60% de hispanos piensa que investigación de fiscal Bragg contra Trump está motivada políticamente. Estas son las razones

La investigación y acusación formal contra el expresidente Donald Trump, a cargo del fiscal Alvin Bragg y un gran jurado de Manhattan, está levantando un fuerte debate a nivel nacional sobre si el caso tiene méritos o se trata de una persecución política contra el principal líder de la oposición en Estados Unidos.

Mientras los demócratas arguyen que la fiscalía y el gran jurado actúan basados en los hechos y la ley, el Partido Republicano ha cerrado filas en torno al expresidente Trump, asegurando que el caso tiene todos los condimentos para apuntarlo como motivado políticamente.

Específicamente, los republicanos acusan al fiscal de Manhattan, Bragg, de utilizar o instrumentalizar el sistema judicial como arma política (o como se conoce en inglés, weaponization), para promover una agenda política e interferir en las elecciones presidenciales de 2024.

Las principales voces del GOP, desde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, potencial adversario de Trump de cara a las primarias republicanas, hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, señalan que el caso contra el expresidente carece de sustento legal y parece estar diseñado para perseguir al principal opositor al Gobierno de Joe Biden. 

Con los principales partidos tradicionales divididos, y con los medios de comunicación ajustándose a sus intereses y líneas editoriales, queda identificar qué opinan los americanos sobre la investigación contra Trump. Y los resultados pueden sorprender a más de uno, porque hasta poco, antes de que se formalizara la acusación, una buena parte de los americanos (62 %), pensaba que el fiscal Bragg está motivado políticamente, según una reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac, publicada el 29 de marzo.

Esta encuesta, además, arroja un número interesante: un 60 % de los hispanos piensa que el fiscal Bragg tiene motivaciones políticas para acusar a Trump, lo cual es llamativo, porque en Latinoamérica las persecuciones políticas o la utilización del aparato de justicia como arma política son comunes, especialmente en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia. 

Persecuciones en Latinoamérica 

En Cuba no hay partidos políticos opositores porque el régimen los prohibió, pero hay mucha disidencia, que es perseguida sistemáticamente con el mazo del poder judicial, completamente tomado por el castrismo. 

En 2021, entre el 11 y el 17 de julio, un histórico levantamiento ocurrió en la isla cuando cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles contra la dictadura de su país al grito de "abajo el comunismo". Las protestas, mayoritariamente pacíficas, fueron brutalmente reprimidas. Solo ese año, de acuerdo con un informe de la organización Prisoners Defenders, el régimen cubano apresó a más de 600 opositores políticos, de los cuales más de la mitad (370) fueron detenidos desde el 11J en adelante. 

No obstante, el propio informe señaló que los números de encarcelados solo representaban “una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable”. 

Nicaragua y Venezuela son dos países regidos bajo dictadores de corte socialista. Ambos, de forma similar, han aplicado como estrategia la inhabilitación de políticos opositores para que no puedan participar en elecciones generales. 

En el caso de Venezuela, tres de los principales políticos considerados opositores (Juan Guaidó, María Corina Machado y Henrique Capriles) están inhabilitados de cara a las elecciones presidenciales de 2024, cuyas garantías no están establecidas, como ya es común en el país sudamericano gobernado por el dictador Nicolás Maduro, quien en 2020 fue acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia.

Venezuela, en la última década, ha visto cómo el régimen de Maduro continuamente encarceló e inhabilitó a líderes opositores que luego fueron utilizados como monedas de cambio para negociar con la oposición en diálogos habitualmente cuestionados por la ciudadanía. Una estrategia que ha servido a Maduro y su régimen para ganar tiempo, fuerza y apalancarse en el poder. 

El tirano Daniel Ortega, en Nicaragua, replicó al pie de la letra la estrategia del chavismo y, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ahora mismo inhabilitó de por vida a 14 personas, entre ellas cuatro sacerdotes católicos y a opositores al Gobierno. Estas personas, según la ley de Ortega, no podrán acceder a cargos públicos de por vida. 

"Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con el agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido", sostuvo en febrero pasado dicho organismo. 

