La presidenta peruana Dina Boluarte tiene varias investigaciones en curso. Una de ellas la relaciona con la muerte violenta de decenas de manifestantes durante las protestas contra su gobierno el año pasado; otra, por enriquecimiento ilícito y por no declarar las costosas joyas y relojes que según ella le prestaron; y una más por encubrimiento y contra la administración de la justicia por la desactivación del equipo de policías que apoyaba a los fiscales anticorrupción que la investigan.
Todo esto en casi un año y medio en el poder, al que llegó de forma circunstancial.
Boluarte era vicepresidenta de Pedro Castillo, actualmente preso por tratar de disolver el Congreso e instalar un “gobierno de excepción” en diciembre de 2022, y también era su ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
De hecho, tiene otra investigación de esa época por presunto lavado de activos ante el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del Partido Perú Libre, del que era militante junto a Castillo.
Según un sondeo de IPSOS de abril, un 8 % de peruanos aprueba su gestión y un 85 % considera que está involucrada en casos de corrupción. El domingo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que la aprobación de Boluarte cayó a un 5 % en mayo, registrando el punto más bajo en toda su gestión.
Para analistas, si la presidenta Boluarte se mantiene en el cargo es porque tiene el blindaje de grupos con intereses propios, además, expresan su preocupación por el deterioro de la democracia en el país y el Estado de derecho.
“Hay un pacto que sostiene este gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo que es muy precario y en el cual el Ejecutivo tiene muy poco poder de negociación, por lo tanto está muy a merced del Congreso. La única forma de sostenerse en el poder es quedándose juntos y en eso están», dijo a la Voz de América, Carolina Trivelli, economista e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
La experta ve poco posible que se rompa ese pacto y si sucede «será por el lado más débil que es el Ejecutivo, y la presidenta que depende del Congreso”, afirmó tras considerar que esta especie de “matrimonio de conveniencia» le permite al Congreso seguir y cumplir con su agenda propia, incluyendo cambios a la Constitución sin mayor debate, y tener mayor injerencia en los procesos electorales.
«Tenemos creciente participación de actividades ilegales en penetración de la vida política. Narcotráfico, minería ilegal, alentados por los altos precios hay minería ilegal de cobre y oro, tala ilegal, negocios diversos ilegales, extorsión», dijo.
«Y eso es muy peligroso. Cuando has perdido las formas, la ideología, las coaliciones y priman los intereses individuales, el voto se convierte en moneda de cambio. Es mucho más fácil la penetración de estas fuerzas ilegales en la política y en las decisiones», sostuvo.
¿Blindaje a Boluarte?
Boluarte ha enfrentado siete intentos de destitución en sus 17 meses de gestión, que no salieron adelante al contar con el apoyo de una coalición de grupos políticos de derecha e izquierda en el Parlamento.
El pasado 17 de mayo, el Congreso rechazó tres pedidos para destituir a Boluarte del cargo por incapacidad moral, y una semana después su Gobierno presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial y la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional “por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República”, es decir, según juristas consultados, para frenar las denuncias en su contra.
Este lunes, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso por enriquecimiento ilícito en el caso de los relojes de lujo.
Boluarte no conversa con los periodistas desde comienzos del mes de abril. Sus actividades oficiales ahora son acotadas ante reclamos que espontáneamente hacen los que pueden acceder a los eventos convocados algunas veces con sigilo.
Meses atrás la zarandearon y le jalaron el cabello. Recientemente ha estado haciendo ajustes en su equipo comunicacional, de asesores cercanos y de ministros.
El Ministerio del Interior ha sido el despacho más inestable del gobierno de Boluarte, con seis ministros ya, en medio de un aumento de la delincuencia, de las extorsiones y los secuestros. El último ministro renunció tras el desmantelamiento del equipo policial que indagaba posibles delitos del entorno de la mandataria, incluyendo su hermano y su abogado.
El hecho que el gobierno genere escándalos, distrayendo la atención de la opinión pública, despeja el camino al Congreso para que siga haciendo cambios a los marcos regulatorios y normativos, afirmó Trivelli. Si Boluarte cae, “no le conviene al Congreso porque tendría que convocar a elecciones anticipadas. Para qué perderían eso cuando ahora tienen el control y tienen una agenda en marcha que están aprobando», afirmó.
Y entre uno de los escándalos más recientes se encuentra una denuncia periodística que asegura que la mandataria se ausentó de sus funciones el año pasado por varios días para hacerse unos retoques faciales, pero el gobierno, que evitó confirmar o negar la intervención quirúrgica, negó que Boluarte haya dejado un vacío de poder porque sostuvo que la mandataria estuvo firmando decretos. No se inició investigación alguna desde el Congreso o la Fiscalía.
Preocupación y lo que viene
“No he visto ningún país en toda la región en el que la democracia y el Estado de derecho se estén deteriorando más rápidamente que en Perú”, dijo a la VOA Will Freeman, experto en estudios sobre América Latina.
“Claro, no estoy diciendo que la democracia esté rota en Perú, por supuesto que no. Perú no es Nicaragua, no es El Salvador, lo que sucede es que el retroceso de la democracia está sucediendo muy rápido”.
Para el experto hay tres aspectos fundamentales para evaluar si hay un deterioro de la democracia en un país: Un poder judicial independiente equipado para responsabilizar a legisladores y presidentes, un sistema en que los cambios a la Constitución y en la forma de gobierno vengan con el consentimiento popular y la gente pueda opinar, y que las elecciones sean supervisadas por árbitros neutrales.
“Y en cada una de esas dimensiones creo que hemos visto un enorme retroceso en el perú en el último año”, dijo. “Tengo la percepción que existe una inmensa fatiga y confusión alrededor de lo que sucede en Perú. Confusa porque no hay un solo presidente que con certeza concentre el poder. Hay una coalición autocrática del Congreso que está desgastando las salvaguardias de la democracia y las condiciones para elecciones libres y justas”, agregó.
La presidenta Boluarte está segura de que terminará su período de gobierno el 2026, año en el que habrá elecciones, a las que se presentarían unos 25 ó 30 candidatos, según auguran los expertos. Ello haría que los problemas de gobernabilidad del país se mantengan, con baja representatividad y obligando a quien se convierta en mandatario a negociar con un Congreso muy atomizado.
«Pesará más la transaccionalidad de tu voto que tu visión país», afirmó Trivelli.
Por su parte, Freeman consideró que ante una potencial mayor inestabilidad política, la OEA y la comunidad internacional deberían incrementar su atención en Perú y presionar contra un retroceso de la democracia en el país sudamericano.
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