La garantía de los derechos de la niñez sigue sin ser un tema prioritario en las agendas de gran parte de los candidatos a las alcaldías y gobernaciones de estas elecciones. Así lo señala la coalición de 200 organizaciones NiñezYa, que luego de analizar 58 programas de gobierno encontró que el 43,10 por ciento tienen una baja inclusión de estrategias dirigidas a esta población.
La clasificación se hizo teniendo como base la integración de los 10 puntos por los que aboga la colectividad: salud y nutrición, educación inicial, educación base y media, ambiente sano, juego, participación, fortalecimiento familiar, protección contra todo tipo de violencia, adolescentes en conflicto con la ley y cultura de paz.
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Según el informe, además, el 43,10 por ciento de las y los candidatos se ubicó en el nivel deficiente por la baja inclusión de estos asuntos; 29,31 por ciento se ubicó en nivel aceptable; 24,14 por ciento, en sobresaliente, y 3,45 por ciento, en excelente.
Para Ángela Constanza Jerez, coordinadora nacional de NiñezYA, es importante que estos temas sean incluidos teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, el recrudecimiento del conflicto armado, la migración y la crisis climática que han afectado de manera severa a niñas, niños y adolescentes del país.
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“Por ejemplo, entre 2018 y octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió 186 alertas por reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños. La mayoría de los casos estuvo relacionada con economías ilegales: narcotráfico, contrabando, minería ilegal y préstamos gota a gota y en 2022, se registraron 23 ataques y ocupaciones a escuelas, hospitales y otros bienes civiles. A eso se agrega que en el país habitan 2,89 millones de venezolanos que requieren atención, especialmente la población menor de edad”, explica.
Ahora bien, el colectivo enfatizó en una problemática que hizo difícil el sondeo: la no disponibilidad de programas publicados por candidatos. “Aunque el artículo 3 de la Ley 131 de 1994 señala que los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben someter a consideración de la ciudadanía un programa de gobierno, que es parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales y que debe ser publicado, en la práctica esto no sucede”, señalaron.
Entre 2018 y octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió 186 alertas por reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños
Por eso, aunque la muestra inicial correspondía a 128 candidatos y candidatas (dos por ciudad capital y dos por departamento con mayor intención de voto en las encuestas), este incumplimiento de las campañas hizo que se evaluaran 26 candidaturas a alcaldías y 32 a la gobernación, lo que representó el 14,26 y 23,19 por ciento de ese total de candidatos y candidatas inscritos.
Los departamentos analizados fueron Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Por su parte, se revisaron programas de candidatos de 15 ciudades capitales. Estas fueron Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Sincelejo, Valledupar, Tunja y Florencia.
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En diálogo con este diario, Jerez hizo un llamado a las campañas para que, primero, se cumpla con el requisito de hacer público el programa de gobierno y en segundo lugar, se planifique la garantía de derechos de la niñez, pues las consecuencias pueden ser enormes para los menores y para el país en general.
“Como lo ha señalado la ciencia, el desarrollo del cerebro en los primeros seis años de vida ocurre como nunca. En esa etapa se da la gran mayoría de las conexiones neuronales, que son el piso, los cimientos de ese ser para desarrollar habilidades, para aprender; así que lo que se deje de hacer en ese momento ya no se podrá recuperar. Cada individuo aporta al desarrollo de Colombia y hay que planear dicho desarrollo desde la gestación de la persona”, expuso.
El informe destaca las pocas acciones que estipulan las campañas para lograr que los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) tengan justicia restaurativa y pedagógica para prevenir la delincuencia juvenil. Según los datos del estudio, solo el 34,48 por ciento de las y los candidatos mencionaron estrategias para garantizar esto. A agosto de 2022, según cifras del ICBF, 533 adolescentes y jóvenes se encontraban en centros de internamiento preventivo; 1.864, en centros de atención especializada; 1.853, en libertad vigilada asistida; 645, en internación en medio semicerrado; 167, en prestación de servicios a la comunidad y 1, en detención domiciliaria.
En cuanto a la priorización de la salud y la nutrición, el ciento por ciento candidatos incluyeron este derecho, aunque no todos con la misma profundidad.
“Los mayores compromisos están en torno a programas dirigidos a madres gestantes para reducir las tasas de bajo peso al nacer y a las adolescentes para disminuir el embarazo no deseado, dos indicadores que preocupan por las implicaciones que tienen para la madre y el bebé”, dice el documento.
JUAN PABLO PENAGOS
Redacción Política
