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Piden a colombiano Petro que abogue por el levantamiento de inhabilitaciones a opositores en Venezuela

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Sesenta organizaciones de la sociedad civil venezolana, junto a líderes sociales, políticos y académicos pidieron al mandatario colombiano, Gustavo Petro, que “incida” sobre el presidente Nicolás Maduro para que levante las inhabilitaciones políticas a líderes de la oposición.

En una carta divulgada el martes, los representantes de la sociedad civil insistieron en que el levantamiento de las inhabilitaciones garantiza los derechos de participación, asociación y reunión de toda la población.

“El actual mandatario del hermano país conoce, en primera persona, las consecuencias de las inhabilitaciones políticas administrativas. Y de cómo, en su caso, fue la presión de la comunidad internacional -especialmente de los organismos de protección a derechos humanos- quienes evitaron situaciones de violencia e ilegalidad al revertir decisiones anómalas lesivas de derechos”, precisa el texto.

En 2013 el ex Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura, inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años a Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares y tras una sentencia favorable de la Corte IDH, en 2020, le fueron restituidos sus derechos políticos.

Junto a países como EEUU, Petro ha jugado un rol clave en el proceso de negociación entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, coalición de partidos de oposición.

Las organizaciones exponen que los líderes opositores venezolanos, Henrique Capriles y María Corina Machado, quien el domingo ganó la primaria presidencial que la convierte en la abanderada de la oposición para las elecciones de 2024, enfrentan una situación similar de restricción de derechos políticos.

Al menos un rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y altos funcionarios del gobierno han insistido en que no permitirán la inscripción de un candidato inhabilitado en los comicios.

“Así como el presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente su preocupación por las consecuencias negativas de las medidas coercitivas financieras unilaterales contra nuestro país, le pedimos que incluya dentro de su agenda diplomática de incidencia el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales sobre el respeto al espacio cívico”, continúa la carta.

En julio, el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUCH), Volker Türk, instó al Estado venezolano a levantar “todas las restricciones indebidas” al derecho a participar en asuntos públicos, ante los venideros procesos electorales en el país.

“Que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques de intimidación de personas que manifiestan disensión”, precisó al presentar el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela en un diálogo interactivo en el Consejo de DDHH de la ONU.

El informe final de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea (MOE UE) tras las elecciones regionales del 2021, formuló varias recomendaciones, entre ellas el reforzamiento de la separación de poderes y “suprimir la prerrogativa” de la Contraloría General de la República (CGP) de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones.

De acuerdo a un oficio de la CGR, divulgado en junio, Machado incurrió en “actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas”, entre ellas “errores” y “omisiones” en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial y precisa que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.

Pero, Machado insiste en que no ha sido notificada de la acción que ha calificado de “inconstitucional e ilegal”.

Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.

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