quedan 24 días -los más decisivos-para definir a las autoridades locales del periodo 2024-2027.
Incluso es de conocimiento público que la veeduría tuvo que hacer énfasis en una carta sobre la participación en política de servidores públicos, concretamente después de cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
«Estos pronunciamientos por parte de una autoridad administrativa, sea esta municipal, departamental o nacional, pueden afectar la libertad de los votantes, en la medida en que podrían ver comprometida su voluntad de decidir libremente por la injerencia de los funcionarios que ostentan altos cargos en las instituciones públicas», dice la carta firmada por Alejandra Barrios, directora del observatorio.
Alejandra Barrios, directora de la MOE – Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Sergio Acero. EL TIEMPO – Presidencia
Para Jorge Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) la reiteración de la intervención indebida de funcionarios públicos es un reflejo de una fragilidad jurídica que no desarrolla de manera específica los alcances de dichas prohibiciones, las conductas que les son permitidas y las sanciones que deben hacerse efectivas.
«Esto lleva a que se deban dirigir sanciones efectivas para que estos funcionarios no puedan volver a ejercer cargos públicos. Este sería un direccionamiento que generaría un precedente», indica.
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«En materia disciplinaria se puede llegar a la revocatoria del cargo y que se imponga algún tipo de inhabilidad. Y en lo que se refiere a la materia penal, donde no es solo la intervención en política, sino también la desviación de recursos de la administración pública, implica, la comisión de unos delitos que pueden ir desde los cuatro años de prisión hasta los 16 años dependiendo de lo que se esté materializando», explica Mancera.
Por otro lado, Rico considera que esta situación muestra como el activismo político no ha sabido encontrar sus límites a la hora de ostentar un cargo público. “Tenemos muchísimos activismos en la política, pero cada vez menos técnicos en el ejercicio, eso significa que no hay un conocimiento y un reconocimiento de los deberes”, afirma.
Lo que dice la ley
Los incisos segundo y tercero del artículo 127 de la Constitución marcan que los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad “les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.
Asimismo, los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en “las condiciones que señale la Ley Estatutaria”. No obstante, el Departamento Administrativo de la Función Pública precisa que dicha ley aún no ha sido expedida por el Congreso de la República.
Por lo anterior, desde la MOE reiteran que hay grises que no permiten tener claridad de las restricciones para los funcionarios.
Daniel Quintero el día que renunció a la alcaldía de Medellín se reunión con su candidato Juan Carlos Upequi.
JAIVER NIETO ÁLVAREZ
De hecho, la Corte Constitucional declaró que la falta de determinación hace insuficiente la regulación, “puesto que no fija límites a una actuación que si bien permitida por la Carta lo es en forma excepcional y no como regla general”.
En ese orden de ideas, la Procuraduría expidió una circular en abril para vigilar las conductas de los funcionarios, a los que se les advirtió una serie de prohibiciones con el fin de que no intervengan en política como utilizar el cargo para apoyar actividades de partidos políticos o estar inmersos en controversias electorales.
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Además, en la circular se recuerdó que no se puede presionar a subalternos u otros ciudadanos para que respalden alguna campaña o algún candidato, y utilizar información reservada a la que se tiene acceso como funcionario público para utilizarla con fines electorales.
El año pasado, uno de los funcionarios que fue suspendido por su presunta participación en política fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Para estas elecciones, sin embargo, Quintero renunció a su cargo para meterse de lleno en la campaña de los candidatos de su partido Independientes.
Juan Pablo Penagos Ramírez
REDACCIÓN POLÍTICA
