Este lunes, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1085 de 2023, con el cual se declaró la emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Como la acción fue sobre el texto que declarara el estado de excepción mismo, esto significa que todos los decretos en el marco de esta declaratoria quedan sin sustento jurídico.
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Luego de este anuncio, el presidente Petro se refirió en su cuenta de X a la decisión de la Corte y reconoció que falló en su «llamado a una juridicidad para la crisis climática».
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«Se de muchas voces gritando por allí ‘tumben la emergencia de la Guajira para que no le den tanto poder a Petro’ qué triste, como si en la crisis climática pudieran aumentar los poderes del ser humano. Lo que aumenta es el poder de la naturaleza, que es impredecible y el poder de la muerte», dijo el primer mandatario.
Se de muchas voces gritando por alli » tumben la emergencia de la Guajira para que no le den tanto poder a Petro» qué triste, como si en la crisis climática pudieran aumentar los poderes del ser humano. Lo que aumenta es el poder de la naturaleza, que es impredecible y el poder…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2023
Hay que recordar que la Corte hizo la salvedad de que aquellos relacionados con el servicio de agua potable y saneamiento básico tendrán un año de vigencia, que cuenta desde que se emitió la emergencia económica y social, el 2 de julio de 2023.
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La decisión de la Corte, además de ser un duro golpe al Presidente, que tuvo como una de sus grandes apuestas la emergencia, también deja el balón en el terreno del Congreso. El alto tribunal fue claro en el comunicado que debe ser la vía legislativa por la que se deben tramitar los planes que tiene el primer mandatario sobre La Guajira.
¿Qué dice la Corte?
“Exhortar al Gobierno y al Congreso para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, reza el comunicado del alto tribunal.
En ese mismo texto, la Corte extendió ese pedido a que se “fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden”.
Además de lo dicho por el tribunal, exmagistrados, como Alfredo Beltrán, compartieron la tesis de que la última palabra la tiene el Congreso. Este recordó que la Constitución le da la potestad al Congreso para modificar o prolongar los efectos de los decretos con fuerza de ley en el marco de una emergencia económica y social.
En este caso, los únicos decretos que siguen en vigencia son los relacionados con el tema de agua potable y saneamiento. Por eso, en este periodo de año de gracia que dio el tribunal al Gobierno, se puede tramitar un proyecto que deje en firme los textos antes del 2 de julio de 2024.
REDACCIÓN POLÍTICA
