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Ribera anuncia una reunión con Moreno en el tiempo de descuento para aprobar la ley de Doñana

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Sevilla

Act. a las 22:06

CEST


La vicepresidenta Teresa Ribera acude a Sevilla para reunirse con el presidente Juan Manuel Moreno a una semana de que la reforma legal de PP y Vox vea la luz en el Parlamento andaluz

Seis meses después de que la proposición de ley de PP y Vox, que autoriza nuevas hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, iniciara su tramitación en el Parlamento andaluz y ya en plena cuenta atrás para su aprobación, prevista la próxima semana, Gobierno y Junta van a sentarse cara a cara. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se sentará con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en Sevilla este martes por la tarde, tras meses de advertencias y reproches mutuos a través de los medios de comunicación. Así lo ha comunicado el Gobierno en la agenda oficial enviada por Moncloa. A la cita acudirá el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), Joan Groizard, informaron fuentes del Ministerio. Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron que «hay pendiente una reunión para ver temas ordinarios» entre el presidente andaluz y la vicepresidenta, aunque no está convocada en la agenda de la Junta. «Si hay algo que convocar, mañana convocaremos», aseguraron desde el equipo de Moreno.

La cita tiene lugar cuando desde el PP aseguran que no pueden dar marcha atrás en la proposición de ley de Doñana sin cumplir con el compromiso adquirido con los agricultores de Huelva, que se beneficiarán de la ampliación del suelo de regadío. El Ministerio ya anunció que, si se aprueba la proposición de ley, acudirá al Tribunal Constitucional y pedirá la suspensión cautelar de la norma, en un recurso que denunciará la invasión de competencias, al contar con unos derechos de agua que son competencia exclusiva del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Hasta el momento, el diálogo entre el Gobierno y la Junta ha sido imposible. La vicepresidenta Ribera denunció públicamente que se había sentido “engañada” por el presidente andaluz, que le aseguró, según la versión de la ministra, que no volverían a registrar la proposición de ley para ampliar el regadío en Doñana y que decayó por la convocatoria de elecciones autonómicas, en mayo de 2023. El compromiso de la Junta, según el Ministerio, era abrir un diálogo. De hecho, aseguran que semanas más tarde, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, en una reunión con el secretario de Estado Hugo Morán, ratificó esa apuesta por el diálogo. La reunión fue el 27 de febrero de 2023 y la proposición de ley se registró el 3 de marzo, bajo la presión de Vox, que ya tenía su propia iniciativa en marcha. El diálogo saltó por los aires y los puentes han estado dinamitados hasta la fecha.

El presidente andaluz ha reiterado en numerosas ocasiones que su mano estaba tendida para el diálogo y para dar una salida a los agricultores de los municipios de Almonte, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado y Lucena del Puerto, que se vieron afectados por el plan de ordenación de la fresa que, tras una década de enfrentamientos, logró aprobarse por parte de la Junta en 2014. Desde entonces, muchos de los perjudicados, que vieron cómo parte de sus fincas se declaraban de secano o suelo forestal, han estado peleando sin éxito en los tribunales de justicia. Entonces se legalizaron 11.000 hectáreas para la agricultura intensiva y se declararon no aptas 1.600 hectáreas. De esas, unas 750 hectáreas son las que ahora podrían ser susceptibles de volver a ser de regadío, una vez que la norma andaluza entre en vigor.

Retirar la ley

La vicepresidenta Ribera ha puesto como condición para abrir un diálogo con la Junta que se retirara la proposición de ley. La ministra para la Transición Ecológica esgrimía que su Gobierno ante la Comisión Europea no podía dar amparo a esa reforma legal y que sentarse a negociar, mientras estaba en tramitación en el Parlamento andaluz, podía malinterpretarse desde Bruselas. La Comisión Europea, a través del comisario de Medio Ambiente, avisó de que esa ampliación del regadío podría suponer multas y sanciones inmediatas por incumplimiento de la sentencia de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reclamaba medidas urgentes para frenar la extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. Parte de la responsabilidad de que se esté esquilmando ese acuífero, corazón de la reserva natural más importante de Europa, está en los pozos ilegales de agricultores que se dedican al cultivo de frutos rojos. El precintado de esos pozos es competencia del Gobierno de la nación.

Según la información a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, algunas de las empresas que se podrían ver beneficiadas por la ampliación del suelo de regadío en estos municipios onubenses tienen expedientes sancionadores por captación ilegal de aguas subterráneas en la corona norte de Doñana.

Entre las salidas que se han barajado para los agricultores que se vieron parte de sus suelos declarados de secano en 2014 ha estado la compra de terrenos o la permuta de suelos. El Gobierno dispuso en su plan para el Parque Natural una partida presupuestaria de 100 millones de euros para comprar fincas y derechos de regadío a los agricultores, como una vía para aliviar la presión sobre la reserva natural en un momento de pertinaz sequía. Según la tabla de precios actualizada de la Consejería andaluza de Agricultura, en esa zona los suelos que se recalifiquen de secano a regadío pasarán a multiplicar por diez su valor. El Ministerio ha insistido en estos meses en que no podría en ningún caso beneficiar a los agricultores que hayan incumplido la ley y hayan sido sancionados por pinchar el subsuelo de forma ilegal para obtener agua.

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