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Plan de Noboa de deportar 1.500 presos a Colombia choca con recelo de Petro

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El presidente Gustavo Petro afirmó el miércoles que la posibilidad de que al menos 1.500 presos colombianos en Ecuador sean deportados a Colombia, una propuesta de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, es un proceso que «no se puede hacer de la noche a la mañana” y que, para ello, “se deben respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe».

En declaraciones a los medios luego de participar en el panel ‘Un momento clave para América Latina’, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el mandatario también explicó que están en conversaciones con Ecuador y fomentando una “colaboración judicial” para evitar caer en «errores que ya se han cometido».

Precisamente, en el marco del Foro, la canciller ecuatoriana,Gabriela Sommerfeld , anunció más temprano que se hizo la solicitud a Colombia, en medio de un encuentro entre la funcionaria y el presidente colombiano.

“Son alrededor de 1.500, la solicitud está hecha por los 1.500; entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladarlos a todos, pero tenemos que empezar. La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia”, dijo Sommerfeld.

La Cancillería colombiana también confirmó este miércoles que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, se reunió con Sommerfeld para hablar sobre los avances de esta colaboración.

Crisis ecuatoriana

Ecuador está tratando de retomar el control de las cárceles que, además de estar saturadas, sirven como oficinas criminales y concentran en el poder a narcos que siembran el terror en el país, lo que genera que el sistema penitenciario sea uno de los principales ejes de la crisis de inseguridad que enfrenta la nación, aseguran autoridades.

Tras una oleada de violencia que se desató la semana pasada y que surgió tras la fuga de la cárcel de Adolfo Macías ‘Fito‘, líder de la banda criminal Los Choneros y la posterior fuga de otro jefe regional de la banda Los Lobos, Fabricio Colón Pico, el mandatario ecuatoriano decretó un estado de excepción debido a disturbios, quema de vehículos, amenazas, fuga de reos, entre otros actos violentos.

El miércoles pasado, Noboa afirmó que la decisión del traslado de presos, que también incluye a ciudadanos venezolanos y peruanos, responde al hacinamiento en las cárceles, pues cerca del 90 % de la ocupación carcelaria corresponde a ciudadanos de Colombia, Perú y Venezuela, y es una medida para además hacerle frente a la crisis de orden público que vive ese país.

“Colombia dijo que nos quería ayudar… Yo les dije: ‘Perfecto, ya les mandamos 1.500 presos que los tenemos en cárceles ecuatorianas’… Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y, de acuerdo a la ley ecuatoriana, nosotros los podemos sacar», dijo Noboa a Radio Canela de Ecuador.

«Podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera, y muchas gracias, quédense por allá”, añadió el presidente, quien habló también sobre el apoyo de otros países para enfrentar la violencia, entre ellos Colombia.

Además de «bajar el hacinamiento de las cárceles”, esto permitiría “reducir el gasto del Estado», señaló en la entrevista.

Solo en dos penales de Guayaquil hay más 10.000 reclusos, representando una tercera parte de la población carcelaria en Ecuador. Aunque el país cuenta con 36 cárceles con capacidad para casi 30.200 personas, el censo penitenciario de 2022 indicó que había un total 31.300 presos, de los cuales 3.200 eran extranjeros.

Además, desde 2021 más de una decena de matanzas carcelarias entre bandas causaron la muerte de alrededor 450 reos.

Las condiciones de Colombia

Los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia expresaron la semana pasada su disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, pero señalaron que este proceso se debe llevar a cabo cumpliendo el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito entre ambas naciones el 18 de abril de 1990.

Advirtieron, en este sentido, que la repatriación de los presos en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, ya que este es un proceso individual -no masivo-, “que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad”, reza el comunicado.

El convenio también establece que en la solicitud individual se deben tener en cuenta ciertos criterios para efectuar un traslado por repatriación de personas condenadas, como: que la persona haya cumplido al menos el cincuenta 50 % de la pena, se presente estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de la persona condenada en el extranjero o tenga una situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa, con dependencia severa o máxima total de la persona condenada.

Asimismo, que la persona privada de libertad tenga 65 años o más o esté en estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de los padres, hijos y/o cónyuge.

El documento también advierte que una eventual expulsión de los presos, diferente a la figura de repatriación, “constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”.

Al respecto, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, ha afirmado en varios medios que si Ecuador toma esta decisión de expulsión, su país debe recibirlos, con independencia de si tienen o no cuentas pendientes con la ley.

«Si los expulsan, en primer lugar los están expulsando de la cárcel; es decir, los están dejando en libertad y al llegar a la frontera por supuesto que un ciudadano colombiano puede entrar a Colombia», manifestó Osuna a la prensa.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, en Colombia, también hay un alto índice de hacinamiento que, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en 2023 alcanzó un 24,5 %, mientras que los recluidas en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) llega al 123 %, según la Defensoría del Pueblo.

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