La presentación de un informe sobre los candidatos para las elecciones regionales de octubre que celebraron contratos con entidades públicas en el último año y que, según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, podrían estar inhabilitados, desató una nueva tormenta política en el seno del Gobierno y puso en el centro de la conversación pública a Andrés Idárraga Franco, principal responsable de ese despacho.
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Según el documento, presentado a menos de dos semanas de elecciones y en medio de cuestionamientos por la supuesta injerencia del gobierno Petro en la campaña a través de eventos como ‘Gobierno con el pueblo’ -también denominada ‘Toma de Bogotá’-, 553 aspirantes a alcaldías y concejos municipales habrían celebrado contratos por más de 62.000 millones de pesos en el periodo inhabilitante.
Si bien el funcionario señaló que esta información fue remitida al Consejo Nacional Electoral, la forma en que fue presentado el informe -a través de una transmisión en vivo y mencionando directamente a candidatos de los partidos- generaron varios interrogantes y críticas por parte de las colectividades.
Pero, en medio de la coyuntura, no son pocas las voces que se preguntan quién es Andrés Idárraga y qué papel juego dentro de la administración Petro.
Idárraga, abogado de la Universidad Libre y con una maestría en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella, tiene una larga trayectoria en el sector público. Trabajó como contratista en las secretarías de Gobierno, Hábitat y Salud durante la alcaldía de Gustavo Petro y como asesor jurídico en el sector privado.
Asimismo, fue director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno en la actual administración de Claudia López en 2021, cargo del que salió, según se supo en su momento, por diferencias con la mandataria local por temas como el manejo de las protestas y la intervención de la Fuerza Pública.
Según Idárraga, hay 526 candidatos a concejos que podrían estar en una inhabilidad.
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En septiembre del año pasado, un mes después de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, Idárraga fue nombrado como secretario de Transparencia.
Durante sus primeros meses en el cargo hizo denuncias que no tuvieron gran repercusión. Por ejemplo, durante una visita a Cartago, Valle, en noviembre, denunció presuntas irregularidades en la contratación de ese municipio.
De igual forma, hace unas semanas alertó sobre posible detrimento patrimonial del anterior gobierno por más de 3.000 millones de pesos en la adquisición de medicamentos contra la malaria, asunto que generó una férrea defensa por parte del expresidente Iván Duque a favor del exministro de Salud, Fernando Ruiz
“Debido a su oposición a la desastrosa reforma a la salud que ha propuesto el gobierno, para volver a las épocas del Seguro Social, lo persiguen y acusan por comprar medicamentos en momentos de grandes volatilidades internacionales de precio», dijo el exmandatario.
Idárraga también ha sido blanco de amenazas. «He puesto en conocimiento de @FiscaliaCol las amenazas de muerte recibidas anoche y pido, a la mayor brevedad, llegar a los autores de las mismas. Pese a ellas, desde @STransparencia seguiré liderando la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, venga de dónde venga», dijo el pasado 17 de abril.
Las críticas al informe
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Ministerio del Interior
El primero en desmarcarse del informe fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien en la plenaria del Senado de este martes aseguró que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de determinar si un candidato puede o no participar en las elecciones.
«La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos, el camino más lógico por el que debemos transitar es el de llevar esa opinión, respetuosamente, ante el Consejo Nacional Electoral», dijo Velasco.
Hubo críticas más punzantes desde los partidos políticos. En primer lugar, movimientos como el Centro Democrático y el Conservador negaron las acusaciones y lo calificaron como “inexacto y tendencioso”. De otro lado, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, le pidió que el Gobierno aclare «las facultades de policía política que está ejerciendo contra casi todos los partidos”
“¿Por qué están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector. ¿Con qué artículo de la Constitución se atribuyó las facultades de usurpar a la Fiscalía, la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral», dijo Lozano en la plenaria.
(Lea también: Gobierno señala a exministro de Salud Fernando Ruiz por comprar medicamentos en exceso).
El funcionario explicó que la información se sacó al cruzar dos bases de datos: los registros de contratación estatal de SECOP II y los candidatos inscritos para las elecciones.
No es la primera polémica
No es el primer informe presentado por este despacho que genera polémica. El pasado 17 de julio, Idárraga Franco dio a conocer un documento al que denominó ‘el mapa de la impunidad’, y en el que desde el Gobierno aseguraban que de las 57.582 denuncias de corrupción realizadas ante entes judiciales y de control durante los últimos 13 años, en el 94 por ciento de los casos no hubo sanción.
En aquel momento, distintos sectores cuestionaron su idoneidad y hasta pusieron en duda su metodología. Las reservas llegaron, incluso, desde el mismo gobierno: fue la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, la primera en cuestionar el documento.
Zamora recordó que estuvo encargada de la Fiscalía en marzo de 2012 y pidió a Idarraga que revele las presuntas omisiones que se habrían cometido en ese tiempo. “Espero su respuesta porque no se atenta contra el buen nombre”, dijo.
(Siga leyendo: Presidencia dice que hay un 94 % de impunidad en denuncias de corrupción: informe).
Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad. Tomó caprichosamente de 2010 a 2013 sin explicación alguna; compara denuncias del SPOA vs sentencias condenatorias; mezcla capturas con sentencias; jueces con fiscales; llama a los ex fiscales cómplices. Ligereza o mala fe?
— Martha Lucía Zamora Ávila (@maluzamora60) July 18, 2023
En otro trino, la funcionaria amplió su posición: “Qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad. Tomó caprichosamente de 2010 a 2013 sin explicación alguna; compara denuncias del SPOA vs. sentencias condenatorias; mezcla capturas con sentencias; jueces con fiscales; llama a los exfiscales cómplices. ¿Ligereza o mala fe?”, aseguró Zamora.
También hubo críticas por parte del fiscal Francisco Barbosa, quien en su momento dijo que el informe comete el error de no entender que existen las fases de investigación, que depende de la Fiscalía, y la de decisiones, que depende de los jueces.
“Él ni siquiera lee lo que nosotros producimos. Están en una dinámica de querer golpear la justicia desde distintos flancos”, dijo Barbosa sobre el informe en entrevista con Blu Radio.
REDACCIÓN POLÍTICA
