El presidente Joe Biden propuso una nueva regulación para acelerar el proceso de solicitudes de asilo para migrantes específicos en la frontera entre Estados Unidos y México, pero el plan generó objeciones tanto de defensores de los inmigrantes como de críticos de la administración.
La orden, emitida el jueves, estaría dirigida a personas con antecedentes criminales y a aquellos que probablemente no sean elegibles para recibir asilo por otras razones.
El cambio propuesto permitiría a un oficial de asilo decidir si alguien califica para asilo durante el control inicial en la frontera, en lugar de esperar meses o años a que un juez decida. Esto afectaría a un pequeño grupo de inmigrantes que probablemente no calificarían para asilo de todos modos.
En una llamada con periodistas el jueves, un alto funcionario administrativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no pudo estimar a cuántas personas afectaría la norma propuesta, pero sí dijo que permitiría a los funcionarios de asilo decidir rápidamente si un migrante determinado representa una amenaza para la seguridad nacional. seguridad o seguridad pública y por lo tanto no califica para asilo.
“Creo que es importante que todos entiendan que esto realmente sólo se aplica a personas que tienen antecedentes penales graves o que están, ya sabes, vinculados a actividades terroristas, y eso es inherentemente una pequeña fracción de las personas que encontramos o entrevistamos en un momento determinado. día”, dijo el funcionario del DHS.
Según la ley federal, las personas que se consideran peligrosas para la seguridad nacional o pública no pueden recibir asilo. Esto incluye a aquellos que han cometido delitos graves, han ayudado a perseguir a otros o son una amenaza para la seguridad del país.
Actualmente, estas personas están detenidas mientras se determina su elegibilidad para asilo. Pero la regla propuesta permite a los funcionarios de asilo tomar esa determinación durante la entrevista de temor creíble, en una etapa más temprana del proceso de inmigración.
La regla se publicará el lunes y se aceptarán comentarios durante 30 días. Los funcionarios de inmigración esperan que la norma final se emita este año.
Reacciones
Los defensores de la inmigración temen que los viajeros, que a menudo se someten a estas entrevistas justo después de viajes peligrosos a Estados Unidos, no tengan una oportunidad justa.
Argumentan que las entrevistas iniciales deberían ser más indulgentes para evitar deportaciones injustas. También cuestionan si los inmigrantes bajo custodia pueden obtener suficiente asistencia legal para prepararse para este paso crucial en la búsqueda de asilo.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, del estado de Tennessee, objetó más tarde el jueves que la propuesta de la administración no va lo suficientemente lejos.
«La regla propuesta sólo se aplicará a los extranjeros ilegales que se cree que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública», dijo Green. «La norma no afectará ni reducirá los millones de solicitudes de asilo ilegítimas presentadas por inmigrantes económicos».
La administración Biden se encuentra entre “la espada y la pared”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell, en un correo electrónico a la VOA.
«Pero el público exige cambios en materia de inmigración. La administración Biden parece condenada si intenta hacer algo para resolver la crisis fronteriza y condenada si no lo hace», escribió.
Un fuerte aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México ha presentado una crisis política para Biden desde el comienzo de su administración. Muchos inmigrantes vienen a Estados Unidos en busca de mejores perspectivas económicas o para escapar de la violencia.
La administración Biden introdujo estrictas medidas de asilo en 2023 y está tratando de abordar las causas de la migración.
Biden pidió a la vicepresidenta Kamala Harris que encabezara una estrategia de «causas fundamentales» al comienzo de su presidencia, apostando fuertemente por el uso de inversiones estadounidenses para mejorar las condiciones de vida en tres naciones centroamericanas conocidas como el Triángulo Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala.
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