Esta táctica no es nueva. En 2021, la dictadura nicaragüense inhabilitó, a través del Consejo Supremo Electoral (CSE) de ese país, al partido conservador Ciudadanos por la Libertad, que en ese entonces, liderado por Kitty Monterrey, plantaba cara electoralmente al régimen sandinista. 

Ese año Ortega arrasó literalmente con la disidencia. Arrestando a decenas de líderes opositores, incluyendo siete aspirantes a la presidencia que en su mayoría fueron acusados por "traición" a la patria.

Recientemente, Ortega negoció el destierro de más de 200 presos políticos hacia Estados Unidos, a quienes ilegalmente se les despojó de la nacionalidad nicaragüense y se les inhabilitó políticamente de por vida. 

En Bolivia, la instrumentalización del sistema de justicia como arma contra la disidencia se evidencia con el caso de la expresidente Jeanine Áñez, perseguida y condenada a 10 años de prisión en el país sudamericano en un caso que ha sido criticado por Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea por no cumplir con el debido proceso. 

¿Hay similitudes en el caso de Trump?

Estados Unidos no es una autocracia como Venezuela o Cuba, donde no existe el estado de derecho o la separación de poderes, sin embargo, en las investigaciones contra Trump ciertamente hay condimentos que pueden explicar por qué 6 de cada 10 hispanos consideran que el caso está impulsado por una agenda política. 

Primeramente, el fiscal Alvin Bragg ha desenterrado un caso que, según The Wall Street Journal, "dista mucho de ser una apuesta segura". 

Este caso, relacionado a un supuesto pago ilegal realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, tiene como testigo estrella al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien habría pagado $130 mil a Daniels para que guarde silencio sobre una supuesta relación mantenida con Trump en 2016 en vísperas de las elecciones contra Hillary Clinton. 

Sin embargo, el testimonio de Cohen ante un gran jurado fue puesto en duda luego de que el Daily Mail revelara una carta del 2018 donde el exabogado de Trump afirma que ni el expresidente ni su campaña tuvieron relación con el pago a Daniels. 

"El predecesor del Sr. Bragg, Cyrus Vance Jr., y los fiscales federales rechazaron cada uno la acusación contra el Sr. Trump en un caso independiente relacionado con el dinero de silencio", se lee en el WSJ. "Si el caso va a juicio, una condena casi seguramente requeriría que un jurado diera crédito al testimonio del ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien ha enfrentado sus propios problemas legales y se declaró culpable de una serie de delitos federales en 2018. Entre ellos, un delito de financiación de campaña por el pago de la estrella porno, así como cargos por mentir a un banco y al Congreso". 

Además, Bragg es una figura polémica, pues su campaña para llegar al cargo de fiscal de Manhattan fue financiada por el magnate George Soros a través de un grupo de abogados que apoyó a candidatos a fiscales progresistas con el fin de reformar el sistema de justicia. 

Esta relación Bragg-Soros, que se vincula ideológicamente, genera que las principales voces del Partido Republicano pongan en duda la imparcialidad e integridad del fiscal de Manhattan con el caso Trump, dándole fuerza al argumento que la investigación está motivada políticamente. 

Asimismo, no es la primera vez que las investigaciones o acusaciones contra Trump dividen a la opinión pública. La redada del FBI contra el expresidente republicano por el caso de los documentos clasificados en 2022, por ejemplo, sirvió como motivo para que los aliados de Trump y los republicanos en general acusen al Departamento de Justicia de doble rasero, especialmente luego de que otros líderes, como el mismo presidente Joe Biden, hayan tenido documentos clasificados en sus residencias u oficinas y fueran tratados mucho más dócilmente por las autoridades. 

Después de todos estos antecedentes polémicos, la falsa trama rusa que desembocó en un fallido proceso de impeachment, las críticas contra el controvertido comité 6 de enero del Congreso y las dudas con respecto a la investigación del fiscal Bragg, es lógico que más del 60 % de los americanos (y los hispanos) crean que este es un caso motivado por una agenda política y no la búsqueda de la justicia.